Desde Santiago

Tras la muerte del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, los ánimos en la zona se encendieron otra vez. Mendoza Collío había sido baleado por la espalda hace unas semanas por un carabinero, que actuó en “defensa propia”, según dice, cuando participaba en el desalojo del predio San Sebastián, en la región de la Araucanía. La vieja y repetida historia de policías repeliendo a encapuchados que se han tomado la propiedad de los latifundistas no parece tener solución.

Los organismos internacionales reclaman por un excesivo uso de fuerza policial, militarización del conflicto, la aplicación de la Ley Antiterrorista y de Justicia militar y por la ausencia de planes de restitución de tierras. Tras el asesinato de Mendoza Collío, la presidenta Michelle Bachelet envió una comisión especial de alto nivel a la zona caliente, pero todo sigue confuso.

Los lonkos o caciques están decepcionados. Entienden que el reconocimiento constitucional –luego de la promulgación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)–, que reafirma la existencia de los pueblos originarios en la legislación chilena, sólo pretende blanquear al Estado. Falta –alegan– una real restitución de tierras, becas, hogares y oportunidades de desarrollo, no balas y muertes por la espalda.

Las movilizaciones no paran. La demanda por las tierras ancestrales sigue, mientras no sea la propia Bachelet quien los reciba, dicen los lonkos. Desde La Moneda, la presidenta no confirmó viaje alguno, apostando por un diálogo que a esta altura ya es de sordos.

Para entender las claves de este conflicto, Página/12 entrevistó al investigador Marcelo Garay. Experto en el tema mapuche, el profesional fue apresado ejerciendo su trabajo en la región y aquí comparte parte de su experiencia:

–¿Cómo puede entender un argentino el conflicto mapuche en Chile?

–Para que se comprenda, esto es exactamente lo mismo que la Campaña del Desierto de Roca. Incluso, en el caso de la República Argentina, ésta fue mucho más avasalladora, pasó por encima en búsqueda de la Patagonia, que también es territorio mapuche. Si te fijas, los mapuches al sur de la República Argentina, en Puelmapu, están sufriendo lo mismo que los mapuches en el sur de Chile. La Campaña del Desierto es similar a lo que acá se denominó la pacificación de la Araucanía y que derivó en leyes facilitadas luego de sangrientas campañas del ejército chileno a fines del siglo XIX, lo mismo que habían hecho antes los españoles.

–Un conflicto de nunca acabar.

–El único gobierno en la era republicana chilena que dijo que había que devolverles la tierra a los mapuches fue el de Salvador Allende (1970-1973) y eso lo reconocen diversos historiadores. En esa época se les devolvió la mayor cantidad de hectáreas y los mismos mapuches lo reconocen. El gobierno de Allende consideró a los mapuches un pueblo o al menos estaba la intención de reconocerlos, así se manifestó públicamente. Con la dictadura de Pinochet, el tema se encendió otra vez y lo que está ocurriendo ahora es una consecuencia de eso, una nueva ocupación militar para garantizar la propiedad de la tierra como concepto de propiedad privada que lo incorporó la dictadura militar con la parcelación. Con eso se le incorpora al mapuche el concepto de propiedad privada y se pierde el sentido que tenían de vivir en comunidad. Entonces qué ocurre, se dice que el mapuche es flojo, cochino. Además, el ferrocarril desde el punto de vista del desarrollo capitalista rompe el eje en las relaciones entre el norte y el sur, entonces el mapuche se ve obligado a cambiar sus relaciones de intercambio de océano a océano, entre Wallmapu y Puelmapu.

–¿Aún se los mira como los pobres del campo?

–Siempre se los ha mirado así. En la época de Allende, especialmente el movimiento campesino revolucionario decía que la tierra es para quien la trabaja y la dictadura redujo –por ley– la cantidad de hectáreas para los mapuches. Cuando llegaron los españoles a Chile, los mapuches ocupaban 30 millones de hectáreas, hoy tienen 320 mil y estamos hablando de una población aproximadamente de un millón y medio de mapuches.

–Chile recuperó la democracia en 1990. ¿Qué papel ha jugado la Concertación en el tema?

