El gobierno argentino presentó, a última hora del viernes ante la Corte de Nueva York, el escrito en el cual rechaza las pretensiones de los fondos buitre sobre el cobro de bonos en default y ofrece, como alternativa, “hacer una vez más una propuesta al Congreso para darle definitivamente fin al litigio, a través de un tratamiento equitativo a los demandantes, en los mismos términos de la de los participantes de la oferta de canje de la República del año 2010”. Además de la presentación argentina, ante la Corte de Nueva York se manifestó el respaldo al país de parte del gobierno de Estados Unidos, el Bank of New York Mellon, el grupo de bonistas conocido como Gramercy, Fintech (grupo mexicano tenedor de bonos) y otros dos bonistas individuales.

El extenso escrito presentado por el estudio de abogados que representa a la Argentina describe en la presentación de sus argumentos el notable impacto que el fallo del juez Thomas Griesa, y la posterior ratificación de la Corte de Apelaciones a favor de la demanda de los fondos buitre, provocó en el mundo de las finanzas y, en particular, en los medios y entidades vinculadas con las negociaciones de deudas soberanas. “La primacía de la Ley de Nueva York sobre los instrumentos de deuda quedó en controversia”, señala Argentina en su presentación.

Para sostener ese planteo, los patrocinantes de la República Argentina sostienen que dichos fallos (que ordenan el pago a los fondos buitre del total demandado, en la misma fecha en que Argentina debía cumplir sus compromisos con los bonistas que ingresaron al canje de 2010), “se aparta de los principios legales generalmente aceptados” y de las normas vigentes en Estados Unidos. En su fallo, el juez Griesa “resuelve disponer de los fondos que corresponden a los bonistas (depositados en el Bank of N.Y.M.), que son inmunes a ejecución o embargo, para que se apliquen al pago de los demandantes (fondos buitre N. M. L. y Aurelius)”. De esta forma, no sólo castiga a “terceros no demandados”, resuelve sobre fondos que, depositados en el banco intermediario, ya no pertenecen a la Argentina, sino a los acreedores, sino que, como alternativa, estaría “obligando al Poder Ejecutivo o el Legislativo argentino a apropiarse de recursos previstos para otro fin, con el objeto de pagarles a los demandantes. No hay antecedentes en la jurisprudencia de Estados Unidos para una orden judicial tan extraordinaria impuesta a un Estado extranjero”, concluye.

Y es en el punto siguiente del “resumen de los argumentos” que expone el escrito, donde Argentina deja sentada su propuesta de reapertura del canje. “El fallo que ordena el pago total es groseramente desproporcionado con la violación contractual a la que se proclama reparar. Al condicionar cualquier pago en particular proveniente de la reestructuración de la deuda argentina al pago pleno a los demandantes (los fondos buitre) por los títulos en default, el fallo no repara los derechos de estos últimos, sino que gratifica especialmente (la tenencia de bonos) comprados a precios por debajo del de créditos incobrables. Una fórmula de pago a prorrata, que considere a los demandantes y otros en su misma situación, en los mismos términos que los participantes en el canje de la República Argentina del año 2010, sería una solución (remedy) consistente con un tratamiento igualitario y con las leyes y prácticas públicas de la República Argentina, que el Ejecutivo podría una vez más presentar al Congreso.”

Recuerda de inmediato el escrito presentado a la Corte de Apelaciones de Nueva York que “Argentina ya ha realizado dos ofertas de reestructuración de deuda, que los demandantes (fondos buitre) eligieron rechazar. No puede ahora considerarse una propuesta que trate a los acreedores holdouts en mejores condiciones que a los bonistas del canje, ni puede resolver una corte de Estados Unidos un fallo que obligue a cambiar o violar las leyes”.

En los párrafos siguientes, el escrito presentado por Argentina ante la Corte del segundo distrito de Nueva York plantea el perjuicio del fallo contra terceros. “La decisión del tribunal pasa por encima del derecho de numerosas terceras partes y sobre la integridad del sistema internacional de pagos”, describe. “Es improcedente que un tribunal restrinja (derechos) y resuelva sobre la propiedad de terceras partes que no tienen compromiso con los demandantes, que no son responsables de ningún modo de los hechos sobre los que se acciona y que son objeto del fallo.” Agrega la argumentación de la parte argentina que “en este caso, el fallo interfiere también con el sistema de pagos, de manera que viola claramente el artículo 4 A del Código de Comercio Unificado y contraviene leyes de Nueva York en cuanto interfiere en la propiedad de terceros no alcanzados por la demanda.”

Por último, los argumentos en contra del fallo del juez Thomas Griesa y su ratificación en la Corte de Apelaciones, es cuestionada en cuanto también “impacta sobre cualquier otra reestructuración de deuda soberana” que se plantee en el futuro. Por todo ello, reclama revertir y dejar sin efecto lo resuelto en el fallo del 21 de noviembre y “toda otra resolución asociada”. Firman la presentación los abogados Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman, por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.

Por separado, aunque en forma simultánea, llegaron a la Corte otras presentaciones de diversos grupos de bonistas que participaron del canje, al considerarse “terceras partes afectadas” por el fallo. El argumento que los unifica es que la resolución de Griesa a favor del cobro del total de la deuda reclamada por los fondos buitre, “infringe los derechos de propiedad de terceras partes inocentes, en violación de fundamentales principios de equidad”. En dos presentaciones colectivas, que agrupan cada una a numerosos grupos de bonistas, se solicita en coincidencia al escrito de la República Argentina revertir lo resuelto el 21 de noviembre a favor de los buitres.

Por último, la presentación del Bank of New York Mellon, entidad pagadora de los vencimientos a los bonistas adherentes al canje, reclama también dejar sin efecto aquella resolución judicial, en su caso considerando que la pretensión de orientar los recursos que recibe la entidad al pago a los fondos buitre no sólo es ilegal, sino que le impide al BNYM cumplir con “lo que precisamente está obligado a hacer”: ser el ente que facilite el pago de los compromisos argentinos en la plaza de Nueva York.