El Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno) presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia solicitando la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma del Estado y de los decretos 1055, 1212 y 1589 que habilitaron la desregulación del sector energético y la posterior privatización de YPF. “Así como se anularon las leyes de obediencia debida y punto final, hay que voltear el estatuto del vaciamiento y del mayor latrocinio del país”, aseguró el cineasta Fernando “Pino” Solanas, presidente del Moreno. Además, la entidad formuló una denuncia penal por evasión fiscal contra las petroleras Repsol, Shell, Pecon y Esso, a las que acusa de transferir al exterior ganancias no declaradas ante la AFIP.

El economista Félix Herrero, integrante del Moreno, aseguró a Página/12 que los decretos 1055, 1212 y 1589, dictados por el gobierno de Carlos Menem entre octubre y diciembre de 1989, son considerados “la matriz legal que posibilitó la privatización del sistema energético. Por eso apuntamos ahí”. Con el argumento de promover el desarrollo y ejecución de planes destinados a incrementar la producción nacional para asegurar el autoabastecimiento, el decreto 1055, redactado por el entonces ministro de Obras Públicas Roberto Dromi, autorizó el agrupamiento de zonas de explotación que registraban un reducido nivel de producción y habilitó la participación del capital privado.

La norma preveía la adjudicación de esas zonas, a través de un concurso público internacional, a las empresas que ofrecieran el mayor monto y no, por ejemplo, a quienes aseguraran mayores niveles de producción con técnicas de explotación capaces de preservar los recursos y el abastecimiento del mercado interno, requerimiento que, según sostienen los especialistas, hubiera permitido proteger las reservas. En las zonas donde YPF registraba un mayor nivel de producción, la norma propició, en cambio, la asociación con capitales privados.

Por su parte, el decreto 1212 liberó los precios en cada una de las etapas de comercialización posibilitando que los valores internacionales fueran tomados como referencia para el mercado interno. Además, transformó los contratos de locación en concesiones. Por último, el decreto 1589 estableció, entre otras cuestiones, la libre disponibilidad del 70 por ciento de las divisas generadas por la explotación.

El abogado Salvador María Lozada, patrocinante del amparo, aseguró ayer que esos tres decretos, los cuales continúan rigiendo con leves modificaciones la política petrolera, “son incompatibles” con las normas específicas vigentes en el sector desde la década del ’60 y agregó que “la inconstitucionalidad se tornó aún más palpable con la reforma de la Constitución de 1994, que introdujo la obligación de preservar y cuidar los recursos naturales y condena su explotación abusiva”. La acción de amparo por “inconstitucionalidad” fue presentada ante el fuero en lo Contencioso Administrativo federal.

El Grupo Moreno presentó también una denuncia penal por evasión fiscal contra Repsol, Shell, Pecon y Esso. “Sacaron del país más de 4000 millones de dólares, pero sólo declararon poco más de la tercera parte de esa suma”, afirmó Fernando “Pino” Solanas. Esta denuncia se basa en la investigación realizada por la Comisión de Fuga de Capitales que presidió el entonces diputado y actual titular del Correo Argentino, Eduardo Di Cola. En la denuncia, formulada en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo del juez Julián Ercolini, también se responsabilizó a las autoridades del Banco Central y de la Administración Federal de Ingresos Públicos “por no haber realizado ningún tipo de investigación”.