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La investigación por supuestas maniobras irregulares en la emisión y utilización de cartas de porte tomó impulso hace casi dos años, en medio del conflicto rural motivado por la Resolución 125 que incrementó las retenciones a la soja. El 8 de junio de 2008, Página/12 reveló que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) había detectado la utilización de personas indigentes y de tribus aborígenes para obtener las cartas de porte necesarias para la comercialización de granos y oleaginosas sin pagar los impuestos correspondientes. Estas maniobras ocurrieron cuando la Federación Agraria y la Federación de Acopiadores de Cereales tenían la potestad de imprimir y vender las cartas. Sin embargo, los ruralistas aseguraron entonces, al igual que ahora, que la denuncia era parte de una supuesta operación política para desprestigiarlos.

La carta de porte fue un instrumento creado por la Junta Nacional de Granos para controlar el transporte de cereales. En 1991, el entonces presidente Carlos Menem disolvió el organismo y al año siguiente su ministro de Economía, Domingo Cavallo, delegó en la Federación Agraria y en la Federación de Acopiadores la potestad de imprimir y vender las cartas, un documento obligatorio para transportar los granos en sus distintas etapas de comercialización. Cuando la Oncca y la AFIP pusieron la lupa sobre ese negocio encontraron miles de irregularidades:

–Utilización de indigentes para tramitar las cartas.

–Cartas originales emitidas, pero no registradas en la Oncca.

–Monotributistas o sociedades de responsabilidad limitada que figuraban adquiriendo cartas por volúmenes muy superiores a los que les correspondían por su condición impositiva y jurídica.

–Cartas con números de CUIT inexistentes.

–Cartas mellizas.

Por todas estas razones, en enero de 2009 el Gobierno decidió recuperar la potestad de emisión de las cartas de porte, las cuales a partir de entonces comenzaron a ser gratuitas. Esa decisión le puso fin al negocio de Federación Agraria y de la Federación de Acopiadores, ya que una parte de sus ingresos declarados provenía de la emisión de estos documentos, eso sin contemplar el hecho de que tal vez las entidades estaban involucradas en la comisión de los delitos.

“Esta medida pretende castigarnos por habernos opuesto a un modelo de concentración económica”, señaló entonces Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, quien ni siquiera reconoció que las irregularidades se cometían. La entidad incluso respondió convocando a un cese de comercialización de granos durante cinco días. En ese momento argumentaron que habían decidido protestar por la política agropecuaria oficial, pero la verdadera motivación fueron las cartas de porte. Las otras entidades rurales así lo entendieron porque le restaron apoyo al reclamo. Luego los federados siguieron cuestionando la decisión y aseguraron que la nueva modalidad era peor, pese a que en los primeros cuatro meses de su implementación se había entregado casi la mitad de las cartas emitidas durante todo 2008.