La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó multas por 221,7 millones de pesos a un conjunto de sujetos obligados, como bancos, joyerías, escribanías, sociedades de Bolsa y aseguradoras, por no reportar operaciones financieras sospechosas durante el período 2010-2013, según el último informe que publicó el organismo. Sin embargo, de ese total sólo pudo cobrar 250 mil pesos. La diferencia entre el monto de las multas y lo efectivamente recaudado se explica porque las firmas apelan sistemáticamente a la Justicia para tratar de demorar la aplicación de la sanción. No obstante, en la UIF esperan que a partir de este año la situación sea diferente. “En vista de las apelaciones permanentes, nosotros dictamos una resolución donde se establece que, en el caso de los sumarios iniciados a partir de este año, primero se debe pagar la multa y luego se la debe recurrir judicialmente”, aseguró a este diario el titular de la UIF, José Sbattella, el pasado 9 de febrero.

El cambio que introdujo el organismo permitirá comenzar a cobrar las sanciones que se están aplicando. A su vez, en lo que respecta a los juicios ya abiertos, la expectativa oficial es que se acelere su resolución. Hasta el año pasado, los procesos se demoraron porque en una de las demandas una Cámara de Apelaciones dijo que, antes de expedirse, el caso tenía que ir a primera instancia. La UIF argumentó que en realidad la ley dice que las apelaciones por resoluciones de la UIF se deben resolver directamente en la Cámara, porque la primera instancia es el propio organismo. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del organismo antilavado y recién en los últimos meses los juicios comenzaron a avanzar.

En cuanto a sanciones, el organismo informó también que sólo el año pasado dictó siete resoluciones de congelamiento administrativo de bienes, que afectaron a 7 personas jurídicas y a 16 personas físicas. El organismo precisó además que durante 2013 inició 58 inspecciones. De ese total, 16 involucraron a entidades financieras, 11 a escribanos públicos, 8 a empresas aseguradoras, 7 a agentes/sociedades de Bolsa y otras 16 a otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

Según el resumen de la UIF, los 43 casos en los que se elevaron las actuaciones preliminares al Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial durante 2013 involucraron 81 reportes de operaciones sospechosas de lavado, un reporte de financiación del terrorismo y 6 informes de otras fuentes. En cuanto a las actuaciones para impulsar las investigaciones judiciales, la Unidad se presentó en 36 causas para ser aceptada como querellante, fue aceptada en 8 y están pendientes de resolución definitiva los restantes pedidos.