Desde Alto Parapetí

El lugar es paradisíaco, la casa es muy linda, pero se hace inevitable pensar en los miles de humillaciones, golpes, violaciones y deshumanizaciones que desde hace más de cien años soportan estas tierras. Huaraca es la estancia de Mario Malpartida, “un cruel hacendado”, lo define una de sus víctimas, el abogado guaraní Ramiro Valle Mandepora. Un hacendado más que concentra algunas de las 157 mil hectáreas correspondientes al Territorio Comunitario de Origen (TCO) Alto Parapetí, cuyo título será del pueblo guaraní, si se cumple el deseo del gobierno nacional y los indígenas. En el Chaco boliviano, que abarca parte de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, se calcula que hay entre 500 y 800 familias guaraníes sometidas a “servidumbre análoga a la esclavitud”, como constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en junio pasado. Y evidenció que la manera más saludable de liberarlos es devolviéndoles su territorio. Durante todo 2008, el gobierno intentó ingresar en Alto Parapetí para averiguar a quién pertenecen las tierras y para contactar a los guaraníes cautivos. Pero los hacendados se resistieron violentamente, porque si se demuestra que se valen de mano de obra esclava para reproducir sus fortunas, el Estado se apropiará de esas superficies y las entregará a las víctimas. Luego de meses de batallas perdidas, el Viceministerio de Tierras pudo ingresar con grupos especiales de la Policía Nacional.

La pulseada empezó el 13 de abril pasado, cuando técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) trataron de ingresar en Alto Parapetí, al sur de Santa Cruz, acompañados de 300 guaraníes. El anuncio había provocado una rebelión de los hacendados, que sacaron peones y tractores a bloquear todos los caminos de la zona para evitar la entrada de los funcionarios del Estado. Faltaban pocas semanas para el referéndum autonómico del 4 de mayo y los terratenientes exigían que sus predios fueran peritados por el Instituto Departamental de Tierras, organismo creado por ese estatuto. Así, el “gobernador” Rubén Costas, prefecto cruceño, sería el encargado de otorgar títulos de propiedad. Ya no el presidente de Bolivia.

Hubo una emboscada y más de 50 guaraníes resultaron heridos. Tres personas que fueron golpeadas y torturadas quedaron detenidas en el cuartel de Cuevo: el abogado Valle, la periodista Tanimbu Estremadoiro y el camarógrafo argentino Fernando Cola. El comandante de la guarnición no les permitía salir porque, según la alcaldesa, los pobladores de Cuevo tenían la intención de lincharlos. Pasados tres días, los detenidos comenzaron una huelga de hambre hasta que los sacaran del cuartel. Al instante, los disfrazaron de soldados y se los llevaron de Cuevo en una ambulancia.

Valle es asesor jurídico de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), organización que comenzó en 1996 el reclamo de 10 millones de hectáreas a favor de este pueblo. Finalmente, el Estado aceptó la cesión de dos millones de hectáreas. Alto Parapetí sería parte del territorio.

Hacendados rebeldes

En marzo, Valle había participado de una reunión con los hacendados rebeldes, que tenían el apoyo de la prefectura y de todos los alcaldes y comités cívicos de la zona. “Estaban los alcaldes de Lagunillas, Antonio Paniagua; de Gutiérrez, Alfonso Alvarez; de Cuevo, Sonia Guthrie; el subprefecto de Cordillera, Marcelino Apurani, representantes del comité de Santa Cruz y otras autoridades locales. En esa reunión empezaron a exponer temas políticos para desprestigiar el nuevo texto constitucional. Decían que Bolivia se iba a transformar en un Estado comunista, que las tierras iban a pasar a manos del Estado, que no habría la famosa transferencia de propiedad y sucesión hereditaria. Decían que el petróleo, los recursos naturales, el agua, iban a pasar a manos del pueblo guaraní y la TCO. Nosotros solamente exigíamos que se ejecutara el proceso de saneamiento con la ley vigente, acorde con la Constitución actual. En ese momento, el proyecto de nueva Constitución era un borrador que no tenía aplicación. Pero los hacendados se agarraron de ese tema como una excusa para obstaculizar y truncar los sueños de nuestros hermanos aún cautivos en su propio territorio”, dijo Valle a Página/12.

Las denuncias por las agresiones en Cuevo nunca fueron atendidas por la Justicia, fundamentalmente porque varios funcionarios de este poder tienen lazos de amistad o de sangre con los acusados, integrantes de grupos políticos y económicos que pretenden dominar el oriente boliviano. En 2008, paralelamente a Cuevo, el país atravesó toda clase de enfrentamientos por la causa de la nueva Constitución –impulsada por el presidente, Evo Morales– y los estatutos autonómicos de la entonces llamada Media Luna, cuyos titulares eran los prefectos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.

