El presidente venezolano, Hugo Chávez, delegó una serie de tareas económicas en el vicepresidente Nicolás Maduro, entre ellas, el dictado de los decretos de expropiación. En tanto, el oficialismo y la oposición coincidieron en que es posible postergar la asunción del mandatario.

Según un decreto publicado ayer en la Gaceta Oficial, firmado por Chávez un día antes de partir a Cuba para su cuarta operación contra el cáncer en 17 meses, Maduro puede dictar los decretos de expropiación o adquisición forzosa, con previa instrucción del presidente. Además, puede decretar créditos adicionales al presupuesto nacional –previa autorización de la Asamblea Nacional– y dictar aquellos a través de los cuales se efectúen traspasos presupuestarios de los ministerios.

Asimismo, se le atribuye la posibilidad de dictar los decretos mediante los cuales se acuerda la rectificación a los presupuestos de gastos, la autorización de operaciones de crédito público de los ministerios, el otorgamiento de prórrogas al plazo establecido para la supresión o liquidación de órganos o entes de la administración pública. También será su competencia el dictado de los decretos a través de los cuales se nombran a los viceministros y a los presidentes y miembros de las juntas directivas de los entes cuyo nombramiento corresponde al jefe de Estado. Según el texto, Maduro podrá aprobar y firmar los actos para el otorgamiento de las jubilaciones especiales para funcionarios de la administración pública.

La medida se emitió considerando que el mandatario venezolano sería sometido a un tratamiento médico que le impone la necesidad de redimensionar el volumen de trabajo y la cantidad de tareas asumidas, según reza la Gaceta Oficial. Chávez, de 58 años y desde 1999 en el poder, fue operado el 11 de diciembre en La Habana de una grave recurrencia del cáncer detectado en 2011.

En este contexto, el oficialismo y la oposición de Venezuela comenzaron a dar señales de una incipiente predisposición a negociar algunos acuerdos políticos, incluidos la fecha de asunción del próximo mandato del presidente y el marco para una eventual nueva elección, ante las posibilidades de que el mandatario no esté en condiciones de jurar el 10 de enero o su salud se deteriore. La negociación entre estos sectores políticos incluiría alcanzar en la Asamblea Nacional la mayoría calificada de dos tercios que le asegure los votos para designar a tres de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) cuyos mandatos vencen en abril. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados reúnen 104 legisladores, seis menos que los necesarios para alcanzar ese número. El acuerdo le permitiría no sólo mantener el control del CNE, sino evitar demoras en la renovación de sus autoridades ante la eventualidad de que fuera necesaria una nueva elección presidencial.

La información al respecto publicada ayer por la prensa local y no desmentida por el oficialismo sostiene, sobre la base de fuentes no identificadas, que el propio vicepresidente Maduro estaría involucrado en las tratativas para alcanzar la mayoría calificada. El diario El Nacional, distante del oficialismo, afirmó que las conversaciones van incluso más allá del CNE y también alcanzan a la próxima renovación de dos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos mandatos están por vencer, así como a la posibilidad de ofrecer a la oposición una de las vicepresidencias de la Asamblea, que el 5 de enero debe elegir sus autoridades para el año próximo.

Ante este escenario, cobran un nuevo significado las declaraciones del ex candidato presidencial por la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) y gobernador reelecto de Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien el martes a la noche, a diferencia de lo que postulan otros miembros de esa alianza, dijo que considera que la fecha de asunción del 10 de enero es flexible. “Imaginemos que voy a tomar posesión de mi cargo como gobernador y ese día tengo una dolencia en el pie y no puedo trasladarme al Consejo Legislativo para tomar juramento. Entonces, ¿pierdo la condición de electo?”, preguntó. En sintonía con los argumentos de, entre otros, el presidente de la Asamblea y número dos del PSUV, Diosdado Cabello, Capriles señaló que ese nunca fue el espíritu del legislador. “El legislador ha establecido plazos para que no exista incertidumbre y no sea indefinida la ausencia”, remarcó.

A pesar del acercamiento, el tono de confrontación seguía ayer vigente y el motivo era el estado del mandatario. Fue el partido opositor Voluntad Popular el que propuso, incluso, que el Tribunal Supremo de Justicia designe una junta médica que determine la condición de salud del presidente. Maduro rechazó ayer las críticas de la oposición que acusó al gobierno de contradicciones en la información brindada sobre este tema. “Rechazamos y repudiamos en todas sus partes esas informaciones de que nosotros caímos en contradicciones. Es una situación que va evolucionando lentamente. Por eso, cuando ellos la agarran por ahí no pueden entender lo que es el respeto, sólo les interesa alcanzar el poder”, afirmó. Y reiteró que el jefe de Estado tiene un cuadro de salud complejo y difícil.