En otra jornada histórica para los derechos humanos en España, dos familiares de víctimas del franquismo declararon ayer como testigos de Baltasar Garzón. En el proceso que la organización de ultraderecha Manos Limpias le abrió por investigar en 2008 los crímenes de lesa humanidad de la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura de Franco (1939-1979), María Antonia Oliver París y Josefina Musulén Giménez le recordaron al país que mientras siga habiendo fosas comunes sin exhumar, no habrá justicia ni reconciliación nacional.

Musulén relató cómo el 13 agosto de 1936 un grupo falangista fue a buscar a su casa a su abuelo, que era de la Coordinación Nacional del Trabajo, y que también se llevaron a su abuela, que estaba embarazada. “Se suponía que a las mujeres embarazadas no las podían fusilar. Nos dijeron que a mi abuela le dieron el tiro de gracia en la tripa”, dijo Musulén. “Después nos contaron que la ingresaron en el Hospital de Gracia y que una mujer la acompañó al paritorio. A mi abuela no se la volvió a ver y a la niña tampoco. Así pudimos saber hace 33 años que mi madre tuvo una hermana sana”, concluyó. “Los nietos seguimos buscando con la misma dignidad, pero sin el miedo de nuestros padres”, afirmó Musulén en la Sala de Audiencias. También contó la única respuesta que le dieron acerca de la muerte de su abuelo. “Nos dijeron que era un rojo, y que los rojos eran cobardes, y que seguramente habría huido a Barcelona o a Menorca, o con otra mujer”, recibieron por toda explicación.

El abogado de la querella, José María Ruiz, le preguntó si conocía el lugar donde están enterrados sus familiares. Musulén respondió que creen saber dónde se pueden encontrar, no por conocimiento propio sino por el modus operandi de los falangistas en Zaragoza.

El testimonio de María Antonia Oliver París fue en la misma línea. Señaló que en su denuncia presentada ante la Audiencia Nacional el 15 de diciembre de 2006, expusieron la represión que se ejercía contra el gobierno legal y democrático de la República. Esa denuncia ante el máximo órgano judicial recayó en Garzón, quien en 2008 se declaró competente para llevar a cabo la investigación de las más de cien mil desapariciones forzosas de aquel período. Hoy el magistrado se encuentra suspendido de la Audiencia Nacional y procesado por prevaricato por Manos Limpias.

El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, preguntó a las testigos sobre qué las motivó a denunciar. Oliver París dijo que la mayoría de los familiares de los desaparecidos se educó durante la dictadura, y que las víctimas no sabían que tenían este derecho. “Pero los nietos, que sí que sabemos que lo tenemos, empezamos a pensar que era nuestro deber denunciarlo”, añadió. Oliver París recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben, y que su dolor y sufrimiento son permanentes.

Además destacó que en su asociación contabilizaron 1600 personas desaparecidas en Mallorca. Martínez Fresneda le preguntó por qué calificaron en su denuncia los hechos de detención ilegal y desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad, a lo que ella explicó que comprobaron que crímenes similares se habían investigado en otros países, como la Argentina y Chile. El juicio se reanudará en la mañana del lunes con la declaración de seis testigos más, propuestos por la defensa.

Pero Garzón continúa sumando apoyos fuera del TS. Ayer se conoció la organización de un festival en el teatro madrileño Bellas Artes. Ismael Serrano, Luis Pastor, Pilar Bardem y Juan Diego Botto estarán entre los artistas convocados para dar fuerzas al juez. El acto fue organizado por la Fundación Contamíname y la ARMH. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, también participará del acto denominado “Memoria contra la impunidad. Homenaje a las víctimas del franquismo”. Para hoy está prevista una concentración en Zaragoza, y el martes 7 de febrero se realizará un acto en Barcelona con consignas en contra de la impunidad del franquismo. El sábado 11 se recordará el 75º aniversario de la masacre en la carretera Málaga-Almería y el sábado 18 tendrá lugar una concentración de protesta ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Mientras tanto, cada jueves, familiares de desaparecidos siguen acudiendo a su cita semanal en la Puerta del Sol de Madrid, con las imágenes de sus seres queridos para visibilizar sus demandas de verdad y justicia.

Garzón enfrenta una pena de inhabilitación de sus funciones por 20 años, lo que significaría el final de su carrera. Pero además aguarda la sentencia del juicio por las escuchas del caso de corrupción del PP conocido como Gürtel, acusado también por dictar una sentencia injusta a sabiendas. Como si con esto no bastara, el magistrado se encuentra a las puertas de un tercer juicio –aún sin fecha– por el manejo de unos fondos privados para unos cursos que dictó en la Universidad de Nueva York en 2006.