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Si continúa en su abierta parcialidad a favor del fondo buitre Elliott, del financista republicano Paul Singer, como manifiesta en cada una de las audiencias convocadas en su juzgado, Thomas Griesa puede convertir el caso contra Argentina en único en la historia financiera mundial: sería la primera vez en ocho siglos que por una orden judicial los acreedores no pueden cobrar pese al pago efectuado por el país deudor. Sería el default Griesa, categoría hasta ahora desconocida en los mercados internacionales. El deudor paga en tiempo y forma, pero los acreedores no pueden recibir los dólares por un fallo judicial. Este inédito acontecimiento financiero puede ser provocado por el juez de primera instancia del distrito sur de Nueva York, área donde opera Wall Street.

En el período 1800-1945 se registraron 127 episodios de países que declararon el default con una duración promedio de seis años. En los años que van de 1946 a 2006, la interrupción en el pago de deudas se repitió 169 veces de lapso medio de tres años. El inventario también abarca de 1300 a 1799, cuando países europeos considerados hoy muy ricos (Alemania, Francia) contabilizaron varias cesaciones de pago, al igual que Austria, España y Portugal. Estados Unidos no declaró formalmente un default, pero alteró en dos oportunidades la paridad del dólar con el oro (1933 y 1971), lo que implicó pagar su deuda con una moneda depreciada, que en los hechos significó una quita de capital a los acreedores. Este recorrido histórico por 66 países de los cinco continentes forma parte de una investigación apabullante en cifras e indicadores de los economistas Kenneth Rogoff (ex economista jefe del FMI) y Carmen Reinhart en Ocho siglos de crisis financieras. Historia mundial de los defaults.

Todos esos defaults fueron decididos por el país deudor; nunca por un juez que impide a los acreedores cobrar el pago del deudor, como lo dispuso Griesa el viernes pasado.

La extravagante interpretación del pari passu (igual trato) a los acreedores para favorecer a fondos buitres del juez Thomas Griesa y de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York incorpora ese factor adicional para hacer del recorrido reciente de la deuda argentina un caso único. Además del riesgo del default Griesa, esa historia comenzó con la cesación de pagos de 2001 que involucró el monto de deuda más elevado hasta la debacle griega. Esa deuda fue reestructurada en los canjes 2005 y 2010. Fue inédita la magnitud de la quita de capital de la deuda, la mayor de la historia financiera moderna, que incluyó una fuerte baja de la tasa de interés y extensión de los plazos de pagos. Fue la primera vez en el sistema financiero internacional conformado desde los años setenta que el diseño y gestión de la reestructuración se desarrollaron sin la participación del FMI, que ni siquiera auditó las proyecciones financieras que fundamentaban la propuesta oficial.

Otra cuestión poco mencionada es que Estados Unidos tuvo una posición favorable a la estrategia argentina en relación con el proceso de reestructuración de la deuda en default, que hoy un juez pone en riesgo. Manifestaciones públicas de la administración de George W. Bush, y especialmente a través de su influencia en el FMI, facilitó el plan del gobierno de Néstor Kirchner con los acreedores. La posición de Estados Unidos era que las crisis y los defaults son consecuencias de endeudamientos excesivos, y esa responsabilidad no era sola del país emisor de bonos, sino también de conductas imprudentes de los acreedores que le prestaron. En esa línea, la magnitud de la quita de capital sobre los títulos de deuda en default definida en el canje 2005 no fue cuestionada por el gobierno estadounidense, sino que la evaluó satisfactoria. Es lo que explican Mario Damill, Roberto Frenkel y Martín Rapetti en La deuda Argentina: historia, default y reestructuración, al señalar que las condiciones del canje de deuda “no resultaron muy incómodas para el gobierno de Estados Unidos”, debido a que en esa visión la elevada magnitud de la quita fue “proporcional a una gran irresponsabilidad del mercado”. Ahora un juez estadounidense puede anular este exitoso proceso de reestructuración respaldado en su momento por su país.

Pese a este desarrollo histórico, y por más que un país soberano haya depositado los dólares para pagar a los acreedores, calificadoras de riesgo, analistas financieros y el elenco estable de economistas del turno mañana, tarde y noche que recorren los medios locales hablan de un eventual default. El detalle que ocultan es que para que haya cesación de pagos la tiene que declarar el país deudor; no un juez estadounidense de primera instancia. Este puede impedir la efectivización del pago abrazado a los intereses de fondos buitre, pero es una cuestión judicial que se seguirá dirimiendo en tribunales estadounidenses, además de nacionales e internacionales, de acuerdo con la posición informada por el Gobierno. Argentina pagó el vencimiento de deuda en tiempo y forma, y giró el dinero a quien correspondía: a la entidad contratada para distribuirlo entre acreedores, el Bank of New York Mellon.

