Un grupo de campesinos ocupó ayer una finca cerca de Asunción, para presionar al gobierno de Fernando Lugo con la reforma agraria anunciada en su campaña. Las organizaciones campesinas advirtieron que el gobierno tiene hasta mañana para pronunciarse sobre unas 3000 hectáreas que fueron vendidas a 16 colonos brasileños, según ellos en forma irregular.

La toma se da a poco más de dos meses de que el ex obispo asumiera la presidencia por la Alianza Patriótica para el Cambio, una coalición de nueve partidos políticos, organizaciones sindicales, sociales y campesinas, algunos de ellos contrarios a la reforma agraria. Los voceros habituales del oficialismo no hablaron de la toma ayer, pero el vicepresidente Federico Franco reafirmó la intención del gobierno de trabajar en una reforma agraria como parte de una “política de desarrollo rural integral”.

La hacienda ocupada, de 1500 hectáreas, está en el departamento de San Pedro, 360 kilómetros al norte de Asunción. Los campesinos también cortaron caminos aledaños a la finca. Bloquearon el paso de dos cosechadoras, tractores y un camión, y anunciaron que el corte seguirá.

El líder campesino Anselmo Villagra, exigió la presencia del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Alberto Alderete. “Es tierra mal habida, que ahora está en manos de una empresa”, reclamó. Según Villagra hace más de dos años que reclaman la expropiación la propiedad, que habría sido entregada durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), de forma irregular a personas no sujetas a la reforma agraria.

Alderete contestó que garantizará la tenencia de la tierra si los propietarios han solicitado sus lotes antes del 29 de diciembre de 2004. Pero si la solicitud fue posterior el Indert intervendrá, aseguró el funcionario. “Procederemos a revertir esos lotes de su dominio y a adjudicarlos a los reales beneficiarios”, explicó.

Ya son varios los grupos de personas sin tierra que acampan frente a distintos sembradíos de soja de hacendados brasileños en San Pedro y Alto Paraná, cerca de la frontera.

Para la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y sectores de empresarios rurales, el problema es que los campesinos venden sus derechos de propiedad, en general a agricultores brasileños, en cuanto el gobierno les adjudica una parcela. “La gente está perdiendo la paciencia en el campo, está siendo agredida y tiene que andar con guardias”, afirmó el presidente de la ARP, Juan Néstor Núñez.

Para el gobierno paraguayo la situación está bajo control. “El gobierno tiene capacidad para mantener el orden en San Pedro y otros departamentos del país”, dijo el ministro de Interior, Rafael Filizzola.