La rebaja del impuesto a las Ganancias para los trabajadores de ingresos medios será acompañada en los próximos días por un aumento de jubilaciones y una mejora en las asignaciones familiares. El Gobierno ya tomó la decisión de avanzar con todas esas medidas y redacta la letra chica de las que aún no han sido anunciadas. En diálogo con Página/12, altas fuentes oficiales anticiparon las líneas centrales de esas iniciativas, pero también abrieron una puerta –hasta ahora clausurada– a otros planes en estudio. El eje está puesto en la estructura tributaria. Más en concreto, en el gravamen a las Ganancias. El objetivo es avanzar en la reducción de su incidencia en los asalariados, hasta acotarlo a los de ingresos más abultados. Para compensar al fisco esa pérdida de recaudación se puso sobre la mesa una iniciativa largamente reclamada por quienes alientan la creación de una estructura impositiva más progresiva: aplicar el tributo sobre la renta financiera.

“A esta altura sería bien consistente con el modelo. Con el grado de desarrollo que hemos logrado, clama al cielo gravar la renta financiera”, sentenció un encumbrado funcionario ante este diario. Resulta difícil imaginar que una medida de semejante calibre pueda ser aprobada antes de las elecciones de octubre. El funcionario asegura que es un tema para el año que viene, descontando el triunfo del oficialismo. “La presidenta tomará medidas de fondo”, promete. Asegura que los cambios en el impuesto a las Ganancias que se anunciaron anteayer tendrán un segundo capítulo, y que esa línea llevará a extender el tributo a los beneficios obtenidos por la compra y venta de acciones, títulos de deuda, depósitos bancarios y demás instrumentos de valorización financiera.

La presión en contra de esa iniciativa por parte de bancos locales y extranjeros, embajadas, grandes empresas, economistas que actúan como voceros de esos sectores y quienes amplifican sus opiniones logró hasta el día de hoy que el tema ni siquiera fuera debatido abiertamente. El Gobierno tampoco se metió en el asunto e incluso hizo una mueca de desaprobación cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires planteó la necesidad de crear un impuesto sobre activos financieros. Puede ser que el clima de campaña favorezca la discusión de proyectos más ambiciosos. En el Ejecutivo lo atribuyen a una cuestión de maduración, a que recién en esta etapa se alcanzó la estabilidad necesaria para pensar en cambios estructurales. Cambios que, aseguran, se producirán. Pero agregan: “Piano piano se va lontano”.

Piano, piano

El primer paso, detallan las fuentes del Gobierno, es profundizar lo que comenzó el último viernes con la suba del mínimo no imponible de Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia y la eliminación de la “tablita” de deducciones de Machinea para todos los que ganan hasta 7000 pesos mensuales. Esas medidas benefician a casi 600 mil personas, que pasarán a pagar mucho menos del impuesto o directamente dejarán de tributar. Son 1500 millones de pesos anuales que pasan del fisco a los bolsillos de los asalariados.

Los solteros estaban alcanzados por el gravamen si su remuneración neta superaba los 2769 pesos, cifra que el proyecto de ley girado al Congreso eleva a 3346 pesos. Para los casados con dos hijos el salto es de 3692 a 4577 pesos. Un soltero cuyo salario neto sea de 4000 pesos tributaba 2240 pesos al año y ahora serán 760. Con un sueldo de 5000, le descontaban 4800 al año y ahora serán 2580. Y con ingresos por 6000 pesos cedía 9450 pesos y ahora serán 5235. En un casado con dos hijos, si el sueldo es de 4000 pesos liquidaba 795 y ahora quedará exento, con 5000 pesos de haber eran 2640 y serán 495 y con 6000 pesos de sueldo eran 7510 y serán 2100.

Las correcciones buscan resolver un problema elemental: que los aumentos salariales que consiguen los trabajadores en negociaciones paritarias no sean absorbidos por el impuesto. “Era una contradicción en los términos. Cada medida que tomábamos para impulsar el salario lo terminaba afectando”, describieron desde el Gobierno. Esto ocurría, en buena medida, por la escala para la aplicación de deducciones que impuso el gobierno de la Alianza en el año 2000. Es lo que se conoce como “la tablita de Machinea”, que reduce gradualmente la posibilidad de deducir distintos ítem de la liquidación del tributo a medida que el sueldo sea mayor. En consecuencia, un incremento salarial que ubicara al trabajador en un peldaño superior de esa escala le cercenaba buena parte de la suba. Y en casos extremos, podía terminar ganando menos que antes de obtener el aumento de haberes. Los cambios introducidos despejan la distorsión para la mayoría, ya que la tablita sólo regirá para aquellos salarios superiores a 7000 pesos.

