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@Raquel Gutiérrez Aguilar nació en México. Estudió filosofía y matemáticas y se comprometió con la lucha de los salvadoreños del FMLN en el exilio. Luego, en la década del ’80, se fue a Bolivia. Allí estuvo entre los miembros fundadores del EGTK (Ejército Guerrillero Tupak Katari) junto a su entonces compañero y hoy vicepresidente, Alvaro García Linera. Tras acompañar las insurgencias de las comunidades aymaras y quechuas, pasó varios años en la cárcel, durante la década del ‘90. Luego, integró el grupo Comuna. Volvió a México ya avanzado este siglo y se dedicó a escribir su tesis de doctorado sobre la experiencia de la guerra del agua en Bolivia, que la tuvo también como activista. Como investigadora en la Universidad de Puebla y en la UNAM, estudió y documentó con especial atención los procesos de asambleas constituyentes del continente, comparando los casos de Ecuador y Bolivia. De visita en Buenos Aires, mañana a las 18 dará una conferencia en el programa Lectura Mundi de la Unsam titulada: “Hacia una política de lo común: repensar el cambio social en América latina” y el viernes 28, a las 20, estará en la Casona de Flores convocada por la pregunta “¿Qué pueden los movimientos sociales contra el narco? Intuiciones desde el presente mexicano”. Aquí un diálogo sobre su preocupación principal: cómo construir un sentido común disidente.

–¿Cómo pensar la situación actual en América latina? Hay sectores que plantean un fin de ciclo de los llamados gobiernos progresistas.

–No estoy muy segura de que la expresión “fin de ciclo” pueda aplicarse a los gobiernos progresistas en América latina... Hay algunos desfases en los procesos que siguen, por ejemplo, Bolivia y Ecuador con respecto a Venezuela, sobre todo tras la muerte de Chávez. Sin embargo, más que un “fin de ciclo” creo que estamos presenciando la consolidación política de un ciclo que comenzó después de los procesos constituyentes, tanto en Bolivia como en Ecuador. Creo que lo que presenciamos es más bien la consolidación creciente del monopolio de las prerrogativas sobre las decisiones políticas más importantes, en manos de pequeños conjuntos de funcionarios políticos. Este “taponamiento” –por expresarlo de alguna manera– de las otras miradas y caminos políticos que se abrieron hace años es lo que, en mi perspectiva, ha llegado a un punto de saturación extraordinaria.

–¿En qué se expresa esa saturación?

–Hay, creo, en Bolivia y Ecuador un momento fuerte de consolidación estatal y de creciente tutelaje de las iniciativas populares e indígenas, que tienen que ceñirse cada vez más a lo que es decidido por otro. Eso es lo que miro: reiteración de formas liberales de lo político afianzadas en la expropiación de la capacidad social de intervenir en los asuntos públicos que le incumben.

–¿Hay reconfiguraciones del Estado que pueden llamarse posneoliberales?

–Creo que el momento actual no es igual al momento liberal de la política y de lo político que asoló América latina durante los ‘90. Eso es fácilmente contrastable viviendo, como lo hago ahora, en México, donde todavía está presente y vigente en la discusión política oficial el ideario (neo)liberal de reforma estructural que limita la intervención estatal, agrede lo que suele llamarse “conquistas sociales” e impulsa el predominio de los intereses empresariales monopólicos mediante la coartada del predominio del mercado. Eso, creo yo, ya no ocurre, ya no se escucha en los países donde hubo movilizaciones vigorosas y enérgicas durante la década pasada, que atravesaron procesos constituyentes y que tienen gobiernos progresistas.

–Tras esas movilizaciones y los cambios a nivel del Estado, ¿se arma un nuevo tipo de conflictividad?

–Lo que es tremendo es que en los países donde la movilización social fue fuerte sigue vigente el predomino pleno de los intereses del capital transnacional más poderoso, que ahora parece haber “capturado” también a las formas estatales reconstruidas tras la sacudida de la década pasada. Esto es lo que una encuentra cuando busca entender lo que pasa desde la similitud de los conflictos que se despliegan en países, como México, cada vez más liberalizados y formalmente “democráticos”; o como en Ecuador o Bolivia, donde los pueblos indígenas una y otra vez tienen que defender sus territorios y sus vidas amenazados de nuevos afanes de saqueo y luchar contra la imposición totalmente inconsulta de políticas que, en el Sur, supuestamente se impulsan “por el bien” de esos mismos pueblos que se defienden. Está en cuestión lo que despuntó en los tiempos agitados y rebeldes nuevamente como un horizonte de lo común, que dislocó fuertemente los términos del discurso político liberal moderno.

–¿Qué significa el horizonte de lo común como política?

