Las principales consultoras vinculadas con el comercio exterior de granos estiman que en el país se comercializan en negro 20 millones de toneladas de soja por año. El circuito de la “soja blue” comienza cuando un productor decide venderle en negro sus granos a una empresa fantasma o apócrifa (APOC, como las llaman en la AFIP) y finaliza cuando el grano es exportado. En el medio intervienen acopiadores, empresas de corretaje que se encargan de mediar entre el productor APOC y el exportador, y los transportistas. El circuito permanece usualmente en las sombras, pero una causa judicial que investiga la existencia de una asociación ilícita tributaria, impulsada por la Fiscalía Federal de Villa María, Córdoba, dejó al descubierto los mecanismos utilizados para comercializar soja de manera ilegal. La maniobra investigada incluyó productores apócrifos, acopios y compañías de corretaje, que movieron 1700 millones de pesos entre 2008 y 2012.

Página/12 accedió a las pruebas incorporadas en el expediente de 15 cuerpos que dan cuenta de todos los eslabones de la asociación ilícita denunciada. La causa se encuentra en plena puja judicial. Actualmente, el expediente está en Casación Penal, luego de que el juez de primera instancia, Roque Ramón Rebak, y la Cámara de Apelaciones, integrada por Ignacio María Velez Funes, José Vicente Muscará y Carlos Lascano (votó en disidencia) modificaran los criterios de investigación para las asociaciones ilícitas, en relación con fallos previos, y dictaran por ahora la falta de mérito para los 24 imputados, de los cuales dos están prófugos (ver aparte).

Tanto la AFIP como la Fiscalía explicaron en varios escritos que la maniobra concluía con la exportación de la soja nunca declarada. Las cerealeras que vendían al exterior el grano luego reclamaban el reintegro de un IVA que nunca ingresó al fisco. A través de la documentación analizada, los investigadores determinaron la sistematicidad de las operaciones de los distintos eslabones de la asociación ilícita con un grupo de exportadoras, de las que sobresalen Vicentin y Bunge (ver aparte).

La maniobra

Página/12 accedió a las cartas de porte (CP) de empresas apócrifas, movimientos bancarios, escuchas telefónicas y documentos con la información detallada de cada uno de los movimientos de la asociación ilícita que fueron utilizados por la Fiscalía, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), para reconstruir la trazabilidad de la maniobra de evasión, desde la primera compra en negro hasta que el mismo grano era exportado.

El delito comienza cuando las empresas fantasma o insolventes, según los registros de la AFIP, les compran el cereal a productores reales. Esta operación le permite evadir al productor real el pago del 10,5 por ciento de IVA correspondiente para estas transacciones. Luego de que la empresa APOC adquiere el grano, se activan los distintos mecanismos de la asociación ilícita.

“Hay dos etapas en la ruta del cereal. Primero debe producirse la compra en negro de los granos y hacer aparecer en los papeles a la empresa apócrifa como un operador de granos, sin tener campos propios, acopios, nada. En el momento en que imputan como propia la soja comprada en negro, comienza la operación de blanqueo. Al principio, las empresas investigadas vendían directo a las exportadoras, pero como se dieron cuenta de que la maniobra era muy burda, incluyeron intermediarios”, explicó a Página/12 la fiscal Virginia Miguel Carmona.

Detrás de las empresas apócrifas generalmente hay un “ideólogo” que se encarga de armar toda la cadena de comercialización ilegal. Es el que crea, mediante prestanombres, las distintas empresas APOC que intervienen en la maniobra. Para comprender la complejidad de la causa investigada, y el rol de las distintas empresas dentro de la asociación ilícita, hay que conocer en detalle cómo es la estructura del circuito comercial de cereales y oleaginosas.

La comercialización de cereales está gravada con una alícuota del 10,5 por ciento en concepto de IVA. Si la operación es efectuada en forma marginal y en consecuencia no es registrada, ni declarada ante la AFIP, el productor APOC, o el acopiador, no ingresa el monto del impuesto resultante. Es decir, la maniobra se concreta mediante la compra en negro para con posterioridad vender ese grano a exportadores, por intermedio de empresas de corretaje, que en la causa judicial analizada formarían parte de la misma asociación ilícita. En el momento de esa venta final, se emiten las respectivas liquidaciones de compra a nombre de las empresas APOC.

Los acopios son los que tienen a su nombre las cartas de porte, que es el documento que permite obtener la trazabilidad de los granos. Hasta ahora, éstos declaraban la cantidad de grano almacenado en sus instalaciones pero sin determinar a quién correspondía dicho grano. Además, nada les impedía tener más grano stockeado que el efectivamente declarado. Por eso la figura del acopiador resulta clave en la asociación ilícita, para “blanquear”, en los papeles, el grano adquirido en negro. Es decir, hacen aparecer en sus registros granos que no tienen u ocultan en los papeles granos adquiridos en negro.

Según la investigación de la Fiscalía, no sólo se lograba evadir el IVA sino también el Impuesto a las Ganancias, ya que la empresa de corretaje emitía una liquidación con el nombre de un contribuyente que si bien existe físicamente, resultaba ser insolvente. Generalmente, este insolvente formaba parte de la misma estructura de la asociación ilícita.

