Domingo, 6 de marzo de 2016 | Hoy
ECONOMíA › OPINION
Por Alfredo Zaiat
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, fue ejecutivo de JP Morgan en Nueva York y Londres. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, trabajó en el JP Morgan en Buenos Aires y Nueva York. El director Ejecutivo y jefe para América Latina del JP Morgan, Vladimir Werning, fue designado como secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo. Uno de los directores del Banco Central Demian Reidel comenzó su carrera en el sector financiero en el área de investigación sobre mercados emergentes en JP Morgan. El mismo origen de estos funcionarios motivó al titular de la asociación que reúne a la banca extranjera en el país, Claudio Cesario, a definir al primer equipo económico del gobierno de Macri como “el Barcelona”. Por los resultados conseguidos hasta ahora en los partidos actividad económica, empleo, inflación y mercado cambiario, es el Barcelona que perdió por goleada global 7 a 0 con el Bayern Munich en la semifinal de la Champions League 2012/2013.
La primera tarea requerida al JP Morgan fue que determine el valor de tres nuevos títulos Bonar con diferentes fechas de vencimiento (2022, 2025 y 2027), sin cotización en el mercado. Esos bonos nacieron del Megacanje II. La definición de ese valor teórico fue clave para fijar el monto de dólares que un grupo de bancos extranjeros (uno de ellos JP Morgan, además del Santander, HSBC, Citi, BBVA Deutsche, UBS) entregó al Banco Central para abultar las reservas. Fueron unos 5000 millones de dólares a cambio de bonos por 10 mil millones de dólares en garantía de ese pase financiero. JP Morgan cotizó los bonos a la mitad, y el BCRA aceptó. Fue una transacción abusiva de la banca, además con un costo financiero de 300 millones de dólares por la tasa de interés pactada, facilitada por haber definido antes el también costoso Megacanje II. Esos papeles surgieron de ese trueque de papeles entre el Tesoro y el BCRA, operación que debe considerase como el disparo de largada para un nuevo ciclo de endeudamiento gigantesco. El JP Morgan participará también en la colocación de deuda para conseguir los dólares del pago en efectivo a los fondos buitre.
Este aporte del equipo económico es razón suficiente para el elogio de la banca extranjera, aunque las previsiones y resultados iniciales de la gestión no sean para celebrar. Antes de asumir como ministro, Prat-Gay publicitaba que la eliminación de las regulaciones cambiarias no iba a provocar una escalada inflacionaria porque los precios estaban fijados en un valor entre 13,50 y 14,50 pesos. No fue así. Prometió transparencia en el manejo del Indec y estalló una nueva crisis de credibilidad sobre cómo se elaborarán los indicadores con la designación como director técnico del Instituto de Fernando Cerro, a quién él denunció en la justicia por manipulación de los índices. Recibió una economía con un déficit fiscal de 2,3 por ciento y con contabilidad creativa y con propias medidas de desfinanciamiento del Estado (eliminación de retenciones y reducción de impuestos) lo infló hasta el 7,0 por ciento, cifra que le sirve como excusa para el ajuste y el endeudamiento. En una presentación que hizo ante la Corte de Apelaciones de Manhattan como amicus curiae a favor de Argentina en el litigio con los buitres, en 2013, había afirmado “¿qué tan justo sería que los holdouts consigan un mejor acuerdo, así sea un centavo más que los que entraron en el canje?”. Ahora presenta un pacto con los fondos buitre que es la capitulación argentina, como lo describen en detalle los principales medios financieros internacionales. No sólo se reconocerá el capital, intereses y punitorios a los buitres, sino que Argentina se comprometió a pagar los gastos de los abogados de Paul Singer por unos 250 millones de dólares.
Sin presentar un programa fiscal y financiero, Prat-Gay lanzó una amenaza: si no se aprueba el acta de rendición a los buitres, el ajuste fiscal será mayor y las provincias no serán asistidas por la Nación para financiar obras o desequilibrios de las cuentas. No es así. Claudio Scaletta lo explicó en varias oportunidades en sus editoriales en el suplemento económico Cash, la convocatoria a participar de un endeudamiento extraordinario de Prat-Gay no servirá para aliviar el déficit fiscal. La deuda que se tomará es en dólares, no en pesos. El déficit de las cuentas públicas es en pesos. Los dólares de la nueva deuda permitirán atender el déficit de cuenta corriente, no el fiscal. La Nación y las provincias pagan en pesos sus gastos, no en dólares. Gobernadores y legisladores deben conocer esta diferencia conceptual y práctica para eludir los mecanismos extorsivos que ha desplegado el oficialismo para conseguir el respaldo a las condiciones de rendición a los buitres.
