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Silvio Berlusconi les asestó un mazazo a los inmigrantes ilegales. El Consejo de Ministros de Italia aprobó ayer un proyecto de ley para reintroducir el delito de inmigración ilegal. Si prospera, aumentará el período de arresto de los indocumentados. Así, con pocas críticas de la oposición, Italia se puso a la cabeza de España y Francia, que vienen endureciendo los controles migratorios. “Las nuevas medidas harán más fácil la expulsión (de los inmigrantes)”, dijo el ministro del Interior, Roberto Maroni, de la xenófoba Liga del Norte.

Ayer, el gabinete de Berlusconi se unió a la cruzada y aprobó 30 medidas para garantizar la “seguridad”, entre las que figuran varias contra la inmigración ilegal. “El Estado debe garantizar a todo ciudadano el derecho a no tener miedo”, dijo el premier conservador, al anunciar el paquete.

En una conferencia de prensa, los ministros explicaron durante más de una hora las medidas adoptadas, que incluyen además artículos para combatir la mafia, suprimir ciertos impuestos y hacer un enésimo intento de arreglar la crisis de la basura en Nápoles. Uno de los puntos más fuertes del paquete es el que tipifica por segunda vez la inmigración ilegal como un delito con penas que van de seis meses a cuatro años de cárcel.

Además, bajo el proyecto de ley, la entrada de familiares del inmigrante legal sería reducida a la de sus hijos y padres. Y como ocurre actualmente en la Francia de Sarkozy, los padres serían sometidos a exámenes de ADN, política que ha suscitado indignación entre organizaciones no gubernamentales y católicas de la región.

El plan también incluye una serie de medidas “urgentes”, que entrarían en vigor inmediatamente a través de un decreto ley. Una de ellas aumenta en un tercio la pena a los extranjeros ilegales que cometan delitos. Otra extiende el período de reclusión de los indocumentados en los centros de permanencia temporales a la espera de una expulsión, tal como dispuso el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España. En Italia, la reclusión pasará de dos meses a 18, muy por encima de los 60 días que tolera España.

En momentos en que países del Este se incorporan a la Unión Europea (UE), Berlusconi también pondrá el ojo en los ciudadanos del bloque, quienes deberán cumplir mayores requisitos para residir en suelo italiano. “Los ciudadanos deberán tener ingresos adecuados para poder mantenerse y mantener a su familia y no obligar al Estado a cubrir su seguridad social”, señaló el ministro de Interior, Roberto Maroni.

Pero los inmigrantes no serían los únicos perjudicados. El gobierno de centroderecha también penalizaría a los italianos que alquilen casas y departamentos a los sin papeles, confiscando sus viviendas o bien condenándolos a penas de cárcel y multas que oscilan entre 10.000 y 50.000 euros.

El premier y magnate de los medios siempre mostró interés en el tema migratorio. En su anterior mandato, entre 2001 y 2006, promulgó una ley que consideraba delito la inmigración clandestina. Sin embargo, la norma fue declarada parcialmente inconstitucional en el año 2004. Ahora el gobierno tiene muchas posibilidades de aprobar este proyecto de ley antes de julio, ya que cuenta con mayoría en ambas Cámaras del Parlamento.

“Por más que levanten muros, van a seguir pasando los inmigrantes. Para resolverlo, hay que distribuir mejor el ingreso”, señaló a Página/12 el diputado independiente Ricardo Merlo.

El diputado explicó que a partir del ingreso de Rumania y Bulgaria a la UE, la diferencia de ingresos entre los países llevó a que la gente se trasladara hacia naciones como Italia. “No todos tienen trabajo, entonces forman asentamientos y los italianos quieren echarlos”, añadió.

Según Merlo, hasta ahora la oposición a estas medidas ha sido tibia o directamente nula. “Ni el Partido Democrático quiere oponerse a algo que se sabía que iba a pasar y que tiene consenso social”, concluyó.

Informe: Juan Manuel Barca.