Asimismo, las liquidaciones apócrifas podían emitirse a la orden de personas físicas o jurídicas, constituidas legalmente, pero sin haber registrado operaciones comerciales con el comprador-vendedor. “Esta forma de operar estaba amparada por los sujetos que siguen en la cadena de comercialización del grano, llámense corredores, industriales o exportadores, quienes necesitan adquirir el producto blanqueado. Lo relevante de la investigación es que todos los componentes de la cadena de comercialización forman parte de la misma asociación ilícita. La documentación encontrada nos permitió determinar los roles y vínculos de cada uno de los imputados”, sostuvo Carmona.

Delitos de cuello blanco

El principal acusado es Fernando Luis Cuello. En los distintos allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba se encontró documentación que lo signaba como “ideólogo” de toda la maniobra. Una de las empresas APOC vinculadas con Cuello se llama Algeciras SA, integrada en los papeles por Félix Armando Cabral, Julio Omar González (2010-2011) y Rubén Omar Di Primio, Miguel Angel Ortega y Juan José Ros, desde 2011 en adelante.

En el allanamiento realizado en la calle Rodríguez Peña esquina Emilio Penna (Despeñaderos, provincia de Córdoba) fueron encontradas las cartas de porte a nombre de Algeciras SA. Según la CP del 20 de septiembre de 2011, esta empresa utilizaba a la corredora Compañía Agraria SA, integrada por Carlos Ubaldo Cuello, Diego Alberto Cuello y Gonzalo Alejandro Menéndez. Esta corredora aparece inscripta de manera legal, sin denuncias aparentes ante la AFIP. Sin embargo, es uno de los principales nexos entre las empresas apócrifas y el destino final del grano.

La misma operatoria se registra con cartas de porte de otra empresa APOC, de nombre FG Cereales (Jorge Ferrer y Sergio Luis Guevara). Para tener idea de la magnitud de la operatoria, en uno de los archivos secuestrados durante un allanamiento aparecen los cobros pendientes de Algeciras, vía Compañía Agraria SA, quien se encargaba de entregarles los granos a los exportadores (ver aparte): entre marzo de 2011 y 2012, se encontraron pagos pendientes por 68 millones de pesos.

De la investigación surge una segunda empresa de relevancia encargada de blanquear el cereal. Se llama Cercal SRL, antes Luis Farías e Hijos, integrada por Luis F. Farías, María F. Farías, Julio Daniel Luján y Pablo Martín Zotello. Luis Farías fue ministro de Agricultura de Córdoba durante el gobierno de Angeloz.

Para la Fiscalía, su rol en la organización fue “blanquear operaciones” de las empresas apócrifas Corretajes Group, vinculada con Cuello, y Produc Tan SRL, integrada por Néstor Rubén Beltrame, Marcelo Alberto Sbagzalis y Daniel Ramón Pelayes. Los últimos dos son accionistas de la empresa Sistemas y Control de Gestión SA, una compañía “pantalla” de Cuello, que aparece facturando servicios a las asociaciones apócrifas. Beltrame es actualmente concejal de Río Tercero por Unión por Córdoba, el sector que se encuadra detrás de José Manuel de la Sota.

Movimientos bancarios

Para no levantar sospechas, las operaciones de compraventa de soja con las exportadoras se hacían por contratos de entre 50 y 300 toneladas, de manera diaria. Lo que no resultaba muy discreto eran los movimientos bancarios de las empresas apócrifas. Por ejemplo, el 20 de septiembre de 2011, misma fecha que la carta de porte que se tomó como ejemplo en esta investigación, la empresa Algeciras retiró del Banco Nación, en efectivo, 1,9 millón de pesos. El 22 del mismo mes fueron 1,2 millón de pesos y el 26, 1,3 millón. El que retiraba el dinero era Rubén Omar Di Primio, hoy prófugo de la Justicia.

La información secuestrada en los allanamientos, sumada a los pedidos de levantamiento de secreto bancario, permitió determinar que la empresa Algeciras movió 543 millones de pesos desde 2008 hasta 2012. Por la compañía Cercal SRL pasaron 251 millones de pesos; FG Cereales movió 321 millones de pesos, y Corretajes Group, otros 195 millones.

De la operatoria también formaron parte las empresas Arbol Grande SA y Swetenson SA, vinculadas con Natalia de los Angeles Paulus, la mujer de Cuello. Ambas se dedicaban al transporte, “otro de los mecanismos de fuga de la soja adquirida ilegalmente”, según las hipótesis de investigación de la Fiscalía. Después estaban Graneros del Sur (Paulus), Boca del Río (Luis Farías) y Solfi SA (integrada por Cuello y Paulus).

Esta última estaba registrada como empresa transportista, pero la Fiscalía la investiga también por sus actividades como financista, bajo la carátula de posible lavado de dinero. A partir de los movimientos bancarios de todas estas compañías se determinó que el comercio de la soja ilegal de los integrantes de la asociación ilícita implicó una suma de 1700 millones de pesos.