La Corte Interamericana de Derechos Humanos le aguó el festejo postelectoral a Alvaro Uribe. Ayer las sonrisas todavía dominaban el humor dentro del Palacio Presidencial de Nariño cuando el tribunal de Costa Rica, asociado a la OEA, comunicó una de las sentencias más esperadas por la izquierda colombiana y los organizaciones de derechos humanos. La Corte condenó al Estado colombiano por el asesinato del senador de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda, el 9 de agosto de 1994. “El Estado no cumplió su obligación de investigar en forma efectiva y completa las violaciones a derechos humanos”, determinó el tribunal, en un escrito inédito para el país andino. El Estado colombiano ya había sido condenado por los asesinatos individuales de campesinos, jueces y defensores de los derechos humanos, pero esta vez la Corte Interamericana sumó un nuevo condimento, lo acusó de codirigir una violencia sistemática. En este caso particular, contra los más de cuatro mil muertos que dejó la campaña de exterminio contra la UP entre 1985 y el año 2002, cuando el partido oficialmente desapareció.

La sentencia, que se puede leer en la página web de la Corte Interamericana, no es meramente declarativa. Obliga al Estado colombiano a indemnizar a las tres víctimas vivas: los hijos del senador, Iván y María Cepeda, a su nuera Claudia Girón Ortiz y a su hermana María Estela. Entre los cuatro recibirán 165 mil dólares, una cifra casi cuatro veces menor a la que les ofreció el Consejo de Estado colombiano en 2008 y que ellos rechazaron porque la resolución no incluía un reconocimiento explícito de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad públicas.

Pero no es el costo de la indemnización lo que incomodará al presidente Uribe, sino las disculpas que la Corte asociada a la OEA le pide al Estado. “El tribunal demanda una solicitud de disculpas públicas en el Congreso con las dos Cámaras presentes, pero yo pedí hoy (por ayer) que sea el propio Uribe el que dirija la ceremonia. Después de todo, él fue uno de los dirigentes que hizo política calumniando a las víctimas de la UP”, aseguró a este diario Iván Cepeda, hijo del senador asesinado y una de las víctimas reconocidas por la Corte.

Desde la muerte de su padre, Iván se convirtió en una de las voces que pedían verdad y justicia en Colombia. Durante años fue una más de las cientos de voces solitarias, amenazadas por los paramilitares y cuestionadas por el poder político. Pero ayer la Corte Interamericana lo reivindicó. En la sentencia recordó cuando el mandatario había acusado a Iván Cepeda, hoy diputado electo por el Polo Democrático, de “utilizar la protección de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos para pedir dinero en el exterior” y cuando, en un spot electoral hace cuatro años, había homologado a los dirigentes de la UP con los guerrilleros de las FARC. Haciendo uso de sus dotes diplomáticas, los jueces no condenaron con nombre y apellido al presidente Uribe, pero sí a sus tácticas: “La situación de estigmatización que recae sobre los familiares del senador Cepeda los ha expuesto a continuar recibiendo hostigamientos y amenazas”.

El caso de Cepeda se convirtió con los años en una referencia obligada a la violencia política de las décadas de los ’80 y ’90. El senador fue asesinado por un grupo de sicarios en 1994 cuando se dirigía al Congreso para un debate. Como recordó con detalle la sentencia de la Corte Interamericana, Cepeda venía recibiendo amenazas de muerte de los grupos paramilitares y las había denunciado ante la policía y la Fiscalía Nacional. Sabía muy bien que sus enemigos eran de temer. Desde hacía diez años sus compañeros de militancia de la UP eran asesinados uno tras otro, bajo la mirada indiferente de los gobiernos liberales de Virgilio Baro y César Gaviria. “La Corte considera que el senador Cepeda fue ostensiblemente desprotegido ante la situación de riesgo que enfrentaba, por el contexto general de violencia contra la UP. En ese contexto, agentes estatales se abstuvieron de brindar la protección especial debida al senador Cepeda”, aseguró la sentencia.

Después de años de luchar por limpiar el nombre de su padre y encontrar a los asesinos intelectuales, Iván Cepeda se permite ilusionarse, aunque sea por un instante. “Ahora más que nunca debemos continuar en el camino de justicia, porque hasta que no se desmantele el aparato ilegal dentro del Estado, no habrá ni verdad ni justicia. Este fallo es esperanzador porque abre un camino y les da nuevos aires a los tribunales colombianos”, señaló uno de los fundadores del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. La sentencia tiene también otro valor, agregó el hijo del senador asesinado. “Aunque habla de un caso de 1994, nos describe una Colombia muy actual. Esas estructuras de poder aún no han desaparecido, siguen cometiendo crímenes de Estado y el poder político sigue manejándose con la lógica de neutralizar y calumniar a sus opositores políticos”, advirtió, haciendo un repaso por los últimos escándalos que azotaron al uribismo, como la trama de espionaje contra dirigentes, periodistas y defensores de derechos humanos, los falsos positivos y los asesinatos sistemáticos de líderes sociales.