El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sea citado a declaración indagatoria imputado de los cargos de presunta violación del “secreto particular”, abuso de autoridad y falseamiento de documentos públicos. En la presentación del fiscal ante el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral se describen los mecanismos que habrían utilizado Moreno y la directora del área de Precios al Consumidor del Indec, Beatriz Paglieri, para modificar los índices de inflación entre enero y junio de 2007. La investigación judicial apunta a las sospechas de manipulación de los datos de inflación en rubros tales como prepagas, educación y hotelería. Pero, además del famoso caso de la lechuga, pone la mira en otros cambios en los precios de alimentos y demás productos relevados por los encuestadores, siempre que mostraran aumentos superiores a la pauta oficial.

El dictamen de Stornelli no podía llegar en peor momento para el Secretario de Comercio Interior. Justo en estos días, los empleados del Indec realizan una huelga en solidaridad con Cynthia Pok, quien fuera desplazada del cargo de directora de la Encuesta Permanente de Hogares por negarse a calcular los índices de pobreza e indigencia a partir de cuestionados datos oficiales de inflación.

En su escrito, además de solicitar que comparezca Moreno, el fiscal pide también la declaración indagatoria para Paglieri, junto con los empleados Ulises Valentín, Marcela Filia y Celeste Cámpora Avellaneda, quienes fueron contratados por Paglieri para funciones de data entry, y para Ana María Edwin, nombrada recientemente por decreto directora adjunta del Indec.

Para Stornelli, las pruebas del expediente “resultan suficientemente verosímiles como para sospechar fundadamente que Guillermo Moreno, en su calidad de secretario de Comercio Interior, en presunto abuso de su cargo, desplegó una serie de conductas por las que instó insistentemente a Lelio Mármora (ex titular del Indec), Clyde Charre de Trabuchi (ex directora de Estadísticas Sociales) y Graciela Bevacqua (ex directora de Precios al Consumidor) en exceso de sus funciones, para que le hicieran entrega de información con valores desagregados que podía corresponder con un listado de los comercios a los cuales el Indec encuestaba”.

El fiscal también sostuvo que “ante la negativa de los por entonces directores del Instituto de brindar tal información, el imputado Moreno comenzó progresivamente a aumentar su petición –de realizarla primero verbalmente, pasó a hacerlo por escrito–, la cual habría cesado al tiempo que los mismos dejaron de ocupar sus cargos y comenzara a ejercer funciones como directora del Indice de Precios al Consumidor su consorte de causa, Beatriz Paglieri”.

Dicho de otro modo, Moreno habría presionado a los directivos del Indec para conseguir el listado de comercios visitados por los encuestadores, una información protegida por el secreto estadístico. Y una vez que logró el desplazamiento de dichos directores, habría conseguido acceder a esa información a través de Paglieri.

En mayo pasado, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, emitió un dictamen en la misma línea, acusando también a Moreno y a Paglieri. El secreto estadístico es el instrumento que protege los nombres de los comercios que acceden a responder las encuestas del Indec, de manera que quede preservada la validez científica de los índices de precios. Se sospecha que, al acceder a los listados de comercios, Moreno buscaba presionar a aquellos que aumentaron sus precios.

Aunque la información estaba “amparada por el secreto estadístico”, Stornelli afirma que Moreno “habría abusado de su cargo al instigar a los funcionarios a cargo de velar por la preservación del mismo, soslayando la normativa legal”.

A Paglieri, en tanto, el fiscal le adjudica “ejecutar drásticos cambios en la metodología de las encuestas, recopilación y procesamiento de datos estadísticos”, con la colaboración de un pequeño grupo de leales colaboradores. Entre los casos de manipulación de Paglieri destacados por el fiscal figurarían los siguientes:

u Los encuestadores no encontraban el pan a $ 2,50 del acuerdo oficial. Entonces, Paglieri los convocaba en su oficina y los habría presionado para que tomaran el precio oficial. En esa situación, aseguran que llegó a decir que “si ese pan de $ 2,50 no estaba en ese momento disponible, seguramente era porque lo estaban horneando”.

u Aseguran que solicitó en varias oportunidades que se “sacaran precios de la base de datos”, como el caso de aumentos en repuestos de automotor. Ante la negativa de los técnicos, la respuesta habría sido que “entonces los borraba ella misma”.