España vive una insurrección en el sector de la sanidad por una impopular iniciativa del gobernante Partido Popular (PP). Más de 900 médicos no dejarán de atender a los inmigrantes ilegales, en oposición a la reforma en la salud impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que pretende dejar sin asistencia gratuita a los inmigrantes sin papeles. La medida no convence a los profesionales de la salud. “No resuelve el problema y desde el punto de vista profesional nosotros, en la Sociedad de Médicos de Familia, seguiremos prestando asistencia exactamente igual que hemos venido haciéndolo hasta ahora”, dijo Salvador Tranche, titular de ese organismo. La normativa entrará en vigor el 1º de septiembre como parte de un paquete de recortes del gobierno conservador para reducir el gasto público de un 8,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 a un 3 por ciento en 2014.

El diario El País, de España, publicó esta semana que la orden que prepara el gobierno de Rajoy establece que los extranjeros menores de 65 años que quieran ser atendidos en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año, unos 59,20 mensuales. Desde los 65 años en adelante, el costo de la atención ascendería a 1864,80 euros anuales, es decir, 155,40 al mes. La memoria económica que acompaña al borrador presentado por el Ministerio de Salud español concluye que “este nuevo convenio no tendría impacto económico significativo”. La medida se desprende de un decreto publicado a fines de abril, que delimitaba el acceso a la sanidad pública, y de un segundo decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado español del sábado pasado, que recoge cambios, como trasladar a los mayores de 26 años que no se encuentran inscriptos en la Seguridad Social, a la condición de asegurados y dejar afuera a quienes tengan rentas superiores a los 100.000 euros anuales.

Se espera que fundamentalmente el proyecto afecte a quienes no se encuentren asegurados ni sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. En esta franja estarán, a partir de septiembre, los inmigrantes sin permiso de residencia. Como si fuera poco, los extranjeros en esa condición deberán cumplir con dos requisitos: tener al menos un año de empadronamiento en España y no ser beneficiarios de un sistema de sanidad pública. Por el momento no se conoce una cifra oficial de posibles afectados.

Sin embargo, si se compara los datos del padrón y las altas en la Seguridad Social, unos 150.000 extranjeros se encontrarían en una situación irregular respecto del proyecto que baraja el gobierno. No obstante, alrededor del 15 por ciento de ese grupo son menores y para ellos sí va a haber atención sanitaria pública. La firma de esos convenios será voluntaria. No cubrirán el pago de medicinas o transporte sanitario, que correrían a cargo, por completo, de las personas que los suscriban. En caso de que no se pague alguna de las cuotas, el beneficiario tendrá como castigo tres meses de suspensión del convenio (durante ese tiempo se le negarán los servicios sanitarios no urgentes). Si en ese período cubre la deuda, el convenio seguirá en vigor. De seguir con la mora, caducará el derecho a la asistencia sanitaria.

El diario español señala que en el caso de las inmigrantes embarazadas –a las que la sanidad pública tiene que atender obligatoriamente durante su embarazo, en el parto y el posparto– y los menores extranjeros se les mantendrá el acceso en iguales condiciones que a los españoles, es decir, gratis. No obstante, se les aplicará un bono farmacéutico del 40 por ciento. También podrán acceder a la sanidad pública las víctimas de trata y quienes hayan pedido asilo en España. A partir de este cambio, el Ministerio de Sanidad busca establecer una doble vía entre quienes sean atendidos por la sanidad pública: quienes estén asegurados, que ya de por sí pagan más que antes por medidas como el copago farmacéutico, y quienes no lo están, que podrán acceder a lo público pagando como se hace en el ámbito de la sanidad privada.

“Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente, y eso es una reflexión que hago con carácter general”, dijo Rafael Hernando, vocero del PP en el Congreso, quien aseguró que España tiene que dejar de ser el paraíso de la inmigración ilegal e instó a quienes están en situación irregular a volver a su país. “No veo cómo va a firmar un convenio un organismo oficial con alguien que está en situación irregular”, respondió José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del Partido Socialista Español (PSOE) en el Congreso, quien duda de la base legal de la medida.

“Enfermedades como la diabetes, que requieren un tratamiento largo, no quedarían suficientemente cubiertas. Lo mismo sucede con las infecciosas, que cuando no son bien tratadas son una amenaza. El gobierno tendrá que volver a rectificar. Porque no se puede seguir con chapuzas”, sugirió el vocero. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, acusó al gobierno de intentar criminalizar a los inmigrantes irregulares al retirarles la atención o condicionarla al pago de un convenio. “El precio que ponen al aseguramiento es toda una definición de la concepción de ciudadanos de tercera que tiene el PP hacia los inmigrantes y también de su concepción sobre que la salud no es un derecho sino una fuente más de negocio”, sentenció.