La novedad que aportan altas fuentes oficiales es que la tablita de Machinea tendrá una nueva corrección más adelante. Junto a ello, la promesa es repetir año a año la suba del mínimo no imponible. De ese modo, más del 80 por ciento de los trabajadores se libraría del impuesto a las Ganancias, que sólo alcanzaría a los de altos ingresos. “Vamos a cambiar el perfil del impuesto”, sostienen. Y agregan que para recuperar los recursos que perdería el Estado con esa reforma se trabajará en la extensión del gravamen a la renta financiera.

El principal argumento en favor de gravar las inversiones financieras es que no hacerlo produce una grave distorsión en favor de éstas y en desmedro de las productivas. “Supone una asimetría muy fuerte entre los impuestos al trabajo personal y a la producción empresaria, que deben pagar Ganancias con una tasa máxima de 35 por ciento, y la apuesta a activos financieros que están exentos”, describió un tributarista vinculado con el gobierno nacional. “Es una asimetría perversa para todo el desarrollo productivo”, completó.

Banqueros, tributaristas y economistas ortodoxos suelen agitar el fantasma de la huida de capitales como principal razón para no avanzar con un impuesto a la renta financiera. Desde la otra vereda se sostiene que no es más que un pretexto, porque la Argentina sufrió grandes oleadas de salida de divisas a pesar de que el impuesto no existía. El último ejemplo fue antes del derrumbe de la convertibilidad. La experiencia de las últimas décadas demuestra que las fugas estuvieron motivadas en graves desequilibrios macroeconómicos –procesos de alta inflación e hiperinflación, caída en recesiones profundas– y en estallidos del sector bancario –como el Plan Bonex y el corralito– antes que en razones impositivas.

La Argentina es el único país de desarrollo medio que no grava la renta financiera, por lo cual, si se quiere, para el inversor es una situación inestable porque supone que en algún momento transitará hacia la normalidad y empezará a cobrar lo que ahora deja exento. “No hay ninguna evidencia de que la desgravación nos haya traído ningún provecho de ingreso de divisas de manera estable”, remarcó el tributarista Alejandro Otero a este diario (ver aparte).

Asignaciones y jubilaciones

El paquete de anuncios de estos días incluirá un aumento de jubilaciones y una suba de asignaciones familiares. Desde el Gobierno confirman ambas medidas. “La disminución de Ganancias para los trabajadores es una medida que beneficia a los sectores de ingresos medios. Ahora vamos a apuntar a otros segmentos”, indicaron.

El aumento de la recaudación previsional y el traspaso de más de un millón de afiliados a las AFJP al régimen de reparto generó un fuerte superávit en las cuentas de la Anses. Existen recursos suficientes para costear un nuevo incremento de haberes para jubilados, adicional al 13 por ciento que el Gobierno otorgó en enero para cumplir con la orden de la Corte Suprema de fijar la movilidad de esos beneficios. Sin embargo, diputados de la oposición y particulares siguen pidiendo ante la Justicia el establecimiento de un índice fijo de actualización de las jubilaciones, que vaya más allá de agregar cada año partidas al presupuesto para ese fin. En el Gobierno admiten que es posible que la Corte Suprema termine por darle la razón a esos reclamos, pero suponen que recién ocurriría el próximo año. Por ahora, consideran que el próximo incremento de jubilaciones calmará los ánimos por un tiempo.

El supuesto impacto inflacionario de estas medidas es rechazado desde el Ejecutivo. “El salario debe ser un factor de desarrollo y no una variable de ajuste”, retrucaron.

En cuanto a las asignaciones familiares, el ajuste rondará entre 20 y 25 por ciento. También se subirán los topes salariales para recibirlos. Y se analiza una tercera medida: mejorar el subsidio en el interior del país. Las asignaciones familiares tienen distintos montos y topes según la región. Los mayores aumentos los recibiría el norte del país. “Son instrumentos más finos de política económica, que nos permiten atender mejor a quienes más lo necesitan”, describen desde el Gobierno. Las asignaciones serán un mecanismo con mayor presencia para mejorar los ingresos de aquellos trabajadores con menor capacidad de negociación.

Hay una buena cantidad de gremios que logran aumentos de haberes que los protegen de la inflación, pero existen otros que por su ubicación regional o su menor desarrollo tienen menos margen para conseguir aumentos. El Gobierno se propone equilibrar la situación de estos últimos con los ajustes en las asignaciones.