Liliana Souza es integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), una organización mexicana, fundada en 2004, que les presta atención a las víctimas de la represión institucional. La psicóloga participó en el Seminario Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos que concluyó ayer en Buenos Aires y dialogó con Página/12 acerca de la situación de los derechos humanos en México. Souza denunció que en ese país rige un estado de excepción de facto, que atenta contra las garantías de la población civil.

–¿Cómo definen desde CCTI la situación que actualmente se vive en México?

–Estamos viviendo un estado militarizado y paramilitarizado. Hay pugnas por los territorios que resultan clave para el crimen. Si bien el gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico, lo que está ocurriendo es que la población civil se está viendo cada vez más afectada. Esta queda en una situación de vulnerabilidad y de suspensión de las garantías individuales que el Estado debe asegurarle a la población. Por eso hablamos nosotros de un Estado de excepción, en el que la misma legislación se rompe en aras de una supuesta seguridad nacional que está en peligro. Creemos que hay un repunte de violaciones a los derechos humanos y que el papel de las organizaciones ahora es hacer visible lo que queda escondido detrás de una cantidad inmensa de cifras que da el Estado sobre cómo va la guerra al narcotráfico.

–El diario La Jornada publicó la semana pasada que hay tres mil desaparecidos en México, entre ellos 400 por razones políticas. ¿Ustedes manejan esos números?

–Tenemos dificultades para identificar si se trata o no de un asunto político. A veces las personas denuncian, pero otras no; a veces no son por asuntos políticos y se politiza en el proceso de la denuncia. Es complicado dar cifras exactas. Oficialmente, la cifra que se maneja es de 24 mil muertos, pero no se contabiliza la desaparición porque no conviene. Hay denuncias de familiares, sobre todo en el norte del país, de detenciones de jóvenes que se los lleva el Estado.

–En este marco, ¿cuál es el trabajo que realiza la CCTI?

–Recibimos en el centro a personas que alegan haber sido torturadas. Pero también nosotros mismos nos trasladamos adonde se encuentran personas que se presumen que han sido torturadas, por ejemplo en las cárceles, cuando nos permiten entrar. Trabajamos también en las comunidades, dando talleres de prevención para que una persona si es detenida sepa cuáles son sus derechos. Asimismo nos coordinamos con abogados y podemos acompañar el proceso de las personas que han sido torturadas. El cabildeo con las autoridades es otra área que tenemos para conocer cómo va la implementación de los instrumentos internacionales en materia de tortura.

–¿Cómo toma el gobierno las denuncias que ustedes presentan?

–El Estado no reconoce estas violaciones a los derechos humanos. Hay una criminalización de la protesta social y una culpabilización de las víctimas. Cuando estos grupos a los que les llaman sicarios llegan y hacen una masacre, inmediatamente asumen que las víctimas son parte de otro cartel y que son pugnas internas por droga y territorio. Hay otras situaciones donde es bien claro que el ejército dispara sobre civiles y hay una reprobación en el discurso, hablan de los “daños colaterales”. Muchas víctimas llegan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Procuración General de la República y no les aceptan las denuncias por tortura o por desaparición. Existen muchas trabas legales que tienen que superar los familiares. Para eso hay dos soluciones: el silencio u organizarse como colectivos para luchar por sus derechos. Desde los años ’70 se formaron organizaciones de familiares de desaparecidos, de perseguidos políticos, de torturados. Ahora se conformó una asociación de desaparecidos en este contexto de narcotráfico, en los estados fronterizos de Nueva León y Chihuahua.

–¿Ustedes reciben más denuncias desde que Felipe Calderón lanzó la llamada guerra al narcotráfico?

–Desde Vicente Fox hubo un repunte del uso de la tortura, ya se aplicaba, pero era más discrecional. Ahora ya se emplean modalidades de tortura masiva. Porque hay un goce de impunidad, no importa que haya mucha gente o que sea en privado la tortura. Hay un discurso oficial que lo justifica. Hay un caso muy paradigmático en San Salvador Atenco (en el estado de México), donde las mujeres fueron torturadas sexualmente sobre sus compañeros, que estaban apilados. Pero no se aceptaron los testimonios de los otros como prueba. Este caso va a ser llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

–¿Cómo evaluaron que la CIDH haya tratado días atrás la causa de dos ecologistas mexicanos torturados en 1999 por el ejército?

–Ese caso es muy importante porque los defendía una abogada que se llamaba Digna Ochoa y que fue asesinada. La versión oficial es que se suicidó. Pero la represión contra los ecologistas en Guerrero sigue porque continúan defendiendo los bosques y denunciando la tala indiscriminada.

–Con la matanza, hace quince días, de 72 migrantes, salieron muchas organizaciones centroamericanas a denunciar los abusos de las autoridades mexicanas. ¿Ustedes cuentan con registros de este tipo de denuncias?

–Nosotros manejamos poco el tema de la migración. Pero sabemos que se tortura en las estaciones migratorias.

Entrevista: Luciana Bertoia.