Las divisas que ingresarán al Banco Central por la colocación de deuda (de la Nación, provincias y empresas) tendrán como contrapartida la emisión de pesos. Como la conducción de la entidad monetaria es ortodoxa monetarista, y tiene como dogma que la emisión es la causa de la inflación, diseñará una estrategia de absorción monetaria de esa expansión provocada por el endeudamiento en dólares. Aumentará así la deuda en pesos vía Lebac del Banco Central. El saldo será entonces un doble endeudamiento: en dólares para pagar a los buitres y para cubrir el desequilibrio del sector externo, y en pesos en el balance del BC para limitar la expansión monetaria de esa nueva deuda. Un resultado inquietante en relación al nivel de solvencia global de las cuentas públicas.
Si se trata de financiar el desequilibrio autoinfligido por el macrismo de las cuentas públicas y de asistir financieramente a las provincias, el Banco Central contará con abultados recursos ociosos por las ganancias en pesos que contabilizará por la megadevaluación. Pero el fundamentalismo monetarista predomina con el JP en el poder, y bien vale una recesión y alza de la desocupación en el altar de un dogma que es un fiasco por sus resultados económicos y sociolaborales.
La estrategia de la extorsión no es una originalidad del macrismo. En los noventa fue habitual con Domingo Cavallo en Economía y el FMI auditando cada tres meses las cuentas de la economía. Las leyes de privatización de empresas públicas, flexibilización laboral o de déficit cero eran presentadas como la salvación o el caos. Ahora es firmar la capitulación ante los buitres o un ajuste aún más fuerte. Quien ha definido los términos de la extorsión política fue el juez Thomas Griesa, quien para avalar el pacto con los buitres exigió a los representantes del gobierno argentino la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano y que se cancele los compromisos del juicio antes del 14 de abril. El equipo de Prat-Gay aceptó esas ofensivas condiciones.
Cuando se ingresa en ese círculo vicioso de acceder a ese tipo de exigencias del dispositivo de poder de las finanzas globales, e incluso festejarlas como hizo el ministro en conferencia de prensa, se pierde el control sobre la gestión de la política económica doméstica. Esta queda dominada por los intereses de los financistas. En este nuevo ciclo político, inicialmente puede no haber contradicciones porque está en línea con la fórmula Macri al gobierno-JP al poder, pero en su transcurso y con sus previsibles efectos negativos en la economía esa sociedad puede empezar a padecer un deterioro en su legitimidad social y política. En las últimas semanas se manifestó en el mercado cambiario.
Una conducción del Banco Central que se presentó en sociedad como experta y profesional fue puesta a prueba dejando al descubierto su inexperiencia y soberbia. Dejó el control de una variable clave (el tipo de cambio) en manos del mercado (complejo agroexportador y bancos) desatando una corrida inesperada y muy intensa teniendo en cuenta que fue contra un gobierno “amigable con el mercado”, en luna de miel con la mayoría de la población, con protección mediática y alivio en el mundo de los negocios por el regreso del neoliberalismo. Bajo esas extraordinarias condiciones favorables el Banco Central perdió reservas por casi 2500 millones de dólares en un bimestre (el 50 por ciento del pase oneroso con la banca extranjera) y la cotización del dólar superó los 16 pesos.
Los resultados poco favorables en materia de inflación y en las variables financieras motivó al gobierno a disfrazarlos con una sobreactuación acerca de la herencia recibida. La gestión económica, cambiaria y monetaria improvisada (por caso, el Banco Central subió fuerte la tasa de interés, luego la bajó, para después volver a subirla, bruscos movimientos en menos de tres meses) es un potente motor de inestabilidad económica. La ortodoxia dura exige más ajuste fiscal, opción que sólo acelerará el sendero de la crisis construida por el macrismo. Esos fundamentalistas del orden de las cuentas públicas están esperando que el grupo de ex JP culmine el trabajo de capitulación con los fondos buitre para saltar del banco de suplente y mandar a los vestuarios a este equipo económico, que más que Barcelona se mostró como un rejunte de jugadores amateurs que sólo saben de negocios financieros para rédito de sus anteriores empleadores.
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