La comisión bicameral que debe investigar el origen y la evolución de la deuda externa, creada por la ley 26.984 (Pago Soberano), quedó formalmente constituida ayer bajo la presidencia del diputado Eric Calcagno (FpV). Los legisladores tendrán por objetivo “investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda externa desde el 24 de marzo de 1976, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, el default y reestructuraciones posteriores”. También se pondrá la lupa sobre la “licitud o ilicitud” del accionar de los fondos buitre y el rol de la llamada American Task Force Argentina (ATFA). Según indicó a Página/12 Calcagno, el punto de partida de la bicameral podría ser el fallo del juez Ballestero, quien determinó un total de 477 hechos denunciables en uno de los períodos de mayor endeudamiento externo de la Argentina (1976-1983). La comisión quedó integrada por los diputados del oficialismo María Luz Alonso, Edgardo Depetri, Carlos “Cuto” Moreno y Juan Mario Pais, y los senadores Graciela de la Rosa, Pablo González, Pedro Guastavino, Walter Barrionuevo y Juan Manuel Irrazábal. Por la oposición fueron nombrados los senadores radicales Gerardo Morales y Laura Montero, quienes ayer estuvieron ausentes, y el senador Adolfo Rodríguez Saá (Interbloque Federal). Por la Cámara baja, Jorge D’Agostino (UCR), Enrique Vaquié (UCR) y Claudio Lozano (Unidad Popular).

Calcagno acordó que los distintos legisladores le remitan a su despacho los aspectos que consideren más relevantes para comenzar una investigación. A partir de ese primer intercambio, la bicameral confeccionará un esquema de trabajo “que deberá ser acotado, metódico y riguroso”, prometió su titular.

“Parece mentira que después de tanto tiempo estemos hablando de la historia de la deuda externa argentina”, sostuvo el sociólogo. “Mejor tarde que nunca”, le respondió Lozano. Uno de los focos de la bicameral será discernir si las irregularidades o posibles ilícitos concretados en el proceso de endeudamiento iniciado en 1976 configuran un delito de lesa humanidad. De esta manera el hecho sería imprescriptible, con lo cual podría reimpulsarse su investigación en sede judicial.

Lozano sostuvo que se debería solicitar la información que existe en la Justicia como es el caso del fallo Ballestero, que ya tuvo su ingreso en el Congreso en diferentes épocas. El propio magistrado remitió una copia de su investigación en julio de 2000, mientras que en 2009 fueron iniciados dos trámites parlamentarios que retomaron los lineamientos de la causa iniciada por Alejandro Olmos.

“De acuerdo con las registraciones obrantes en el Banco Central (BCRA), a comienzos del período indicado, la deuda externa ascendía a 7633 millones de dólares. Al finalizar dicho período era de 29.587 millones”, sostuvo el fallo de Ballestero. “Ha quedado evidenciada la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas. Las compañías públicas eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios”, concluyó el magistrado.

Mucho se ha escrito e investigado sobre la deuda externa, sus orígenes y responsables. Sin embargo, la época actual ofrece algo que antes permanecía velado: los archivos desclasificados del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. La CNV realizó una profunda investigación sobre el tema, a partir de actas de la última dictadura cívico militar, en donde quedó evidenciado el vínculo entre bancos privados, empresas, el BCRA y la propia CNV en el endeudamiento privado. Los documentos desclasificados del BCRA abarcan el período 1981-1983, con información sobre el recálculo de la deuda externa. Los documentos de 1976-1980 habrían sido destruidos por las autoridades de aquellos años.

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