Trípoli acusó ayer a Francia, a Gran Bretaña y a los Estados Unidos de “conspirar” contra Libia para dividirla. El canciller libio, Musa Kusa, hizo estas declaraciones en momentos en que dos de los tres países mencionados, Francia y Gran Bretaña, están trabajando en un proyecto de resolución que debe ser presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU con vistas a imponer una zona de exclusión aérea en el cielo libio. Fuentes protegidas por el anonimato pero citadas en la prensa francesa indican que “franceses y británicos trabajan en un texto que será sometido muy pronto a los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Hay un sentimiento de urgencia. No se puede dejar que la población sea masacrada sin hacer nada”. Un diplomático adelantó que la resolución “podría discutirse esta semana” y aclaró que “todo depende de lo que ocurra en el terreno. Si se producen graves violaciones a los derechos humanos o si hay mercenarios implicados”. En una entrevista difundida ayer por el canal de televisión France 24, Muammar Khadafi acusó a Francia de “injerencia” en los asuntos internos y volvió a sacar el espantapájaros de Al Qaida. Khadafi dijo que estaba convencido de que “Al Qaida tiene su plan” y que trató de “aprovecharse de la situación en Túnez y Egipto”.

El camino para la adopción de una resolución de la ONU autorizando la creación de una zona de exclusión es aún incierto. Los obstáculos técnicos no presentan problemas, pero las barreras políticas son considerables. En el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dos miembros permanentes se oponen a ello, China y Rusia, mientras que entre los no permanentes Brasil, India y Africa del Sur no respaldan la iniciativa. Washington, a su vez, parece hoy más partidario de suministrar una ayuda directa a los rebeldes, mientras que en Europa varios actores proponen que sea Egipto el que asuma el suministro de armas –artillería pesada y tanques–. Con todo, algunos obstáculos parecen haber sido superados y la perspectiva de una no fly zone no aparece tan lejana como antes. Varios dispositivos militares ya han sido activados. El embajador norteamericano ante la OTAN, Ivo Daalder, reveló que la alianza atlántica puso en marcha un plan de vigilancia de Libia con el uso de los aviones de reconocimiento norteamericanos Awacs. Estos aparatos disponen de un impresionante radio de acción de 300.000 kilómetros cuadrados. El embajador Daalder puntualizó que esa vigilancia permitirá “tener una mejor idea de lo que ocurre realmente en esa parte del mundo”.

El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, también entró en el círculo de las amenazas. “Si Khadafi y su ejército continúan atacando sistemáticamente a la población, no puedo imaginar que la comunidad internacional permanezca pasiva”, dijo el responsable de la alianza militar. Otra pieza importante en la perspectiva de una participación militar de Occidente en la revuelta Libia la aportó el jefe de la diplomacia francesa, Alain Juppé. El canciller se entrevistó este fin de semana con el secretario general de la Liga Arabe, Amr Musa. Según reveló ayer la cancillería francesa, la Liga, que se mostró reticente al principio, habría dado su respaldo a la controvertida zona de exclusión aérea promovida por París y Londres. La Liga no ha sido el único actor árabe que se sumó a la idea. Ayer, las monarquías árabes del Golfo manifestaron su acuerdo con la zona de exclusión. Así lo expresaron los cancilleres del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, reunidos en Abu Dabi. El Consejo está compuesto por las monarquías petroleras de Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Omán y Bahrein.

Estos pronunciamientos no resuelven la traba central: el voto de una resolución de la ONU por un Consejo de Seguridad con posiciones discordantes. En este contexto, varios interlocutores advierten que la instauración de una zona de exclusión aérea implica forzosamente la neutralización de las baterías áreas libias, es decir, una intervención militar. No obstante, en la visión defendida por París, la zona de exclusión no se traduce automáticamente por el uso de la fuerza. El canciller, Alain Juppé, hizo una distinción entre “zona de exclusión aérea” e “intervención militar”. Según el funcionario francés, una intervención militar está excluida por cuanto esta no haría más que suscitar “la unión de las opiniones públicas y los pueblos árabes contra el norte del Mediterráneo”.

Este principio plantea un enigma: ¿cómo hacer respetar una zona de exclusión, o sea, la prohibición de sobrevolar un territorio entre determinados paralelos, sin usar las armas para impedirlo? Bruno Tertrais, experto en estrategia militar y miembro de la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS), adelanta una pregunta pertinente cuando enuncia: “¿cómo será percibida una acción militar, que sería de facto occidental incluso si algunos países se unen a ella, en momentos en que todo lo que está en juego consiste en evitar dar la impresión de que las revoluciones de la región están teledirigidas desde el exterior del mundo árabe?”.

Todos los caminos conducen al fragmentado Consejo de Seguridad de la ONU. El viernes pasado, el comité militar de la OTAN recibió instrucciones a fin de poner en marcha los preparativos con vistas a una intervención. Ahora bien, el responsable de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, reiteró que “cualquier operación de la OTAN se llevaría a cabo en concordancia y consonancia con un mandato de la ONU”. Hasta ahora, la única resolución que la ONU adoptó sobre Libia no implica el uso de la fuerza. La resolución 1970, aprobada a finales de febrero, pide a la Corte Penal Internacional, CPI, que abra una investigación sobre los ataques contra civiles, al tiempo que impuso un embargo total sobre las armas destinadas a Libia y congeló los activos financieros de Khadafi. La resolución no tuvo ningún efecto en el terreno. Por el contrario, a partir de ese momento el régimen libio acrecentó con cierto éxito sus ofensivas contra los rebeldes.