De a poco, el gobierno de Mauricio Macri comienza a hacer público su estrecho vínculo con la consultora McKinsey. Página/12 reveló el pasado 22 de mayo que la firma estadounidense está asesorando en el diseño de un nuevo marco regulatorio para las comunicaciones. A partir de ese dato, el Centro de Producciones Radiales (CPR) y diputados de Libres del Sur presentaron pedidos de informes al Ministerio de Comunicaciones donde les respondieron que sólo Arsat tenía a consideración una propuesta de contratación de esa consultora para la elaboración de un plan de negocios. El miércoles 29 de junio, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue más allá cuando respondió por escrito una serie de preguntas sobre el tema de los diputados del interbloque del Frente Amplio Progresista, quienes le pidieron que precise si finalmente Arsat contrató a McKinsey. “Luego de considerar su directorio las propuestas realizadas por las firmas Boston Consulting Group, McKinsey & Company y Bain & Co, decidió dar inicio a las tratativas necesarias para la contratación de la firma McKinsey & Company”, aseguró. El directorio de Arsat todavía no oficializó la contratación, pero el lunes 4 de julio el Gobierno difundió en su canal de YouTube imágenes de una reunión que el propio Macri tuvo con los representantes de McKinsey el lunes 27 de junio (ver foto), quienes desde hace varios meses ya trabajan como si el contrato se hubiera firmado. El Gobierno les pagará unos 12,5 millones de pesos por un asesoramiento de 16 semanas, aunque no es el único negocio que tienen cerrado con el oficialismo.

Como parte de las respuestas que Peña envía a los legisladores todos los meses antes de ir a presentar su informe de gestión, el jefe de Gabinete, reconoció la contratación de McKinsey por parte de Arsat y aseguró que la misma es “a los efectos de la instrumentación y realización de un Plan de Negocios para comercializar sus productos y servicios de modo eficiente; acrecentar su presencia en el mercado nacional e internacional; como así también para la comercialización de los servicios prestados por el satélite ARSAT-2”. En todo momento, el Gobierno asegura que la tarea de McKinsey se circunscribe a elaborar un plan de negocios para Arsat. Incluso afirman que, al momento de destacarla por sobre sus dos competidoras, valoraron la experiencia de la firma asesorando a la empresa satelital australiana National Broadband Network (NBN), pero de las presentaciones que ha venido realizando McKinsey, a las que accedió Página/12, no se desprende una tarea de asesoría puntual para Arsat sino una tercerización del diseño de la política pública de comunicaciones a manos de una empresa privada.

De hecho, la propuesta inicial de colaboración que McKinsey presentó en marzo comenzaba con un breve mensaje dirigido al secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana; al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo, donde queda claro que los objetivos van mucho más allá de la definición de un plan de negocios para Arsat: “Estimados Oscar, Mario y Rodrigo, de acuerdo a lo acordado en nuestro último encuentro, cumplimos en hacerle llegar la propuesta de trabajo para acompañar al gobierno argentino en la construcción de un marco regulatorio de TIC, incluyendo como parte fundamental del esfuerzo repensar la estrategia y definir un plan de negocios para Arsat”, dice el texto.

En otra de las presentaciones, McKinsey identificó como parte de su plan de trabajo seis objetivos que alcanzan al conjunto de la política comunicacional:

1) Definir la visión y los objetivos para la Argentina en el desarrollo del sector de Tecnología, Medios y Comunicaciones, de manera que se convierta en un motor de desenvolvimiento, crecimiento e innovación para el país

2) Definir las principales palancas e iniciativas del futuro marco regulatorio, que permitan alcanzar la visión y los objetivos definidos;

3) Integrar todos los elementos del marco regulatorio en un modelo consistente que otorgue previsibilidad al sector a mediano y largo plazo;

4) Resolver desafíos que enfrenta el sector, entre los que se menciona la necesidad de favorecer el crecimiento en telefonía móvil, aumentar la banda ancha de alta velocidad, promover el acceso a dispositivos y equipamiento de primera generación, fomentar inversiones en el sector privado y público;

5) Definir el rol que Arsat deberá tener para apoyar el desarrollo de la infraestructura y del sector (y desarrollar un business plan para Arsat para los próximos 3-5 años)

6) Definir un plan de implementación que considere a los principales actores involucrados.

En lo que refiere específicamente a Arsat, McKinsey ya hizo un relevamiento de sus “activos relevantes”:

- Satélite Arsat-1: 24 transponders banda Ku y cobertura en Cono Sur.

- Satélite Arsat-2: 36 transponders (26 banda Ku y 10 banda C) y cobertura en norte y Sudamérica.

- 25 mil kilómetros de fibra óptica desplegados, cerca de la mitad de los 58 mil planeados.

- Aproximadamente el 25 por ciento del espectro radioeléctrico de 3G y 4G.

- Data center: Único en el país con certificación Upstream Tier III, 600 raks que ocupan aproximadamente 1600 metros cuadrados (4 salas de 365 metros cuadrados y una sala de máxima seguridad de 150 metros cuadrados) y servicios al sector público y privado de housing, hosting y nube.

Una vez realizado el inventario, la consultora se concentró en las opciones disponibles para el área satelital y sugirió dos caminos: a) limitarse a gestionar los satélites Arsat 1 y 2 o b) privatizar el segmento satelital. Todavía no está claro qué camino seguirá el gobierno, pero lo que pareciera definitivamente descartado es la construcción de nuevos satélites, como el Arsat-3.

McKinsey también acercó ideas para la creación de la Agencia de Inversiones comandada por Juan Procaccini, un ingeniero industrial que entre 2000 y 2004 trabajó en McKinsey y entre abril de 2004 y mayo de 2013 en el fondo Pegasus Capital, fundado por el ex McKinsey Mario Quintana. A su vez, McKinsey elaboró un libro, titulado Reimaginando Argentina, para hacerle propaganda al gobierno en el exterior, que incluye entrevistas a 25 “líderes de la Argentina”, en su mayoría funcionarios del PRO, políticos e intelectuales aliados, empresarios oficialistas y miembros de ONG cercanas al Gobierno.

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