Tras el arduo debate suscitado en el cierre del IV Congreso del Partido de los Trabajadores (PT) por una nueva ley de medios, la bloguera paulista Helena Stephanowitz (del influyente Amigos do Presidente Lula) no se anduvo con vueltas. “Los grandes medios están muy disociados de los reales intereses nacionales de la sociedad brasileña”, dijo a Página/12.

Según la especialista, multimedios como O Globo y Folha de Sao Paulo reaccionaron rápidamente ante la moción presentada por el presidente del partido, Rui Falcao, para debatir en el Congreso una ley que limite la propiedad cruzada.

La estrategia de la derecha y de los multimedios sería relacionar con la restricción a la libertad de prensa la propuesta de introducir en el Congreso un símil de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina.

Medios opositores al gobierno de Dilma Rousseff aseguran que la iniciativa se coló de manera sospechosa a último momento en el IV Congreso del PT. Otros diarios afirmaron que la mandataria no estaría de acuerdo en tratar un proyecto de ley elaborado por Franklin Martins, ex ministro de Comunicación Social de Lula.

El titular del PT aclaró una y otra vez que el nuevo proyecto no prevé injerencia en los contenidos de la información por parte del gobierno. Sin embargo, algunos matutinos aseguran que la propuesta surge tras la renuncia de varios ministros por casos de corrupción que aparecieron en distintos medios de comunicación. El ejemplo más claro es la acusación de la revista Veja al hombre fuerte del PT, José Dirceu, de cobrar coimas y mantener un gobierno paralelo en un hotel de Brasilia.

Para la bloguera, la reacción de los multimedios ante la iniciativa de la creación de una nueva ley que limite la propiedad cruzada se remonta a los tiempos en que Lula aumentó la pauta oficial a los medios regionales de menor envergadura. “Durante su gobierno, Lula daba entrevistas a las televisoras y radios regionales. Además, el gobierno amplió el número de medios que reciben publicidad institucional, de 500 en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso a casi 9000 en el final de su mandato. Como los recursos destinados a la pauta oficial no aumentaron, los grandes grupos se rebelaron contra esa redistribución de la riqueza”, grafica Stephanowitz.

El ministro de Comunicación de Brasil, Paulo Bernardo, había salido a poner paños fríos diciendo que el PT tiene su plan y la presidenta su programa. Para Stephanowitz, esto se debe a que es una ley que aún está en las gateras. “El gobierno busca ganar tiempo para terminar de formular el proyecto y disminuir el tono de la polémica, que viene desde el gobierno de Lula. El ministro Bernardo dejó en claro que no habrá cualquier forma de control, al tiempo que defendió la regulación de los medios en los moldes definidos por la Constitución brasileña, que prevé límites mínimos para la producción nacional, regional e independiente de la televisión y radio”, dijo la bloguera.

En su artículo 220 inciso 5, la Carta Magna de Brasil prohíbe expresamente que monopolios y oligopolios controlen los medios de comunicación. El conglomerado mediático de O Globo fue opositor de Lula desde que asumió en 2002 y es la cadena con mayor audiencia e ingresos de América latina. Cuenta con 122 canales de aire propios, además de diarios, revistas y los canales de radio nacionales en AM y FM. El diario oficialista Récord lo acusa de complicidad con la dictadura y de haber hecho campaña por Collor de Mello en desmedro de Lula en 1989. Ese recordado caso es material de análisis en facultades de Ciencias Sociales para demostrar el poder de agenda que tienen los medios de comunicación.

“Los grandes grupos hacen lo posible, y muchas veces lo consiguen, para confundir sus intereses empresariales con los intereses mayores de la sociedad brasileña. Si el proyecto busca limitar los oligopolios, ellos informan al público que el proyecto atenta contra la libertad de expresión. Si el proyecto pretende valorizar la producción cultural brasileña, informan que se pretende controlar lo que el ciudadano va a ver en la televisión”, afirma Stephanowitz.

Si bien esta discusión se puso sobre el tapete durante el gobierno de Lula da Silva, vuelve a resurgir a través del PT como tema pendiente. El ex ministro Martins fue acusado de intentar imponer censura a los grandes medios cuando redactó el anteproyecto de la nueva ley. Así las cosas, aún resta conocer cuál será la posición que tome la presidenta de Brasil. Para Stephanowitz, aún sigue siendo ambigua. “Dilma encomendó revalidar el proyecto de Martins, antes de remitirlo al Congreso. Aún no se manifestó, pero es probable que concuerde con la propuesta de someterlo a referéndum antes de que entre en el Congreso.”

Informe: Juan Nicenboim.