Durante el intento de golpe de Estado de septiembre, el Ministerio Público creó la Comisión Especial de Fiscales, cuya misión sería investigar los delitos allí donde el Poder Judicial estuviera amordazado por las autoridades locales. Por el caso de Cuevo, habían pasado seis fiscales que soltaron rápido el expediente. Hasta que intervino la comisión especial, que citó a declarar en La Paz a Mario Malpartida y a Ernesto Chávez, dos terratenientes identificados en las agresiones de abril. Como no concurrieron, se ordenó la detención de ambos.

En octubre, luego del “Gran Acuerdo Nacional” entre las fuerzas políticas que permitió convocar a referéndum constitucional, el gobierno recuperó el control del país, especialmente del oriente. Entonces decidió concluir la tarea en Chaco.

De vuelta en Alto Parapetí

El regreso a Alto Parapetí había sido anunciado por el Decreto Supremo N 29802, firmado por el presidente en ejercicio, Alvaro García Linera, el pasado 19 de noviembre. Allí, daba una lista de los tratados internacionales contra la esclavitud a los que adhiere Bolivia, además de las leyes vigentes sobre el tema. Y determinó que el INRA “emitirá una guía que establezca los criterios, la metodología y procedimientos para verificar y establecer la existencia de sistemas servidumbrales, trabajo forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud de familias o personas cautivas o formas análogas, en materia agraria”. Según las leyes vigentes, si se demuestra que un propietario tiene esclavos, el Estado puede disponer de esas tierras y titularlas a favor de las víctimas.

El jueves 20, funcionarios del Viceministerio de Tierras, el INRA y decenas de uniformados ingresaron en Alto Parapetí por Caraparicito, la estancia de Ronald Larsen, un ciudadano de Montana, Estados Unidos, que tendría 15 familias guaraníes cautivas. Allí, en febrero habían sido secuestrados por varias horas y amenazados de muerte el viceministro, Alejandro Almaraz, y el presidente de la APG, Wilson Changaray, además de seis empleados públicos e indígenas. La semana pasada, los peones de Larsen recibieron con bala a los funcionarios y a la Policía Nacional. Estos últimos entraron en casa de Larsen, detuvieron a tres personas, pusieron en fuga a varias más y decomisaron armamento de caza y de guerra.

Los patrones

“No sabes, hermanito, lo que sentí en casa de ese gringo, después de todas las que nos hicieron pasar”, dijo a este diario un técnico del INRA. El lujo y esplendor de lo de Larsen chocan con la pobreza a la que son sometidas decenas de guaraníes a su alrededor. La policía sólo encontró a los peones. El jacuzzi estaba vacío, nadie recorría el zoológico privado que tiene entre sus 15 mil hectáreas. Se dice que Larsen no está en Bolivia.

Tampoco Malpartida ni Chávez. Los patrones que desde hace décadas esclavizan comunidades, compran y venden tierra con los guaraníes como parte del paisaje, de pronto desaparecieron. Algunos terratenientes se refugiaron en Santa Cruz, donde sus familiares iniciaron una protesta en la plaza central contra “los atropellos del gobierno masista”. Por ahora, las estancias ocupadas por la fuerza pública son Huaraca, Caraparí y Buena Vista, de René Chávez. Garantizarán que el INRA pueda hacer el saneamiento.

Actualmente, las pericias transcurren en el municipio de Camiri. Se calcula que en un mes habrán concluido. En enero, continuarán el relevamiento en los municipios de Cuevo y Lagunillas, que también serán parte de la TCO.

En un pronunciamiento, los cívicos de Cordillera y la Asociación de Ganaderos de Camiri acusaron al gobierno de cometer “actos delictivos, con allanamiento a propiedades privadas, maltratando y torturando a ciudadanos bolivianos sin razón fundada, privando de libertad a humildes guaraníes, atentando contra derechos y principios constitucionales y universalmente consagrados”.

Por ello convocaron “a la unidad en defensa de la legalidad, la constitucionalidad, la democracia, la libertad y el estado de derecho, a defender lo que por historia y en justicia nos corresponde”.

Los terratenientes, autoproclamados “víctimas”, acusan al gobierno de todo tipo de ilegalidades. Algunos sostienen que los policías los torturaron y les mandaron a matar ovejas y gallinas para cocinarlas. La voz principal de los ganaderos la tiene el presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Guido Nayar, que hace años fue –cuándo no– ministro de Gobierno (Interior) del ex dictador Hugo Banzer.