En la última audiencia de partes convocada por la sociedad Griesa-Singer, ese banco adelantó que hará lo que el juez ordene, con lo que incumpliría el contrato de agente fiduciario de la deuda argentina. Tiene desde el jueves pasado los dólares en su cuenta del Banco Central para distribuirlo en Nueva York entre acreedores de deuda regular. Si no concretara la tarea por la que fue contratado y cobra, se abriría un litigio de Argentina contra ese banco, pero también de los bonistas, por no girarles esos dólares que les pertenece. Griesa ordenó al banco devolverlos sin decidir el embargo de esos dólares, medida que refleja su vocación de gobernar desde su rancho de Montana un país sudamericano denominado Argentina. El juez puede ordenar devolver los dólares, el banco querer hacerlo, pero nada obliga a la Argentina a recibirlos. Por el contrario, si lo hace estaría infringiendo leyes locales, y quien lo hiciera estaría incumpliendo los deberes de funcionario público.

Quienes tienen rodilleras bien mullidas siguen alimentando la confusión sobre el objetivo de los fondos buitre cuando analizan sus estrategias con criterio financiero. Son buitres porque compran bonos de deuda colapsados para luego reclamar por vía judicial el valor total más los intereses devengados. No son lo mismo que los holdouts, acreedores con títulos en default que por distintas razones no aceptaron la reestructuración sin especular con acciones legales. Aunque les cueste decirlo a endeudores seriales por la seducción atrapante del poder de las finanzas (el gobierno de Mauricio Macri aumentó en 300 por ciento la deuda en dólares durante su gestión), los buitres no son acreedores de buena voluntad ni actores interesados en participar del juego del mercado financiero, espacio donde se gana y se pierde con apuestas más o menos arriesgadas con el subibaja de las cotizaciones. No les interesa ser parte de las reglas del negocio de bonos soberanos, donde interviene la oferta y la demanda, sino que el camino para contabilizar ganancias fabulosas es hacer juicios a acreedores vulnerables. Los buitres no pretenden cobrar por mecanismos del mercado de deuda, sino por vía judicial. La rentabilidad la obtienen recurriendo a tribunales que les aseguran la desaparición de ese riesgo. Esto es posible por la existencia de un sistema poco regulado y por un poder judicial y político estadounidense que legitima estas conductas.

No deja de asombrar cómo especialistas en rodillas al piso analizan cada frase de Griesa y los buitres como si fueran sentencias absolutas a cumplir, cuestionando con más o menos énfasis, dependiendo el grado de inhibición, cada paso legal que realiza Argentina para defender su soberanía y finanzas. Quedaron descolocados con su última jugada que desarticuló la estrategia Griesa-Singer, dupla que no dispuso el embargo de los dólares girados al Banco of New York Mellon ni pudo dictar el desacato al fallo.

El documento leído por el ministro Axel Kicillof el jueves pasado, acompañado por el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ofrece suficiente información para que dejen de tirar fruta empleados de la verdulería de la city.

La posición argentina definida en ese documento histórico es la siguiente:

- Acepta el fallo que ordena pagar a los fondos buitre pero demanda una negociación “de buena fe en condiciones equitativas, justas y legales”, reafirmando el compromiso “de honrar sus deudas con el 100 por ciento de los acreedores”.

- Esa instancia de negociación no debería impedir pagar a los bonistas que ingresaron en el canje de deuda en default, porque “no pagar teniendo los recursos y forzando un default voluntario es algo que no está contemplado en la ley argentina, sería contrario al orden público argentino y una clara violación a los prospectos de deuda”.

- Este es un punto importante: Griesa no sólo estrujó la interpretación del pari passu a favor de los buitres, sino que avanzó sobre el canje de deuda limitando el derecho del resto de los acreedores a cobrar en tiempo y forma, impidiendo “ejercer un derecho en forma voluntaria” que es “depositar los fondos cumpliendo con las obligaciones establecidas en el prospecto de emisión de los títulos de deuda”.

- Por ese motivo, Argentina rechaza la posibilidad de considerar que ingresó en un default ni que sea denominado “técnico”, puesto que “se pretende asociar el impedimento antojadizo de un pago por orden judicial sin considerar la voluntad del deudor de cumplir con sus obligaciones”.

- Si la sociedad Griesa-Singer impiden pagar a los bonistas, atropellando una decisión soberana, Argentina adelanta que avanzará en eventuales acciones judiciales para “hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional” hasta en “el Tribunal Internacional de La Haya como sujetos de derecho internacional y ante tribunales ordinarios de la República Argentina”.

- En esa línea, advierte “respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa”.

Estos criterios que son manifestaciones de soberanía en las decisiones financieras de un país son cuestionados en el ámbito doméstico por quienes estuvieron en uno u otro lado de la mesa de negociación de la deuda desde mediados de la década del setenta hasta el colapso de 2001. Son los mismos que proponían pagar para levantar el insólito embargo de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana. Es notable esa comunión de intereses dedicada a confundir cuando avalan la falsa actitud de negociación de los buitres y su juez amigo.

Argentina adelantó que no declarará el default y no convalidará la definición de “default técnico”. Si los dólares girados de las reservas del Banco Central y depositados en el Bank of New York no llegan a las cuentas de los bonistas del canje, mañana o hasta el 30 de julio, la historia mundial de las crisis financieras incorporará una nueva e insólita categoría: default Griesa.

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