Desde Roma

El Vaticano prefirió no comentar por ahora la noticia bomba que circuló ayer por todos los medios de comunicación del mundo: un grupo de víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica presentó 20.000 páginas de documentación ante la Corte Penal Internacional de La Haya pidiendo que el papa Benedicto XVI y otros tres altos prelados vaticanos sean procesados por crímenes contra la humanidad.

Según el Survivor Network of those Abused by Priests (Snap), un organismo estadounidense de interconexión entre aquellos que han sufrido abusos por sacerdotes, y la organización de abogados, también estadounidense, Center for Constitutional Rights, el papa Benedicto XVI, además del secretario de Estado vaticano –número dos de la Santa Sede– cardenal Tarciso Bertone, el decano del Colegio Cardenalicio, cardenal Angelo Sodano, y el actual jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal William Levada, son culpables no sólo de no haber prevenido ni castigado a los culpables, sino de haber sistemáticamente encubierto los delitos cometidos por los sacerdotes contra menores de todo el mundo.

Hay que recordar que el actual pontífice era el jefe o prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante el pontificado de Juan Pablo II y que a esa congregación –el antiguo Santo Oficio o Inquisición– llegaban las denuncias de abusos sexuales, siempre que lograran pasar la barrera de la parroquia de origen, del Obispado local y de la Conferencia Episcopal nacional, o bien que el interesado tuviera la posibilidad de hacerlas llegar directamente a Roma. Muchas denuncias quedaron en la nada porque se empantanaron en algunos de estos escabrosos pasajes. A menudo, el obispo trasladaba al cura acusado a otra parroquia o ciudad, donde sin embargo continuaba con la misma práctica hasta que volvía a ser trasladado. Esto es lo que sucedió con muchos sacerdotes y en particular fue el caso del sacerdote de Boston cuya historia destapó el escándalo de la pedofilia en la Iglesia allá por el año 2001.

El cardenal de Boston, Bernard Law, fue acusado por los fieles de haberlo trasladado para tapar el escándalo. Law renunció a su cargo, pero se trasladó a Roma y fue nombrado al frente de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las principales iglesias de la capital italiana.

La Corte Penal Internacional forma parte de la Corte Internacional de La Haya, fue creada en 1998 pero opera desde 2002 y se ocupa de procesar a los culpables de crímenes contra la humanidad y de genocidio, generalmente ocurridos durante las guerras internacionales o civiles o en épocas de dictaduras. Su fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo, deberá evaluar si el caso merece ser acogido o no por la Corte. De hecho, se trata de un caso difícil, porque si bien se refiere a un jefe de Estado –un Estado, el Vaticano, de 1 km2–, el papa Benedicto XVI es en realidad el jefe de una religión de alcance mundial.

En declaraciones publicadas en el propio portal de Internet, la presidente del SNAP, Barbara Blaine, dijo que “hemos tomado esta medida (por la presentación ante la Corte) por una razón muy simple: proteger a los niños inocentes y a los adultos vulnerables. Creemos que cientos de niños y niñas en todo el Globo siguen siendo violados en este momento por curas católicos, monjas, obispos y seminaristas”. Barbara Dorris, también de SNAP, comentó por su parte que “durante siglos, los clérigos católicos han cometido tranquilamente horribles violencias contra niños y adultos vulnerables. Y lo siguen haciendo. Por siglos, los obispos católicos han tranquilamente ocultado esta violencia. Y lo siguen haciendo. Estas violaciones, sodomía, violencia y encubrimiento sistemático deben ser encarados de alguna manera. ¿Quién mejor que la Corte Penal Internacional para hacerlo?”. SNAP concluye diciendo que este “sistemático escándalo criminal requiere un sistemático remedio penal”.

Años después de que el escándalo de la pederastia estallara en 2001 en Estados Unidos, el Vaticano impartió a los episcopados una serie de medidas a seguir –entre ellas el presentar el caso ante la justicia civil y no obstaculizar su tarea– y pidió a cada uno de ellos que adaptara esos principios a las circunstancias de cada nación.