“Argentina va a cumplir con su deuda reestructurada, no vamos a defoltear nuestra deuda con los bonistas, pero no vamos a aceptar extorsiones: no queremos ser cómplices de aquellos que están dispuestos a hacer negocios sobre la miseria de la gente.” La frase, en lenguaje directo, en tono firme y sereno, la lanzó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en un mensaje por cadena nacional que dio anoche. “Dirigido a los millones de argentinos que estarán escuchando, pero también al 92 por ciento de nuestros acreedores que adhirieron al canje”, expresó. El mensaje fue la respuesta oficial al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazando la apelación argentina contra la decisión del juez de Nueva York, que reconoce el derecho de los fondos buitre de reclamar el pago en efectivo del total del valor nominal de los bonos que compraron después del default. La Presidenta anunció que ya instruyó que se instrumente el pago, en este mes, de los próximos vencimientos de deuda por bonos del canje, correspondientes al Discount y el Par, por un total de 930 millones de dólares. Estos pagos podrían hacerse por una plaza distinta a Nueva York, si existiera riesgo de embargo por parte del juez Thomas Griesa.

La Corte Suprema de Estados Unidos informó ayer, a media mañana, en Washington, su rechazó a la petición argentina para que tome en sus manos, en apelación, la causa en la que el juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, dispuso la obligación de pagarle a NML Capital Ltd y otros fondos de inversión (Aurelius y Blue Angel, entre ellos) una suma de 1300 millones de dólares al contado, como reconocimiento al valor consolidado del precio nominal de los títulos en tenencia de aquéllos, más los intereses y punitorios por el tiempo transcurrido desde el cese de pagos, diciembre de 2001. Griesa había pedido el embargo de cualquier pago que Argentina pudiera intentar hacer, en la plaza de Nueva York, a favor de los demás acreedores de bonos en default, pero que hubieran aceptado el canje por nuevos títulos en 2005, decisión que quedó “en suspenso” por las apelaciones. Ahora, tras el fallo de la Corte rechazando la solicitud argentina, la causa y su ejecución volverían a manos de Griesa (ver aparte).

“Este fallo es contrario no sólo a los intereses de la Argentina, sino también a los del 92 por ciento de los acreedores que creyeron en el país y en la reestructuración de su deuda, y también va en contra del funcionamiento del sistema económico y financiero global”, definió CFK al iniciar su exposición, de 28 minutos. Recordó el apoyo a la posición argentina expresada por Francia, México, Brasil y parlamentarios británicos, que entendieron que se trataba de una causa de carácter global. Sin embargo, más adelante en su discurso aseguró que el fallo en contra de Argentina no la sorprendió. “No es un problema económico, ni siquiera financiero o jurídico” lo que se está definiendo, explicó. El fallo “es la convalidación de un modelo de negocios a escala global, una forma de dominación mundial en base a la especulación, a los negocios con títulos y derivados, para poner de rodillas a los países y a su población: basta que haya gobiernos dispuestos a ceder a las presiones de este poder financiero” para que éste imponga las condiciones en su provecho. Este camino, advirtió, “va a tener consecuencias graves, tragedias inimaginables”.

Por qué buitres

La presidenta argentina recordó que tanto en el país como en muchos otros, inclusive Estados Unidos, existen leyes de quiebra o bancarrrota que facultan a una empresa, en cese de pagos o default, a reestructurar su deuda con el acuerdo de los titulares del 66 por ciento de las acreencias. “Para las deudas soberanas de los países no existe algo así”, recordó, lo cual es aprovechado por algunos fondos especulativos para obtener amplios beneficios comprando “deuda defolteada, de un país que ya dejó de pagar, a precio de bonos basura, porque tienen todo el tiempo del mundo para esperar que ese país se recupere” y exigirle, en un tribunal, una suma varias veces superior a la invertida en su compra. En el caso del fondo buitre NML Capital Ltd, que lidera la demanda contra Argentina en Nueva York, recordó que compró los bonos argentinos después del default de 2001, pagando 48,7 millones de dólares por ellos, y ahora la Justicia neoyorquina le reconoce el derecho al cobro de 832 millones de dólares por los mismos. “Una ganancia de 1600 por ciento en dólares en pocos años; yo creo que ni el crimen organizado consigue esa tasa de retorno en tan poco tiempo”, subrayó.

