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Madrugada del 18 de mayo de 1976. La patota irrumpe en la entrada del hotel Liberty del centro porteño. Son unos diez hombres que visten de civil y operan a cara descubierta. No tienen apuro. Antes de dirigirse a la pieza 75, al fondo del pasillo, se detienen a dialogar con el encargado del establecimiento.

“¿Se pueden identificar?”, corajea el encargado.

“Nos identifican nuestras armas”, contesta el jefe de la patota, mostrando el fierro. “Estamos en guerra contra el marxismo.”

En la pieza 75 Zelmar Michelini hijo, entonces 22, dormía con su hermana Margarita y su papá, el senador Zelmar Michelini. Despierta, escucha ruidos. Por un instante piensa que es su papá volviendo después de su cena con Luis, otro hermano que está en Buenos Aires pero no vive con ellos. Pero no, su padre está ahí y el ruido llega a la puerta. La patota irrumpe en la pieza a eso de las tres de la mañana. A Zelmar hijo le cubren la cara. A su hermana también. Al senador le dicen que se vista, le dicen “te llegó la hora,” le dicen “te vamos a desfigurar tu linda cara”, recuerda haber escuchado Zelmar hijo. Después se lo llevaron.

Horas más tarde fue secuestrado, también en Buenos Aires, el presidente de la Cámara baja de Uruguay, el diputado blanco Héctor Gutiérrez Ruiz. Tres días más tarde sus cadáveres aparecieron en General Paz y Dellepiane. Miles asistieron a los funerales en Montevideo, el 23 y el 24, y sufrieron una violenta represión.

El caso Michelini-Gutiérrez Ruiz se hizo famoso en el mundo porque fue una de las primeras evidencias y consecuencias del nefasto Plan Cóndor, pergeñado por las dictaduras para coordinar acciones represivas en el Cono Sur.

Después del secuestro, Zelmar hijo permaneció tres meses más en la Argentina buscando a su padre y después se fue a vivir a París, donde actualmente se desempeña como periodista de la agencia France-Presse. Desde hace años colabora con el movimiento por los derechos humanos en el Uruguay y actualmente dirige la Fundación Zelmar Michelini, que busca justicia para el asesinato de su padre. Tiene nueve hermanos y hermanas, una de las cuales también fue secuestrada por la misma patota de Orletti, pero reapareció con vida en Uruguay.

Atardecer de otoño en San Telmo. Patio de piedritas en el pulmón de manzana. Claroscuros y plantas de maceta. Muebles de jardín todos pintados de blanco. Clima tranquilo. Sentado a la mesa, Zelmar Michelini hijo, cincuenta y pico, anteojos, canas, camisa abierta y saco de corderoy, cuenta la historia que le tocó vivir.

Esa historia lo trajo a Buenos Aires, a la sede del Cels, la del patio con piedritas, para hablar con su abogada Carolina Varsky. El CELS representa a su familia ante la Justicia argentina desde junio de 1983. Zelmar hijo vino a testificar ante el tribunal que juzga a un grupo de ex militares por la responsabilidad de mando en el asesinato de su padre. “El secuestro se produjo en un marco de total impunidad, con la zona liberada. Nadie nos quiso tomar la denuncia y cuando fuimos a la comisaría nos dijeron que nosotros sabíamos dónde estaba mi padre.”

El caso forma parte de una megacausa en la que se juzgan cientos de asesinatos y desapariciones cometidos por el Ejército durante la dictadura en el ámbito de la Capital Federal.

La historia no terminó. Esta misma semana, mientras Michelini hijo testificaba en Buenos Aires, una jueza en Montevideo anunciaba la reapertura de otra causa por el mismo tema, esta vez contra los responsables materiales, la patota uruguaya que operaba desde el centro clandestino de tortura conocido como Automotores Orletti. Los acusados ya están muertos, prófugos o presos por otras causas.

También esta semana la Corte Electoral uruguaya recibía 325.000 firmas para lanzar un plebiscito con el fin de anular la llamada Ley de Caducidad. Se trata de la ley de impunidad que durante años congeló la causas contra los asesinos de Michelini y de los cerca de trescientos muertos y desaparecidos uruguayos.

