La banca española adelantó que se suspenderán por dos años los desalojos por impago hipotecario en los casos extremos. El anuncio se hizo ayer a raíz de la alarma social provocada por suicidios que guardan su correlato en una práctica que se masificó a partir de la crisis en España, que ya dejó a 400.000 familias en la calle. La medida pondrá freno a la sangría de los desahucios (ejecuciones hipotecarias) de forma momentánea, lo que supone un alivio para miles de personas, pero no para todos aquellos que no pueden pagar sus hipotecas ni los que perdieron sus hogares y siguen endeudados de por vida debido a una legislación inédita en Europa en cuanto a su agresividad con el deudor.

“España es casi el único país en el que no hay mecanismos para que la gente pueda resolver sus problemas de deudas de forma directa o indirecta y en el que los bancos se quedan con el inmueble del deudor y siguen reclamando el dinero de la hipoteca”, denunció Ada Colau, vocera de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH). La portavoz de la asociación, pionera en la lucha por frenar los desalojos, remarcó que los anuncios que se hicieron hasta el momento son insuficientes, ya que se habla de extrema necesidad. “Nosotros defendemos que todos los desalojos de vivienda habitual deben suspenderse”, manifestó.

El detonante de esta decisión de suspender los desahucios fueron dos suicidios, producidos en los últimos veinte días, relacionados con desalojos por impagos hipotecarios. Esta medida es acompañada por la promesa del gobierno de Mariano Rajoy de que también se modificará la ley hipotecaria para proteger a los más vulnerables. El de Amaia Egaña fue el segundo suicidio y la gota que rebasó el vaso. La mujer de 53 años se lanzó al vacío desde su departamento, ubicado en la localidad vasca de Barakaldo, cuando iba a ser desalojada, el viernes pasado.

La conmoción social obligó a los estamentos políticos a movilizarse para dar una respuesta inmediata. El Ejecutivo del Partido Popular (PP) se reunió ese mismo día con la principal fuerza opositora, el Partido Socialista (PSOE), para acordar la modificación de la ley y solicitar a las entidades bancarias que pusieran freno a los desalojos.

“Estamos viviendo cosas terribles, inhumanas”, dijo Rajoy en un acto partidario en Cataluña, donde expresó su voluntad de paralizar de forma temporal los despojos de las familias más vulnerables. En este marco, la Asociación Española de Banca (AEB) comunicó ayer que por razones humanitarias y de responsabilidad social se compromete a detener los desalojos, durante los próximos dos años, en los casos en los que concurran circunstancias de extrema necesidad.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que nuclea a las antiguas cajas de ahorros, también anunció que suspende la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa, anunciada por las autoridades. La patronal bancaria no especificó cuáles son los casos extremos o vulnerables ni cómo se determinarán. Lo que parece bastante claro es que no se podrá aplicar a las hipotecas que están ya en proceso de ejecución, que desde 2008 son unas 178.000, según datos de las propias entidades.

La movilización ciudadana a través de la PAH o la más reciente Stop Desahucios fue clave en los últimos años en la defensa de los derechos de los ciudadanos amenazados por el desalojo (lograron paralizar quinientos), pero no había conseguido forzar a los partidos a que modificaran la ley.

El gobierno aprobó en marzo de este año un código de buenas prácticas para motivar a las entidades bancarias a negociar con los deudores y frenar o dilatar los desalojos, pero la medida prácticamente no tuvo efecto.

En cambio, la entrada en escena de los jueces españoles, que recientemente emitieron un informe contundente que criticaba el procedimiento privilegiado y extremadamente agresivo de que gozan los bancos en España para cobrar sus deudas, y los suicidios, fueron un punto de inflexión. En el país ibérico, entre 2006 y 2011, se produjeron 396.943 ejecuciones hipotecarias según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sólo en el segundo trimestre de este año, el número de desalojos ascendió a más de 18.000.

El PSOE y el PP tenían previsto comenzar a trabajar hoy mismo en las reuniones técnicas para resolver el tema de los desahucios, a través de un decreto y una posterior reforma legislativa. “Aquí en España el problema no es sólo la vivienda, sino la deuda. La gente que sufrió un proceso de ejecución hipotecaria sigue estando endeudada de por vida”, recuerda Colau.

“Es importante que las personas que fueron desalojadas tengan una segunda oportunidad, por eso vamos a seguir movilizándonos, para conseguir que se cambie esta ley injusta y se apruebe la dación en pago, en referencia a la posibilidad de que la entrega del inmueble liquide la deuda hipotecaria”, añade la activista.