El presidente brasileño tuvo que ceder ante las presiones de la cúpula militar para conservar su Plan Nacional de Derechos Humanos. Ayer Luiz Inácio Lula da Silva se reunió por la mañana con los dos miembros de su gabinete que habían amenazado con renunciar, su ministro de Defensa, Nelson Jobim, y su secretario de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi. Los sentó y los obligó a aceptar un punto medio: se creará una Comisión de la Verdad para investigar todos los crímenes de la dictadura, los cometidos por los militares y el régimen de facto y también los cometidos por los grupos armados de la resistencia. Al salir del encuentro, Jobim se mostró conforme. “Yo estoy satisfecho. De mi parte, la cuestión está resuelta”, aseguró el ministro, antes de correr hacia otra reunión por la crisis humanitaria en Haití, tras el terremoto del martes. Vannuchi, en cambio, pasó en silencio ante los micrófonos.

Antes de irse de vacaciones, Lula había presentado el plan de la mano de un Vannuchi más sonriente y expresivo. El paquete de iniciativas incluía reformas en el sistema de propiedad de tierras y propuestas sociales como la unión civil entre personas del mismo sexo, la legalización del aborto y hasta la prohibición de símbolos religiosos en las escuelas y universidades públicas. Se trataba del paquete ambicioso de medidas, que el sector progresista del Partido de los Trabajadores hacía tiempo esperaba con ansias. Durante la presentación del proyecto, Vannuchi destacó un viejo estandarte de la izquierda brasileña, la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos durante la última dictadura (1964-1985) al amparo del terrorismo de Estado.

Fue esa iniciativa más que ninguna de las otras 26 las que despertó la ira de los jefes de las fuerzas armadas e inclusive del ministro Jobim, un abogado civil y ex presidente de la Corte Suprema brasileña. Grandes multimedios, como la cadena Globo, calificaron el plan de “revanchista” y comparó a Lula con su par venezolano Hugo Chávez y sus supuestas políticas “stalinistas”.

En principio la corporación militar, con Jobim a la cabeza, reclamaba a Lula que diera marcha atrás o presentaría la renuncia grupal; una semana después, ante la resolución del presidente, se contentaron con incluir también los crímenes de los grupos armados de izquierda que luchaban contra las dictaduras durante los años ’60 y ’70.

Ayer Lula no retiró el plan original, pero agregó un nuevo decreto, que reemplazaba las palabras represión política por el concepto más genérico de violaciones a los derechos humanos. “Examinar las violaciones a los derechos humanos cometidos en el período (1964-1985), a fin de efectivizar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional”, sostiene el nuevo decreto firmado por Lula. El texto también establece la creación de un grupo de trabajo para redactar el proyecto de ley correspondiente antes de abril próximo.

El grupo deberá incluir un representante de la Casa Civil (Jefatura de Gabinete) –dirigida actualmente por Dilma Rousseff, candidata presidencial y ex militante de un grupo armado de izquierda–, uno del Ministerio de Defensa, de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos y un miembro de la sociedad civil. Según lo negociado ayer por Lula, la Comisión de la Verdad no sólo se ocupará de investigar todos los actos ilegales cometidos durante los años de dictadura, sino también presentará una serie de recomendaciones para alcanzar “una verdadera reconciliación nacional”.

Pero no todo el sentido original se perdió. El Plan Nacional de Derechos Humanos aún demanda una retrospección inédita para Brasil. “Se identificarán y se harán públicas las estructuras utilizadas para la práctica de violaciones a los derechos humanos, sus ramificaciones dentro de los diversos aparatos del Estado y en otras instancias de la sociedad”, promete el proyecto lulista.

Además, contradiciendo los rumores periodísticos de los últimos días, el presidente se negó a modificar las propuestas, criticadas por la Iglesia Católica, como la unión civil de parejas del mismo sexo, la legalización del aborto y la prohibición de símbolos religiosos en las escuelas y universidades públicas. Aunque los obispos de San Pablo prometieron dar pelea arriba y abajo del púlpito, el mandatario reafirmó ayer que no cederá en esos temas.

Tampoco modificó la propuesta de flexibilizar el código que se aplica para tratar las tierras ocupadas, por ejemplo, por grupos campesinos como el Movimiento de los Sin Tierra, uno de los viejos aliados de Lula y del PT, que se fue alejando del gobierno hace ya varios años. El ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, había salido a rechazar públicamente esa reforma e incluso, como sus pares de Defensa y Derechos Humanos, había coqueteado con una posible renuncia. Según el ministro, de concretarse la flexibilización se crearía un clima de inseguridad jurídica para los empresarios, es decir, los mismos propietarios que, según los movimientos campesinos, hace años vienen luchando para conservar miles de hectáreas improductivas.