Con la marcha de estudiantes de mañana pisándole los talones, al gobierno chileno no se le ocurrió mejor idea que proponer que la banca privada deje de financiar la educación superior privada y pública. Lo que se pretende con esta medida, que en apariencia surge como herramienta para descomprimir el conflicto por la gratuidad en la educación, es que el Estado se encargue de otorgar créditos a los estudiantes universitarios a menores tasas que las vigentes. El proyecto fue presentado ayer por el ministro de Educación, Harald Beyer, ante el presidente Sebastián Piñera, y será remitido próximamente al Parlamento con carácter de urgente. Los créditos que otorgará el Estado tendrán una tasa de interés única anual de un 2 por ciento y beneficiarán al 90 por ciento de los estudiantes, en tanto que el 10 por ciento que quede afuera del nuevo sistema serán jóvenes de altos recursos, explicó el ministro.

El proyecto de ley apunta a que el Estado, a través de una agencia especializada, se haga cargo del diseño, administración y provisión de los fondos del nuevo sistema integrado de financiamiento de la educación superior. La modalidad propuesta contempla cambios en la forma de pago de los créditos, ya que los alumnos comenzarán a cancelarlos una vez que comiencen a trabajar y la cuota no podrá superar el 10 por ciento del salario que perciban. Además se estipulará un máximo de 180 cuotas mensuales, de modo tal que quienes no hayan cancelado el total de su deuda en ese lapso se beneficiarán con la condonación del saldo. Con respecto a la brecha entre el arancel real (lo que cobra cada universidad) y el de referencia (lo que considera el Ministerio de Educación para otorgar los créditos), Beyer aseguró que serán las instituciones de educación superior las que financiarán la diferencia total de los estudiantes más vulnerables y de forma parcial, para los estudiantes con más recursos.

Paralelamente se impulsará una nueva política de fijación de los aranceles de referencia, a partir de un cálculo que considerará la calidad de la carrera que ofrece determinada institución, incluyendo variables como los ingresos esperados, el nivel socioeconómico de los estudiantes, duración y deserción. En el caso de las becas, el proyecto propone una disminución en los puntajes de la Prueba de Selección Universitaria para acceder a ellas, dependiendo del nivel socioeconómico del estudiante.

“Creemos que estos aranceles de referencia van a ser mucho más justos, mucho más pertinentes y acordes a la calidad de cada institución”, destacó Beyer, quien consideró que “es tremendamente importante que las instituciones se hagan cargo no solamente de los costos inmediatos de la carrera sino de la deserción que generan y también de las expectativas laborales de sus egresados”. Luego del anuncio, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Gabriel Boric, consideró la propuesta del gobierno como una reacción positiva a los reclamos del movimiento estudiantil, que el año pasado realizó decenas de movilizaciones y tomas de instituciones. “Me parece que eso (las manifestaciones) hay que reconocerlo. Pero esto no puede ser independiente del contenido”, dijo.

“Que se saque a la banca privada me parece deseable, pero no es lo fundamental. Lo importante para nosotros es cómo se financia a todos los estudiantes, pero nos siguen hablando de créditos”, afirmó. El dirigente indicó que las asociaciones estudiantiles evaluarán con cautela las medidas para considerar cuáles son positivas, cuáles no o cuáles apuntan a una decisión correcta. “El proyecto hay que estudiarlo con detalle, porque estamos acostumbrados a la letra chica del gobierno”, señaló. Asimismo, los líderes estudiantiles insistieron en su convocatoria a la primera marcha nacional por la educación. La vicepresidenta de la FECH, Camila Vallejo, escribió en su cuenta de Twitter: “Porque los cambios que necesita Chile son profundos, no claudicaremos en la lucha por la reforma educacional. ¡Movilízate!”, pidió la líder estudiantil.

El ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Giorgio Jackson valoró el anuncio del gobierno y llamó a reconocer logros y avances, pero animó a sus compañeros a “seguir luchando para recuperar la educación pública de nuestro país”.

De acuerdo con una investigación del Centro de Información Periodística (Ciper-Chile), entre 2006 y 2011, los siete bancos que participan del sistema de Crédito con Aval del Estado embolsaron más de 312 millones de dólares durante ese período, cifra que representa un tercio de los 1800 millones de dólares anuales que la Confederación de Estudiantes de Chile estima necesarios para crear un sistema de educación superior gratuita en el país trasandino.

La propuesta se hace a dos días de la reanudación de las movilizaciones estudiantiles, que demandan una educación estatal, gratuita y de calidad, y que el año pasado volcaron a un millón de personas a las calles, poniendo en jaque al gobierno y derribando el capital simbólico de Sebastián Piñera hasta alcanzar el 26 por ciento de popularidad.