La Presidenta dimensionó las consecuencias financieras que tendría el cumplimiento efectivo de la pretensión de los fondos buitre recordando que, a valores de hoy, el pago que el juez de Nueva York le ordena a Argentina hacer a favor de NML Capital y demás fondos buitre que intervinieron en el litigio, asciende a unos 1500 millones de dólares. Pero esos fondos, explicó, representan la décima parte del total de bonos que no entraron al canje. Si ese poco más del 7 por ciento de la deuda no canjeada se presentara en los tribunales reclamando igual derecho que el obtenido por estos fondos buitre, Argentina enfrentaría una demanda de alrededor de 15 mil millones de dólares: “Eso es más de la mitad de las reservas internacionales; es absurdo e imposible pretender que un país destine a un solo pago de deuda más de la mitad de sus reservas”, señaló CFK, indicando de inmediato que, “además, si el 92 por ciento que entró en el canje encuentra otro juez que considere, por una cuestión de equidad e igualdad, que es exigible por esos bonistas el pago al contado del valor total de los bonos al momento del default o de su emisión, entonces tendríamos que tanto el acuerdo de canje, como el país, caerían como un castillo de naipes”.

Los orígenes

La Presidenta dedicó un párrafo central de su exposición a historiar el origen y acumulación de la deuda externa, sobre todo su evolución desde el golpe cívico-militar de 1976. “A partir de la última dictadura, la deuda tuvo un crecimiento exponencial, imponiéndole el cepo más extraordinario a la economía argentina”, que quedó expuesto en términos de pobreza y de miseria, desocupación y marginalidad, destrucción del aparato productivo y desintegración nacional. “Creció en dictadura, pero también en tiempos de democracia, durante los ’80 primero y después, en los ’90. Con el llamado régimen de convertibilidad, de la mano de la ficción de que un peso era igual a un dólar, el país se endeudó de manera terrible.”

Cristina Fernández se refirió de inmediato, en modo irónico, a “dos formidables operaciones, que algunos definen como el mayor fraude financiero de la historia: el Blindaje y el Megacanje”, las dos renegociaciones de deuda ejecutadas bajo el gobierno de Fernando de la Rúa (años 2000 y 2001). El primero, recordó, “fue una suerte de pasamanos entre el Fondo Monetario y algunos acreedores, por el cual el primero le prestaba al país supuestamente 40 mil millones de dólares de los que no ingresaba nada”. En cuanto al Megacanje, Cristina Fernández refrescó que fue “una idea propuesta por David Mulford, ex secretario de Tesoro de Estados Unidos”, que había sido convocado por el entonces (año 2001) ministro de Economía Domingo Cavallo. Consistió en el canje de 46 bonos entonces vigentes por otros 5 de nueva emisión, ampliando los beneficios en tasas pero extendiendo los plazos de pago, que abarcaba a una gruesa porción del stock de deuda de aquel momento. Por esta operación, recordó ayer la Presidenta, el país pagó 150 millones de dólares en comisiones, de los cuales se beneficiaron siete bancos y el propio Mulford (cobró unos 20 millones, precisó ayer la jefa de Estado). Algunos de esos bancos eran, a la vez, titular de AFJP que poseían títulos de la deuda anterior y los canjearon por los nuevos. “Los bancos cobraron comisión por colocar deuda que ellos mismos ya tenían en sus propias AFJP”, señaló la Presidenta en su repaso.

“Esta operación le provocó al país un perjuicio de 55 mil millones de dólares; pero esta causa prescribió en la Justicia. ¿Qué significa esto? Que por inactividad de los jueces, de algunos fiscales y camaristas, fueron venciendo los plazos y la causa se cayó. Así logró Mulford su sobreseimiento. Es la forma en que actúan algunos jueces, que contrasta con la celeridad con que intervienen cuando las acciones son contra el Estado”, expresó.

Pocos meses después del Megacanje, en diciembre de 2001, sin posibilidad de cumplimiento, en un país que se achicaba al ritmo de las políticas de ajuste, “se disparó el default de deuda soberana más grande de la historia”, apuntó la Presidenta, “con una deuda que llegaba al 160 por ciento del PBI, una desocupación del 25 por ciento y una pobreza del 50 por ciento”. Fue a partir del 25 de mayo de 2003, al asumir Néstor Kirchner la presidencia, recordó, que se inicia el proceso de renegociación que culmina en el primer canje, y luego continuó la actual mandataria con el segundo canje (2010), los arreglos en el Ciadi y el más reciente acuerdo con el Club de París.

“Nuestra voluntad de pago está más que demostrada. Un gobierno está obligado a tener, además, voluntad de negociación, pero también a saber distinguir una negociación de una extorsión. Argentina va a cumplir con su deuda reestructurada, no vamos a defoltear nuestros compromisos con los bonistas del canje. Antes de fin de mes tenemos vencimientos por unos 900 millones de dólares (749 millones del Discount más 183 millones del bono Par, este último con plazo hasta septiembre) y ya di instrucciones para que se instrumente su cancelación. La vocación de Argentina es pagar sus deudas. Vamos a cumplir con nuestros acreedores, pero no vamos a aceptar extorsiones”, dijo al cerrar su mensaje, cerca de las 22, algo más de 11 horas después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema en Washington que sorprendió a los mercados.