Especialistas de distintos ámbitos, ex funcionarios, dirigentes gremiales y patronales expusieron ayer en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de Diputados sobre el acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri busca cerrar con los fondos buitre. La discusión se enmarca en el tratamiento superexpress que pretende llevar adelante el oficialismo del proyecto de ley para el pago a los holdouts. Los riesgos de un sobreendeudamiento luego de un eventual acuerdo, los huecos legales que dejarán la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano que contempla el proyecto, el bajo porcentaje de quita que obtuvo el equipo económico, el reconocimiento de los costos legales de los demandantes y el apuro por su tratamiento legislativo son las principales críticas que recibió la iniciativa. La defensa del proyecto provino de economistas del establishment y ex funcionarios hoy vinculados con el macrismo. A estos se sumaron partes interesadas, como representantes de bancos y de la Bolsa, que se verían beneficiados de una nueva ola de endeudamiento. Las comisiones se reunirán hoy para debatir las posiciones, mientras que el oficialismo pretende dar dictamen para que pueda ser tratado el jueves en la Cámara baja (ver aparte).

La maratónica audiencia, que se extendió por espacio de ocho horas, en la que expusieron veinte oradores, se llevó a cabo en el anexo del Congreso. El cronograma contemplaba veinte minutos por exposición, dentro de la cual podían incluirse preguntas de parte de los diputados que integraban ambas comisiones. El único cambio en la agenda fue propuesto por el diputado por el Frente para la Victoria Axel Kicillof, quien invitó a su ex secretario de Finanzas, Pablo López. En realidad, Kicillof quería exponer en carácter de negociador con los buitres, pero no fue aceptado por el plenario de las comisiones que presiden Luciano Laspina (Finanzas, PRO) y Jorge Amadeo (Presupuesto, PRO).

Beneficiados

El sector financiero estuvo representado en el plenario y, como era de esperar, se manifestó a favor del proyecto de ley. El titular de la Bolsa porteña, Adelmo Gabbi, ofreció un discurso más político que técnico. “No hay que pensar cuánto nos cuesta acordar, sino pensarlo en términos de financiamiento para las provincias, municipios y empresas, y también el déficit fiscal”, sostuvo Gabbi, quien previó una tasa para acceder al mercado en torno al 6 o 7 por ciento. “A pesar de que la tasa impuesta por el juez Griesa es injusta, que nada tiene que ver con el mercado, se transformó en un reloj caro para el país”, agregó. Por su parte, el presidente del Banco Galicia y vicepresidente primero de la Asociación de Bancos de Argentina (Adeba), Sergio Grinenco, coincidió en que “el acceso a los mercados de capital internacionales va a redundar en forma sumamente positiva en cuanto al crecimiento del financiamiento privado en los próximos años”.

El tributarista Jorge Gaggero, del Plan Fénix, llamó a tener en cuenta que las expresiones de este sector responden a que será el principal beneficiario de un nuevo ciclo de endeudamiento. Gaggero se refirió así al economista Nicolás Dujovne, cuya consultora está ligada al sector financiero, y quien hizo una serie de proyecciones que estimaban un supuesto beneficio para el país a partir del acuerdo con los buitres. También replicó el argumento macrista de que, en caso contrario, sólo podría entrarse en los próximos meses en una recesión.

Ortodoxia

El argumento de que la única manera de sortear la recesión es emitiendo deuda fue una constante entre los defensores del acuerdo y de la celeridad en alcanzarlo, aunque también fue uno de los ejes del debate. “El acuerdo es un indulto a un proceso de endeudamiento que terminó con la crisis de 2001-2002 y que ahora vuelve con una primera operación del gobierno, a través de bancos extranjeros en un Megacanje 2”, sostuvo el economista Marcelo Ramal. “¿Cómo no van a estar a favor (los bancos), si esto sólo sirve para abrir un nuevo proceso de endeudamiento?”, sostuvo. El economista y periodista de Página/12 Alfredo Zaiat coincidió en que el apuro por cerrar este litigio está ligado con la necesidad de endeudarse. “El ciclo es siempre el mismo, como las características de ese proceso: sobretasas, altas comisiones financieras, desvío de fondos, aplicación irregular del dinero, favorecer el canal especulativo y posterior fuga de capitales”, enumeró el economista. “Por más que se quiera vender como un beneficio para obras de infraestructura, siempre es para fuga de capitales. No es cierto que si no se consigue endeudamiento se vaya al ajuste. Siempre hay más de una receta”, agregó.

El titular de la CTA, Hugo Yasky, sostuvo que si se hubiese mantenido la lógica financiera no se hubieran podido alcanzar las mejoras sociales que tuvieron lugar en los últimos años. “Estamos en un debate que nos volvería a poner en el punto cero. Otra vez en el picadora de carne del Fondo Monetario”, afirmó el dirigente, quien leyó un comunicado en el que expuso el rechazo al proyecto por parte de la central obrera. En tanto, Mario Blejer, asesor económico de Daniel Scioli, consideró que “no haber tenido acceso al crédito llevó a que se perdieran oportunidades de inversión y de desarrollo”. “Si mantenemos nuestra economía cerrada, esto tiene un costo inmenso en términos de las posibilidades competitivas de la Argentina”, dijo. En la misma posición se ubicó el economista Javier González Fraga, cercano al ministro Alfonso Prat-Gay, quien sostuvo que el endeudamiento permite financiarse sin generar inflación.

Letra chica

El ex secretario de Finanzas Pablo López alertó sobre los riesgos de que los tenedores de deuda reestructurada puedan litigar contra el país al sentirse defraudados con el ofrecimiento a los buitres de un arreglo más beneficioso. Esa inequidad, de acuerdo a lo explicado, también se da entre los mismos holdouts, ya que los buitres con sentencia del juez Griesa obtendrán hasta cinco veces el monto nominal de sus tenencias, mientras que el resto de los holdouts recibirán una vez y media ese valor. También criticó que el gobierno se haya comprometido a pagar los costos del litigio en los que incurrió el fondo NML de Paul Singer, unos 265 millones de dólares, que el diputado Amadeo consideró “nimio”. López recordó que no existe jurisprudencia y que el accionar de Griesa marca un pésimo antecedente, lo cual podría volver a suceder.

El economista Daniel Marx, ex viceministro de Cavallo en 2001, consideró que el principal problema es que no haya un mecanismo de arreglo para cuestiones de deuda soberana, lo que termina siendo un problema sistémico. También consideró excesivo que se paguen las costas judiciales de los demandantes, tanto de NML como de los bonistas italianos. El ex viceministro de Economía con Amado Boudou, Roberto Feletti, dijo que es necesario proteger la reestructuración de deuda y remarcó las diferencias entre lo ofrecido a Singer y a otros holdouts. “Singer obtendrá 520 dólares por cada 100 y los otros 135 por cada cien”, explicó Feletti. Por su parte, el ex presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, defendió la propuesta. “No se puede convivir de por vida con una situación de crisis, en las nos va a afectar el frente externo”, aseguró el ex funcionario.

El cierre fue del ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, quien dio un acalorado discurso en el que defendió el acuerdo, como el mejor posible, e hizo una extraña defensa del juez Griesa, al que calificó de “componedor”. “Griesa tuvo una actitud muy constructiva cuando fui secretario y celebro que se haya recuperado”, afirmó Nielsen, quien sostuvo que el gobierno anterior tomó el tema como una especie de estudiantina. El diputado por el Frente para la Victoria Juan Manuel Pedrini, salió al cruce y lo acusó de “hipocresía y cinismo”.