El Ministerio de Economía detalló en un comunicado difundido anoche que el juez Thomas Griesa ha estado conduciendo las audiencias para favorecer negocios de fondos buitre. En el mismo momento en que se desarrollaba un nuevo encuentro en el juzgado de Griesa, una institución financiera internacional decretó que Argentina está en default para facilitar así el cobro de los seguros contra default, instrumentos financieros que estaban en poder de fondos buitres y otras entidades financieras. Economía sospecha que la delegación del pedido del stay (paraguas legal) a los buitres ha sido una decisión de Griesa para permitir que esos fondos pudieran cobrar esos seguros. En ese mismo comunicado que cuestiona al juez también se extiende la crítica al ejecutor de la sentencia, Daniel Pollack. Además, denuncia posibles “maniobras especulativas” facilitadas por esos dos protagonistas del juicio para que fondos buitre estuvieran en condiciones de cobrar esos seguros. Por ese motivo, Economía notificó a la Comisión Nacional de Valores esta situación y le solicitó que se inicie una “exhaustiva” investigación que determine si este juicio no es en realidad la fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitre.

Economía insiste con sus críticas al juez destacando que hasta el momento revela que su actitud, lejos de impartir justicia y generar condiciones equilibradas entre las partes, busca favorecer a los fondos buitre. Se pregunta: ¿cómo puede ser que haya delegado en los fondos buitre la decisión de dar un stay a la Argentina, cuando estos mismos fondos podían tener ganancias multimillonarias si no arreglaban? “Nunca mejor aplicada la frase ‘juez y parte’. Pero lo más grave es que ya no estaríamos ante la conocida figura de ‘utilización de información privilegiada para favorecerse’, figura condenada internacionalmente por todos los organismos de contralor, sino que estaríamos ante un insólito caso donde una de las partes, con la ayuda del juez, provoca los hechos que luego la favorece”, indica Economía con el objetivo de descubrir el circuito para que fondos buitre terminen cobrando los seguros contra default.

La cartera conducida por Axel Kicillof evaluó que “ante esa posible estafa millonaria”, que pretende que ganen por los bonos en default que compraron a precio vil, pero también por los derivados financieros que se cobran cuando la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) lo decide, la CNV deberá solicitar a la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) información precisa sobre las transacciones con esos títulos, para investigar “si los propios fondos buitre, por sí, o a través de terceros, obtuvieron ingentes beneficios al no alcanzar un acuerdo”.

Economía sospecha que el juez Griesa sigue sin resolver nada en las audiencias que convoca porque su objetivo es beneficiar a los fondos buitre, y precisa que en esta instancia es para que puedan cobrar los Credit Default Swaps, lo que ha sucedido (ver aparte). El comunicado lo dice en forma directa: “Una vez más el juez llamó a una audiencia para no resolver absolutamente nada en relación a los fondos de terceros que mantiene inmovilizados. De este modo, lejos de mantener el statu quo, como lo ha denunciado la República, vuelve a favorecer a los fondos buitre, en dos sentidos”.

El primero de ellos se refiere al impedimento de cobro a bonistas del canje, que es considerado por Economía como una vía que “pretende someter a la Argentina a una verdadera extorsión para que pague a los fondos buitre lo que pretenden, aun cuando el propio juez sabe perfectamente que tal pretensión implica la violación de la ley argentina, así como de los contratos con el 92,4 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje (cláusula RUFO)”.

El segundo aspecto señalado es que esa decisión de Griesa puede ser “una maniobra encaminada a que los fondos buitre, directamente o a través de otras sociedades, cobren seguros de default que ellos mismos han reconocido que tienen”. Economía explica que ayer se conoció que la sociedad privada ISDA, en la que participan los mismos fondos buitre, dio lugar al pago de los seguros de default por un monto cercano a los 1000 millones de dólares. El comunicado aclara que “si bien esto no implica que la República deba pagar absolutamente nada, ya que son transacciones entre privados, favorece a unos privados a expensas de otros e intenta instalar el mensaje que Argentina se encuentra en default”.

Sin embargo, como ya lo han reiterado el ministro y la presidenta CFK, Argentina no considera “bajo ningún punto de vista” la existencia de un default. El comunicado explica por qué: en primer lugar, porque dentro de las previsiones que figuran en el prospecto, en el punto 4.1 bajo el rótulo “Casos de Incumplimiento”, ninguno de ellos refiere a un bloqueo de cobro por parte de un juez. Además, porque en ese mismo prospecto el apartado referido a los factores de riesgo prevé una situación de este tipo, otorgando el debido aviso a los acreedores que decidieran adquirir estos títulos.

Economía también observó la parcialidad del denominado special master, mencionado como intermediario pero que en realidad es un ejecutor de sentencias financieras, Daniel Pollack. En la audiencia de ayer, los abogados que representan a la Argentina habían pedido reemplazarlo, pero Griesa lo denegó. Kicillof considera que Pollack ha demostrado a través de su último comunicado “una manifiesta parcialidad en favor de los fondos buitre”. Dice que se ha excedido absolutamente en sus incumbencias y atribuciones al calificar de “default” el impedimento de cobro que el mismo juzgado de Griesa impuso a algunos bonistas. Adelanta que el Gobierno reiterará la solicitud de reemplazo del mediador por escrito en el juzgado de Griesa.