El juicio del siglo, el de los fondos buitre contra Argentina, parece encaminarse hacia sus tramos finales después del cambio de estrategia del país deudor. El gobierno nacional apuró el trámite con una generosa propuesta de pago y ya obtuvo gestos aprobatorios del establishment financiero y de dos de los fondos buitre. “Argentina hizo todo lo posible para llegar a un acuerdo con los fondos buitre pero no fue posible”, explicó ayer el ministro Alfonso Prat-Gay (ver aparte). “La estrategia era resolver el tema lo más pronto posible y de la manera más justa para el país”, agregó. Los resultados hasta acá conocidos indican que ese apuro tuvo un elevado costo, y las consecuencias ya de por sí gravosas en materia económica podrían aún ampliarse. El costo puede medirse tanto en función de las utilidades extraordinarias (más del mil por ciento) que Argentina le reconoce a los fondos litigantes, como por el sobreendeudamiento al que se obligará el país para cubrir el pago en efectivo a los buitres y holdouts. Y todavía falta conocer si el fondo liderado por Paul Singer prestará acuerdo o le arrancará al gobierno alguna concesión adicional. O cuál será la reacción de los bonistas que aceptaron formas de pago más restringidas al ingresar al canje. En una situación de mayor comodidad para negociar y en un ambiente más favorables que en años anteriores, las condiciones ofrecidas por el país resultan económicamente más onerosas que otras alternativas que tuvo anteriormente el país y rechazó.

Tras el cambio de gobierno en diciembre, y con un clima mucho más amigable en los mercados financieros internacionales, los enviados de Mauricio Macri a Nueva York llegaban ahora en una situación totalmente diferente a lo que fue la recepción que tuvo el ex ministro Axel Kicillof, en los últimos días de julio de 2014, cuando llegaba a esa ciudad para intentar evitar el bloqueo de Griesa a los pagos argentinos a los bonistas que habían aceptado el canje. Mediante esa medida, los fondos buitre presionaban al gobierno argentino buscando ponerlo contra las cuerdas. La oferta que en esas condiciones le hicieron al gobierno nacional (los fondos buitres a su deudor) fue hacerle una quita del 15 por ciento a cambio de que aceptara la sentencia de pago de Griesa y pagara el 85 por ciento con bonos de la deuda argentina a mediano plazo. El acuerdo era sólo por la demanda de los fondos que se presentaron ante Griesa, No estaban los “me too” (otros fondos que no habían presentado demanda o lo habían hecho en otros juzgados), ni tampoco había vencido la cláusula RUFO, que comprometía al gobierno a no pagar a terceros en condiciones que mejoraran las ofrecidas para el canje. La delegación encabezada por Kicillof se volvió al país tras rechazar la oferta. Una vez acá, recibió una segunda oferta a través de terceros (un banco brasileño): los fondos buitre NML Capital y Aurelius estaban dispuestos a ofrecer (otra vez, los acreedores eran quienes la ofrecían) una quita del 30 por ciento y el pago en bonos del 70 restante sobre el monto de la sentencia. La respuesta volvió a hacer la misma: Argentina no se movía de pagar en las mismas condiciones del canje.

Dieciocho meses después, Argentina, con otro gobierno, vuelve al mismo escenario. Con otro gobierno, pero frente al mismo mediador, Dan Pollack. Con otros interlocutores, ya que ahora se suman los fondos “me too”, como el que encabeza Kenneth Dart, ampliamente conocido en el mundo por maniobras extorsivas contra países caídos en desgracia. Argentina no tiene la debilidad que tenían esos países cuando debieron enfrentar las negociaciones con fondos buitre. Tampoco arrastra las consecuencias de un teórico “default técnico”, declarado por Griesa en julio de 2014 pero que sólo perjudicó a los bonistas del canje. El gobierno actual, a 45 días de haber asumido, obtuvo un préstamo contingente de 5000 millones de dólares de un grupo de grandes bancos extranjeros, sin que ningún default se lo impidiera.

Sin embargo, fue el propio gobierno el que se autoimpuso la urgencia, tal cual lo expresa el mismo ministro de Hacienda y Finanzas. Es parte de su estrategia, cerrar el conflicto para poder acceder al mercado financiero internacional a menores tasas de financiamiento. El endeudamiento es, según los analistas de un lado (heterodoxia) y de otro (ortodoxia), el instrumento al que echará mano masivamente el gobierno para cerrar las brechas abiertas en el sector externo y en el terreno fiscal este año.

El nuevo gobierno, pese al clima más favorable, llegó a la negociación con los buitres apurado, urgido por un acuerdo, y eso lo debilitó. Los buitres, por el contrario, ahora seguros de que van a cobrar, pudieron relajarse y esperar. Y ya obtuvieron el resultado esperado: una oferta del deudor que es más favorable, para ellos, de lo que era su propia oferta 18 meses atrás. Y todavía pueden ir por más,

El sistema financiero, tanto local como extranjero, daba por descontada una quita sobre el monto de la deuda consolidada en el juzgado de Griesa de no menos del 30 por ciento. Pero Argentina ofreció pagar con una quita del 25 y en efectivo. Ello supondrá desembolsar algo más de 6500 millones de dólares. En la misma semana, cerró acuerdo con el lobbista italiano Nicola Stock para la cancelación de una demanda en el Ciadi mediante el pago de 1350 millones de dólares, también en efectivo.

A valor nominal de los bonos en default de diciembre de 2001, la demanda en el Ciadi corresponde a títulos por alrededor de 1000 millones de dólares. El arreglo con el grupo de fondos buitre en el juzgado de Griesa se estima que corresponde a bonos de valor original de poco más de 2500 millones. Es decir, se está pagando casi 8000 millones de dólares en efectivo por bonos de valor nominal de 3500 millones a diciembre de 2001.

El default de 2001 involucró una deuda de 81 mil millones de dólares. 75.000 millones entraron en los canjes (93 por ciento), que recibieron nuevos bonos por valor de 40 mil millones de dólares. De los 6000 millones que quedaron afuera, unos 3500 millones son los involucrados en la negociación de esta semana (el 4,5 por ciento de la deuda de 2001), por los cuales se pagarían los 8000 millones de dólares en efectivo. Extendiendo el mismo criterio de cancelación al resto de la deuda en default de 2001 (los 2500 millones en valor nominal a esa fecha), Argentina estaría ofreciendo pagar este año unos 13 mil millones de dólares en efectivo para cancelar el 7 por ciento de la deuda impaga del 2001.

En el canje, por el 93 por ciento pagó 40 mil millones de dólares en bonos a largo plazo. Y en un proceso posterior de desendeudamiento. Ahora paga mucho más caro e inició un ciclo de sobreendeudamiento. Los números son evidentes. Las consecuencias, están por verse, aunque la historia tiene algo para decir sobre el destino de estos procesos.