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La restauración conservadora que encarna el macrismo no hubiera estado completa sin la vuelta del FMI. Una relación activa con el organismo es el pasaporte que utilizará el Gobierno para regresar al mundo donde gobiernan las finanzas, un lugar donde las calificadoras de riesgo, los bancos de inversión y los gurúes de la ortodoxia marcan las líneas y los límites de la política económica. El Fondo Monetario Internacional concentra la representación institucional de ese poder. Es el vehículo a través del cual se manifiestan los intereses económicos de los países centrales, sus multinacionales y financistas –con Estados Unidos a la cabeza–, estableciendo alianzas al interior de los países con otros sectores concentrados del capital para imponer condiciones al resto de la sociedad. Las principales cámaras empresarias nacionales han sido muy hábiles en el pasado para escudarse detrás de los técnicos del Fondo y dejar que fueran ellos los que presionaran por políticas que los tenían como beneficiarios, especialmente en el campo laboral.

La Argentina se liberó de esa subordinación a los mandatos del FMI en enero de 2006, cuando Néstor Kirchner canceló de una vez los casi 10.000 millones de dólares adeudados a la institución. Fue una bisagra, un quiebre para todo lo que vino después. Sin esa recuperación de soberanía en el manejo de la política económica no hubieran sido posibles la estatización de las AFJP, YPF o Aerolíneas Argentinas; ni la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para mandatarlo a cuidar el crecimiento económico y el empleo; ni planes como el Repro para pagar una porción de los salarios a los trabajadores de empresas en crisis; ni la ampliación del déficit fiscal para que el Estado saliera en rescate del sector privado frente a shocks externos; ni Precios Cuidados; ni las barreras a los capitales golondrina; ni obligar a bancos y compañías de seguros a financiar a las pymes y la economía real; ni la protección a la industria nacional frente a los productos importados; ni el desendeudamiento del Estado; ni las más de 70 leyes para restablecer derechos a los trabajadores. La enumeración de medidas es mucho más extensa y abarca prácticamente todos los campos, porque un proyecto de desarrollo nacional basado en su aparato productivo, el avance tecnológico y el consumo popular involucra una agenda que va en sentido opuesto a lo que representa el FMI.

El modelo de Cambiemos es el de la valorización financiera y para ello retomar el vínculo con el Fondo Monetario es un paso necesario. Cuando Alfonso Prat-Gay dice que el Gobierno acepta el retorno de las auditorías a la política económica porque no tiene nada que ocultar confirma que la estrategia es profundizar la doctrina neoliberal que el FMI avala. Por ahora el restablecimiento del vínculo aparece limitado a las revisiones anuales de la economía, en el marco del Artículo IV del estatuto del organismo. Sin embargo, el ministro y otros funcionarios anticiparon que se buscará afianzar la relación con el Fondo y el Banco Mundial, por lo cual las negociaciones para un acuerdo de financiamiento del propio FMI no tardarían en llegar.

El argumento para conseguir dólares del Fondo seguramente será que sus créditos son más baratos que los de mercado, por lo que no tiene sentido desaprovechar la oportunidad. El esfuerzo de la última década para liberar al país de la presión de los acreedores será reemplazado por una renovada carga de intereses. Y si el FMI se convierte otra vez en prestamista, a las auditorías anuales del Artículo IV se agregarán las revisiones trimestrales del acuerdo de financiamiento. La contaminación de la agenda económica nacional con esas visitas es conocida por los argentinos por la experiencia de los ‘90, cuando tecnócratas de la India, Chile o Italia se paseaban por la ciudad seguidos por móviles de televisión y radio como si fueran estrellas de cine. El Fondo no cambió entre aquellos años y el presente, de lo cual pueden dar testimonio los griegos, forzados hasta a desprenderse de edificios históricos para pagar a los acreedores. La orientación del gobierno argentino también es la misma que entonces, una combinación que constituye una amenaza cierta para el bienestar de las mayorías.