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La serie de TV está ambientada en Atlantic City, Nueva Jersey, durante los años de la Ley Seca, en los años ’20 del siglo pasado. Está basada en el libro Boardwalk Empire: the birth, high times and corruption of Atlantic City, de Nelson Johnson. Con una ambientación, vestuario y actuaciones notables, es un drama de época que exhibe la inmensa red de corrupción, delito y contrabando que provocó la Volstead Act, promulgada en 1919. Esa ley deriva de la 18ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos de 1917 que prohibía la venta, importación y fabricación de bebidas alcohólicas en todo el país. El efecto inmediato fue la expansión de organizaciones criminales dedicadas a la producción, importación y distribución de bebidas alcohólicas. Mafias que disputaban con mucha violencia el control del mercado, para lo cual construyeron una malla de protección integrada con políticos, policías, empresarios y funcionarios judiciales. En la práctica, con la prohibición, el Estado fue el impulsor del mercado ilegal con sus bandas criminales, y a la vez el encargado de combatirlas invirtiendo recursos millonarios en policías y en la Justicia, con parte de esos funcionarios siendo cómplices o socios de esa red delictiva. La Ley Seca fracasó en el frente social, económico y político para ser anulada finalmente en 1933. La venta de bebidas alcohólicas se legalizó, el Estado se dedicó a controlar esa actividad y a cobrar impuestos de la comercialización, y el consumo dejó de ser reprimido para ser tratada su adicción como un asunto de salud pública.

La historia vuelve a repetirse esta vez a escala global con la producción de la materia prima, elaboración y comercialización de drogas prohibidas por ley. La administración Nixon declaró la guerra contra nuevas y viejas drogas aprobando la Drug Abuse Prevention and Control Act de 1970, que prohibió una serie de drogas casi con las mismas razones enarboladas durante la Ley Seca. Esta persecución influyó en todos los demás países para que endurecieran las penas contra el comercio y consumo y para que se creasen brigadas específicas contra los estupefacientes. El gobierno de Nixon impulsó la redacción de la Convención Internacional de la ONU de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas.

En 1998, la Asamblea General de la ONU comprometió a sus países miembros a alcanzar un “mundo libre de drogas” y a “eliminar o reducir significativamente” la producción de opio, cocaína y cannabis. Postulados de buenas intenciones para aliviar el pánico moral que acompaña la prohibición, similares a los grupos de mujeres y asociaciones puritanas que combatían el consumo de bebidas alcohólicas durante la vigencia de la Ley Seca en Estados Unidos. De antemano se sabe que es una promesa que no se puede cumplir.

El debate sobre el narcotráfico que ha adquirido mayor intensidad a partir de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia es incompleto si sólo queda concentrado en la corrupción de las fuerzas de seguridad, en la expansión de las organizaciones delictivas, en la demanda de mayores recursos humanos y monetarios para el Poder Judicial, en la exigencia de leyes demagógicas más represivas (derribar aviones) o en el combate del lavado de dinero proveniente de esa actividad.

El aspecto económico debe ser incorporado en la evaluación, puesto que es esencial para entender la dinámica de ese mercado ilegal. No se trata de la presentación de estimaciones millonarias de un negocio ilegal (sin referencias claras, la ONU calcula de unos 500 mil millones de dólares anuales), sino de entender cómo funcionan las leyes económicas, lo que permitiría una comprensión y acción más abarcadora. No es un tema moral acerca de cómo a las personas les gustaría que funcionase el mundo, sino de saber las características de la economía de la droga. Sectores conservadores del pensamiento económico han ofrecido los argumentos más contundentes sobre los beneficios de la legalización de la actividad vinculada con la producción y comercialización de drogas prohibidas. Uno de ellos es el Premio Nobel Milton Friedman, máximo referente del monetarismo, fallecido en 2006.

Si se evalúa la guerra contra las drogas, con el gobierno de Estados Unidos como líder del comando mundial, el saldo es negativo. Friedman explicaba que desde un punto de vista puramente económico, la prohibición por parte del Estado termina siendo una protección del mercado a los diferentes carteles de las drogas. Este beneficio surge porque en la comercialización de la mayoría de otros productos existen varias empresas y, dependiendo la actividad y la exigencia de capital, cualquiera puede ingresar en el negocio. Pero en uno declarado ilegal y combatido por fuerzas de seguridad sólo pueden participar bandas que tienen suficiente dinero para flotas de aviones y métodos sofisticados de traslado de la mercadería (un operativo reciente interceptó un cargamento en un submarino). El precio de una sustancia ilegal está determinado más por el costo de su distribución que por el de su producción. El de la cocaína aumenta más de cien veces entre el cultivo de coca y el consumidor. El Estado al perseguir a los encargados del cultivo de la materia prima o al realizar operaciones de decomiso de drogas ilegales mantiene además elevado el precio de la cocaína y la marihuana. Menos productos, o sea restricción de la oferta, con una demanda sostenida, aumenta el precio. Friedman sentenciaba: “¿Qué más querría un monopolista? Tiene un gobierno que se lo pone muy difícil a todos sus competidores y mantiene alto el precio de sus productos. Es como estar en el cielo. Ahora ocurre lo mismo que bajo la prohibición del alcohol”.

Friedman afirmaba que “legalizaría las drogas sometiéndolas exactamente a las mismas normas que existen hoy día para el alcohol y el tabaco. El consumo de alcohol y tabaco causa más muertes que el de las drogas, con mucho, pero muchas menos víctimas inocentes. Y las principales víctimas inocentes, en esos casos, son los muertos por conductores borrachos. Y tenemos que hacer cumplir la ley contra conducir bebidas, igual que tenemos que hacer cumplir la ley contra la conducción bajo la influencia de la marihuana, la cocaína o cualquier otra droga. Pero trataría, al menos como primera medida, a las drogas exactamente de la misma forma que ahora tratamos al alcohol y al tabaco, nada más”.

Un artículo publicado en 2009 en la revista conservadora The Economist, “How to stop the drug wars. Prohibition has failed; legalisation is the least bad solution” (www.economist.com/node/13237193), propone que la legalización no sólo desplazaría a las mafias; también haría que las drogas pasaran de ser un problema de ley y orden a ser uno de salud pública. Los gobiernos podrían cobrar impuestos y regular el comercio de drogas, y usar los fondos recaudados (y los miles de millones ahorrados en uso de fuerza pública) para educar al público sobre los riesgos de consumir drogas y para tratar la adicción. No considera que sean buenas las drogas, sino que la legalización es la política menos mala. The Economist afirma que más que la represión, “desincentivar y tratar la adicción debería ser la prioridad de la política de drogas”.

En la sociedad existe el miedo basado en la presunción de que bajo un régimen de legalidad más personas usarían drogas. El reporte de la revista británica indica que esa consideración puede estar equivocada al señalar que “no hay correlación entre la severidad de las leyes sobre drogas y la incidencia del consumo; ciudadanos que viven en regímenes severos (Estados Unidos y Gran Bretaña) consumen más drogas, no menos”. Los recursos recaudados a través de impuestos y ahorrados en represión podrían garantizar tratamientos a los adictos y financiar amplias campañas contra el consumo. The Economist concluye que “el éxito de los países desarrollados en hacer que la gente deje de consumir tabaco, el cual está sujeto a impuestos y regulación, provee una base de esperanza”.

A veces las series de TV se parecen mucho a la realidad. En Boardwalk Empire quienes más se muestran inflexibles ante el narcotráfico son en realidad sus principales aliados al generar las condiciones para reservar ese millonario mercado a las mafias.

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