Por eso Zelmar hijo está contento. “Me da mucha alegría porque la lucha no fue fácil.” En la Argentina, el caso de su padre había sido incluido en la Conadep y Margarita Michelini había testificado en el Juicio a las Juntas. La causa tuvo avances y retrocesos, pero nunca se cerró. En cambio, en Uruguay la investigación judicial se archivó en 1986, cuando fue sancionada la Ley de Caducidad. Esa ley, ratificada en un plebiscito en 1989, sigue vigente y otorga inmunidad a los militares por los crímenes de la dictadura. La ley tenía –tiene– la particularidad de delegar en un organismo extrajudicial, el Poder Ejecutivo, la facultad de decidir cuáles casos deben ser incluidos en la ley.

Zelmar hijo había sido un puntal de la campaña en contra de la ley y se sintió muy frustrado cuando perdieron el plebiscito. “Fue por culpa de la Corte Electoral, que es conservadora, y que demoró tres años el plebiscito para darle tiempo a la campaña oficial de Sanguinetti y para que cambiara el clima político, porque al principio la gente estaba en contra de la ley”, explica.

El clima volvió a cambiar en el ’94, con el triunfo del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez y la llegada de dos hermanos de Zelmar hijo al Parlamento uruguayo: Rafael, elegido senador, y Felipe, flamante diputado. Así como Sanguinetti incluía casi automáticamente cualquier caso en la Ley de Caducidad, aun los crímenes cometidos antes del golpe, Vázquez empezó a hacer lo contrario. Aprovechando las excepciones admitidas por el Ejecutivo, la Justicia uruguaya reactivó las causas.

“Entre 1989 y 1994 la agenda de derechos humanos había desaparecido de Uruguay. Después empezamos a elaborar una estrategia inspirada en el ejemplo argentino. Así como nosotros vimos que el secuestro de bebés había sido excluido de las leyes de impunidad, empezamos a buscar agujeros en la Ley de Caducidad y así empezamos a apuntarles a los civiles, que no estaban incluidos en la ley. De ese modo logramos el procesamiento y encarcelamiento del ex presidente Bordaberry y el del ex canciller Blanco por su responsabilidad en el crimen de mi padre.”

Poco antes de morir, el senador Michelini le había entregado una carta en sobre cerrado al periodista Roberto García, responsabilizando a Blanco por cualquier cosa que pudiera pasarle, cuenta Zelmar hijo.

Ahora les llegó el turno a los autores materiales. Esta semana la Justicia uruguaya accedió a investigar también a los militares uruguayos que habrían participado en el asesinato, después de que el Ejecutivo dictaminara que el caso no encuadra en la Ley de Caducidad porque el crimen fue cometido fronteras afuera de Uruguay.

“Aunque tenemos una ley de impunidad que sigue vigente, gracias al accionar de los organismos de derechos humanos, familiares y abogados, tenemos a los responsables civiles y militares y a los ejecutores militares del crimen de mi padre en la cárcel.”

Pero la alegría no es completa. “Conociendo a mi padre, yo sé que él no querría que su caso fuera especial, querría la misma justicia para todas las víctimas de la dictadura.”

Con las firmas que se juntaron esta semana, la derogación de la Ley de Caducidad podría plebiscitarse durante las presidenciales de octubre. “Si la Corte demora otra vez el plebiscito, tendremos que pedirle al Congreso que derogue la ley sin más vueltas.”

La historia no terminó, pero se va cerrando un capítulo importante, el del gobierno de Tabaré Vázquez. Para Zelmar hijo, la primera gestión del Frente Amplio quedó en deuda con los organismos de derechos humanos. “Tendría que haber sido este gobierno el que anulara la ley de impunidad. Hubiera sido un acto simbólico. Fíjese qué importante fue para el gobierno de los Kirchner haber impulsado la derogación de las leyes de impunidad, la confianza que generó en la sociedad.”

Zelmar Michelini hijo tiene una historia y sabe contarla. Sin estridencias, sin golpes bajos, dejando que las palabras carguen con el peso emocional del relato. Cuenta en la tarde de San Telmo, con la cadencia pausada de los uruguayos y el acento neutral de los ciudadanos del mundo, una historia que es su historia pero que es mucho más grande que él.

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