“Rechazo completamente estas insinuaciones de alguna persona y tendrán que demostrarlo. Fueron los propios terratenientes y latifundistas quienes acudieron a la violencia hace unos meses para evitar el saneamiento”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

“Si vuelven a hablar de comités de defensa armados, como hicieron hace algunos meses, tendrán que saber que va a haber una respuesta del Estado con la fuerza legal y constitucional”, agregó el ministro.

El gringo Larsen

Luego de abril, cuando el gobierno fue expulsado de estas tierras, los hacendados y la Prefectura iniciaron un plan dentro de la TCO con el espíritu de quitar los deseos de libertad a los guaraníes esclavizados. Se dice que los latifundistas comenzaron a pagar 30 bolivianos (cuatro dólares) por la jornada de trabajo, que generalmente consiste de 14 horas. Antes de abril pagaban 15 bolivianos por día. “Pagaban” es una forma de decir, porque pocas veces el peón guaraní ve algo del dinero. Es costumbre que los patrones paguen en especias, como alimentos y una muda de ropa al año. Quién pone el precio ya se sabe, de modo que los guaraníes quedan permanentemente endeudados. Y las deudas serán la herencia de sus hijos.

La Prefectura, por su parte, empezó a enviar alimentos como parte de un programa gubernamental. También trajo un plan de viviendas, pero en las comunidades aseguran que los regalos se reparten sólo a los guaraníes autonomistas. Los indígenas que exigen el respeto de los derechos básicos quedan de lado por revoltosos. Si los siervos no son dóciles, la opción patronal es expulsarlos de la hacienda, sobre todo para ahorrarse los problemas legales que pudieran ocasionarles.

El gobierno prevé que con el avance del saneamiento de Alto Parapetí, varios hacendados se desharán de los guaraníes que tienen cautivos. Por eso, mediante decreto se comprarán “dos o tres haciendas”. Según el viceministerio una de ellas será Caraparicito, de Larsen. Inmediatamente, estos predios serán entregados al pueblo guaraní como adelanto de la TCO. Allí podrán asentarse los que fueron expulsados.

Miguel Corrales es responsable de Salud de la comunidad yaití, cuyas 15 familias están cautivas de la estancia homónima de Luis Chávez, según denuncia la APG: “Desde abril que no trabajamos más para ellos. A nosotros no nos quieren dar trabajo, aparte no nos pagan bien, no nos conviene. Ahora vino la Prefectura con la construcción de viviendas, pero dieron a la comunidad vecina, El Recreo, y a nosotros nos dejaron a un lao. Pedimos que el gobierno investigue lo que hace la Prefectura. A la otra comunidad la dejaron como autonomista. Antes los guaraníes estábamos bien organizados. No puede ser que un hacendado nos haga esto, engañe a la gente para que nos estemos peleando. Ahora tenemos que luchar por nuestros hermanos esclavizados, por eso apoyamos el trabajo del INRA”.

“No he estudiado ni un día”, contestó Andrea Cerezo Bejarano cuando le preguntaron si sabía leer y escribir. Mientras desgranaba maíz para hacer mote, contó que sirvió como cocinera en Villa Mercedes, “la hacienda de don Alejo Chávez. Ahí nació y ahí murió mi papá. Yo viví en la comunidad hasta los 15 años, cuando mi abuelita murió. Entonces mi papá me llevó a la hacienda. Le pidió al patrón tela porque yo no tenía ropa. En esa época nos daban tela y nos costurábamos. El patrón, en vez de poner la tela a cuenta de mi padre, la puso a cuenta de mí. Así que me puso a trabajar para pagar mi deuda propia. Yo trabajaba y nunca sabía la deuda que pagaba. Nunca veía la plata”.

Andrea cocinaba desde las seis de la mañana hasta las 9 de la noche, lo habitual cuando se es esclavo en la hacienda. Hacia 1980, los guaraníes crearon la APG para defenderse de tantos atropellos. “Cuando llegó la organización de indígenas, los patrones nos decían ‘aquí es privado, no van a poder trabajar en grupo’. Igual seguimos luchando.”

Muchas veces, los guaraníes tienen que servir en otras haciendas donde, aunque poco, pagan con dinero verdadero. “Nunca reconocieron a nuestros padres, que dieron todo su sudor al patrón. Entonces si no pagan, nos vamos a otro lado a trabajar. Y cuando regresamos nos dicen ‘¿por qué no se van de una vez?’. Pero nosotros somos de ahí, es nuestra tierra. No vinimos de otro lado a vivir. Pero ahora vivimos dentro de la propiedad privada, no tenemos tierra. Por eso queremos tierra para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos.”