–Los gobiernos de la Concertación no han hecho ningún avance. Se creó una ley indígena que se convirtió en un instrumento para hacer política de asistencialismo que después se convirtió en corruptela en la compra de tierras para los latifundistas. Un avance importante habría sido el reconocimiento de los pueblos originarios y eso recién ahora en septiembre entrará en vigencia porque Chile suscribió el convenio 169 con la OIT.

–¿El mapuche, para salir de la pobreza, necesita realmente ayuda o puede por sí solo?

–Mapuche significa gente de la tierra, pero no es sólo una definición semántica, sino que tiene que ver con su cosmovisión. Los mapuches sin la tierra no son nada, entonces ellos trabajan la tierra y no lo hacen en la lógica de la acumulación, a diferencia del latifundista. La trabajan para garantizar la sobrevivencia porque hay una cuestión religiosa, de rituales y respeto que no tiene que ver con la lógica capitalista de las empresas forestales. Claro, en el sentido común está que el mapuche es flojo, que no le trabaja un peso a nadie. Muchos se preguntan para qué las quieren si no las van a trabajar, eso es porque no tienen la lógica de la acumulación. Hay otro factor que tiene que ver con políticas de Estado en cuanto no se reconoce del Estado a la Nación Mapuche. Acá existen subsidios para las empresas forestales que por lo demás han hecho un daño al medio ambiente increíble, donde casi no hay bosque nativo. Las forestales se aprovechan de la pobreza y a una comunidad, por ejemplo, le arriendan a 100 mil pesos (180 dólares) mensuales un espacio para plantar pinos, aprovechándose claramente de la situación de pobreza e ignorancia.

–En dictadura, debido a la pobreza, hubo un éxodo importante a las ciudades, ¿ellos reconocen la pérdida de la identidad al carecer de tierras?

–En Santiago hay unos cientos de miles de mapuches que debido a todo esto han perdido su identidad y han buscado otros trabajos para poder vivir. Se debe considerar que ellos tienen una histórica desconfianza hacia los no mapuches e incluso con la izquierda tradicional chilena, pues no actuó con responsabilidad y ahí hubo un quiebre con el mapuche. La izquierda extraparlamentaria está ahora en el plano de la solidaridad porque hay un tema de derechos humanos importante en este conflicto y como izquierda no pueden descuidarse. Hoy día la representación más política la tiene la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que es una organización político–militar dentro del pueblo mapuche. Además de las propias comunidades mapuches, la CAM lidera acciones en el proceso de recuperación de tierras con el legítimo derecho a rebelarse y enfrentar a una fuerza policial que viene haciendo el papel de guardián de las empresas forestales. De hecho, hay campamentos militares dentro de las forestales. A mí los carabineros me quitaron la cámara y la grabadora por el solo hecho de sacar una foto a un campamento militar dentro de un territorio mapuche (ver recuadro). Han arrinconado a las comunidades.

–¿Cuál es el aporte del gobierno de Michelle Bachelet?

–El gobierno recién entendió con la muerte de Mendoza Collío que la política represiva que ha implementado el Ministerio del Interior es la responsable de que el conflicto esté como esté. Esa muerte le jugó en contra, pues al funeral llegaron más de cuatro mil personas, que en número puede significar poco, pero acudieron todas las comunidades, lo que no había ocurrido antes. Hay un tema de unidad de la comunidad mapuche, que indica que el gobierno debe cambiar el modo de actuar, que vaya Rodrigo Egaña (encargado de asuntos indígenas del gobierno) para allá da lo mismo, porque no son capaces y tampoco hay disposición para dialogar. Chile está en los ojos del mundo, porque sigue matando mapuches. En estos minutos hay casi 300 mapuches que están procesados, perseguidos o presos. El gobierno se dio cuenta de que la criminalización del conflicto no es la vía para resolver el problema. No es bueno que el problema esté en manos del Ministerio del Interior, de la policía y de la Agencia Nacional de Inteligencia para resolverlo. Toda esta supuesta relación de los lonkos con la ETA y las FARC son inventos, justamente, de esta lógica de criminalizar y satanizar a las comunidades. Eso es mentira y es un montaje que a veces les ha funcionado, pero no resuelve nada.