–Desde mi punto de vista, lo que hace algunos años se vislumbró como posibilidad política fue una especie de disposición colectiva sintonizada no exenta de tensiones internas para reapropiarse tanto de riqueza material como de capacidades políticas anteriormente expropiadas. Esta clave de lectura te permite entender las recurrentes luchas que buscaron tanto establecer límites a la acción expropiadora-privatizadora del capital más poderoso, como los esfuerzos por establecer nuevos términos de control social de la riqueza recuperada –fueran aguas, bosques o hidrocarburos–; a partir de este conjunto de acciones de lucha, las sociedades paulatinamente recuperaron y reconstruyeron capacidades políticas en el sentido más amplio: posibilidades de gestionar colectivamente lo que a todos incumbe porque a todos afecta. Eso tendencialmente erosionó y amenazó con disolver ciertos términos modernos de comprensión de lo político, como la distinción privado/público. Y la amenaza de disolución de esta añeja distinción, que funda una gran parte de nuestra comprensión de lo político pues los momentos de la lucha también fueron tiempos enérgicos de producción y reproducción de lo común. Lo común no es una categoría clasificatoria que aluda a la propiedad sino que es una idea-fuerza central de la reorganización de la convivencia social.

–¿Supone una nueva forma de cooperación y de autoridad? ¿Cuál es su diferencia con lo público?

–Lo común es aquello que se produce colectivamente y cuyo control y decisión no se delega en otras mediaciones políticas que no sean los mismos que lo producen. Lo común es una manera de nombrar eso “público no-estatal”. El horizonte de lo común es, ante todo, una perspectiva de lucha que se lanza a reapropiarse y recuperar directa y colectivamente lo que ha sido arrebatado de las manos de las colectividades. En tal sentido, lo común no es algo meramente heredado sino que, ante todo, es producción reiterada de sentido y de vínculo para dotarse colectivamente de capacidades de intervención en asuntos generales.

–¿Cómo se puede leer la violencia actual en México? ¿Cómo juega la cuestión del narcotráfico respecto de los movimientos sociales?

–Este es un asunto abrumador... Te presento un par de claves de interpretación: más allá de la llamada “transición democrática”, en México sigue plenamente vigente una forma de lo político que se sostiene en un patrimonialismo descarnado. México es el país de los monopolios y de su defensa por todos los medios. En ese contexto, la guerra contra las drogas –impulsada por Estados Unidos y que en México fue desatada, sobre todo, durante el segundo gobierno del conservador Partido Acción Nacional (PAN) de Calderón– obligó a una redefinición de los términos de uno de los negocios más rentables que existen en México: el de la producción y trasiego de sustancias controladas. Esto ha desatado una auténtica guerra en varios frentes y con muchos actores, cuya posible identificación no siempre es clara. Así, se ha generalizado una confrontación en la que se distinguen dos niveles: por un lado, la violenta pugna entre mafias que ejercen control territorial como garantía de la permanencia de sus negocios y, por otro, una soterrada guerra contra los pueblos y la población civil, a la que se pretende obligar a obedecer a balazos y sumando asesinatos. Todo esto es no sólo muy confuso sino altamente peligroso. Y lo peor de todo es que esta auténtica disolución de la autoridad estatal –en muchos lugares de la República– está cubierta con un velo de opacidad casi total, pues la información difícilmente circula. Lo que es cierto es la proliferación de una infinidad de luchas locales autodefensivas de múltiples comunidades, localidades, pueblos y regiones. En estas luchas hay esperanza de reconstrucción de las ruinas en las que habitamos.

–Ante esta situación, ¿cuáles son los desafíos para las militancias?

–Este es un tiempo para las palabras y las conversaciones. Necesitamos reconstruir el sentido común disidente y de lucha, pues casi todo lo que alcanzamos a aclarar en la anterior ola de movilizaciones y levantamientos ha sido “recodificado” en términos estatales; primero ocurrió una “captura” semántica de nuestras palabras, que ya no designaban con claridad aquello a lo que nosotros aludíamos en los tiempos de mayor crisis política; a esto le sigue una “captura” política y luego, “organizativa”, de los contenidos políticos más filosos de nuestras luchas. Por eso conviene volver a centrar la discusión no tanto en lo que actualmente hacen los Estados y los distintos gobiernos, sino en lo que han sido nuestros aprendizajes.

–¿Sirve el concepto de dignidad, que en su momento lanzaron los zapatistas, para pensar las luchas actuales?

–La dignidad, para mí, es siempre el punto de partida de la autonomía política y moral; así como de las fisuras que se les imprimen a las jaulas del miedo y la desconfianza. Podría decirse, siendo formales, que la dignidad siempre es necesaria, aunque puede no ser suficiente en el despliegue de las luchas por la transformación social y política. El ¿qué más es necesario? constituye, creo, el corazón del debate político militante contemporáneo.