El Gobierno anunció ayer un aumento del 12,5 por ciento para todas las jubilaciones y pensiones nacionales, que comenzará a regir el 1º de septiembre. El haber mínimo pasará de los 530 pesos actuales a 596,25, aunque a ese monto se le agregan 30 pesos –o su equivalente en alimentos– del subsidio sanitario del PAMI. Por eso, las autoridades señalaron que la jubilación mínima queda en 626,25. La mejora alcanza a ex veteranos de Malvinas, beneficiarios de pensiones no contributivas, de ex cajas provinciales y al componente público en los haberes de las AFJP. Es el segundo ajuste del año, después del de 13 por ciento dispuesto en enero, por lo cual la suba global asciende al 27 por ciento. La medida tiene especial incidencia por el grado de cobertura del sistema previsional, que llega al 95 por ciento, según precisaron las autoridades.

El aumento era esperado. El Gobierno ya lo había insinuado en la ley de Presupuesto de este año, al responder al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó establecer un mecanismo de movilidad de las jubilaciones. El Ejecutivo no creó un índice específico para actualizar los haberes –lo cual es todavía motivo de controversia–, pero incorporó una partida especial para elevar las jubilaciones un 13 por ciento. En esa oportunidad, señaló que podría aplicar otras subas más adelante. De ahí en más, sólo restaba saber cuándo se concretaría. Hace dos meses, Página/12 reveló que el Gobierno la preparaba para esta altura del año, en tiempos de campaña. Ahora se espera un incremento en las asignaciones familiares de entre 20 y 25 por ciento. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que no se lo analiza, pero otras fuentes oficiales lo dan por seguro.

El anuncio fue realizado por Fernández junto al ministro de Economía, Miguel Peirano, y al titular de la Anses, Sergio Massa. Previendo cuestionamientos de la oposición, los funcionarios precisaron que se trata del undécimo aumento de jubilaciones decretado por la actual gestión, en el marco de una política activa en materia de ingresos. El haber mínimo estuvo congelado doce años en 150 pesos hasta que el gobierno de Duhalde lo llevó a 200 pesos después de la devaluación. De ahí en más la administración Kirchner lo subió sucesivamente a 220 pesos, 240, 260, 280, 350, 390, 460, 530 y, desde el próximo mes, a 596,25. La mejora fue del 198 por ciento bajo este gobierno y del 297 por ciento desde el fin de la convertibilidad. Ese recorrido, sin embargo, tuvo el efecto negativo del achatamiento de la pirámide salarial: en 2001, el 25 por ciento ganaba la mínima, mientras que en la actualidad abarca al 70 por ciento de los jubilados y pensionados.

Para los que ganan desde la mínima hasta 1000 pesos, el nuevo ajuste es el cuarto que recibirán desde la devaluación, y contabilizan una recuperación del 55,2 por ciento en total. Los jubilados y pensionados con haberes superiores a 1000 pesos obtienen su tercer aumento, que eleva sus ingresos 41,1 por ciento en total desde la caída del uno a uno. Estos dos grupos vienen perdiendo frente a la inflación, que desde diciembre de 2001 a la fecha fue del 99,6 por ciento. Y cargan con el congelamiento de haberes de toda la convertibilidad. En su política hacia los jubilados, el Gobierno privilegió en una primera etapa a los que ganaban menos y recién desde mediados de 2005 empezó a dar aumentos generalizados. Lo atribuyó a sus posibilidades fiscales.

Massa fue categórico al destacar que el nuevo incremento, al igual que los anteriores, se financia con recursos propios de la seguridad social. “No afectará el nivel de las cuentas públicas ni el compromiso fiscal del Gobierno”, apuntó. En la misma línea, Peirano sostuvo que la mejora de las jubilaciones “es un objetivo fundamental en la política económica”, pero aclaró que se lo hace “preservando el equilibrio macroeconómico”. Desde la oposición, la diputada María América González, especialista en materia previsional, objetó el nivel del incremento, debido a que Anses dispone de un superávit muy superior al del costo fiscal de la nueva suba. Sostuvo que el superávit acumulado entre 2005 y 2007 llega a 16.000 millones de pesos, según datos que surgen del presupuesto nacional. El costo fiscal del aumento de jubilaciones de aquí a fin de año es de 1820 millones de pesos –o 404,6 millones mensuales–, según indicó Massa.

El funcionario aclaró que la suba tiene carácter remunerativo, con lo cual cuenta para la liquidación del aguinaldo y las deducciones habituales. También sostuvo que los jubilados recibirán el aumento con la próxima liquidación de haberes, a partir del 1º de septiembre. El PAMI, por su parte, confirmó que todas las personas que venían cobrando el subsidio de 30 pesos lo seguirán haciendo, por más que su haber supere con el ajuste el tope de 600 pesos fijado para obtener el subsidio.

La medida tiene un enganche automático en pensiones no contributivas, beneficiarios de ex cajas provinciales, componente público en el régimen de capitalización y pensiones a ex combatientes. En este último caso, el subsidio –equivalente a tres haberes mínimos– pasa de 1590 a 1788,75 pesos.

El titular de Anses destacó que el universo total de personas alcanzadas por la medida es de 4.924.549. Hizo hincapié en un dato relevante, que es el avance en la cobertura previsional a partir de las moratorias que permitieron acceder a un beneficio a ciudadanos que nunca antes habían aportado a la seguridad social. “Aumentamos la cobertura de nuestros abuelos, ya que 95 de cada 100 hoy tienen jubilación, pensión o ambas cosas”, expresó. El funcionario agregó que el haber previsional medio creció 119 por ciento durante el actual gobierno y que desde mayo de 2003 a la actualidad “el dinero volcado al bolsillo de los jubilados y pensionados supera los 35 mil millones de pesos”. A pesar de ello, al Gobierno se le cuestiona no haber avanzado con un índice de movilidad de las jubilaciones, que Fernández ayer volvió a descartar.

Massa, por su parte, confirmó que el financiamiento necesario para asegurar el pago de jubilaciones durante este año y el próximo está “garantizado”. El Gobierno creó recientemente un fondo al que derivará los excedentes presupuestarios de Anses, de modo de garantizar que esos recursos no sean utilizados para otros fines. El régimen de seguridad social registra un voluminoso superávit a partir de la caída de la desocupación, la formalización de trabajadores y, sobre todo, por el traspaso de afiliados a las AFJP al régimen de reparto. Esa masa de capital y los sucesivos incrementos otorgados por el Estado se convirtieron en un incentivo para miles de afiliados al régimen de capitalización para saltar al público. Cuando todavía faltan cuatro meses y medio para la finalización del plazo para ejercer la opción, cerca de 800 mil personas ya saltaron de las AFJP a reparto.