Desde Roma

La Junta para la Inmunidad de la Cámara de Senadores, que deberá decidir si Silvio Berlusconi queda inhabilitado como senador luego de la condena definitiva de la Corte Suprema, comenzó a sesionar el lunes por la tarde en Roma, en un clima de incertidumbre en todo el país por una eventual caída del gobierno del que participan los berlusconianos del Pueblo de la Libertad (PdL) y el Partido Democrático (centroizquierda).

No se esperan decisiones inmediatas y, pese a las amenazas de provocar una crisis de gobierno de los combativos hombres de Berlusconi, el primer ministro Enrico Letta no parece demasiado preocupado, tal vez porque otros potenciales aliados –como Izquierda y Libertad y hasta algunos parlamentarios del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) de Beppe Grillo– parecen no descartar la posibilidad de formar parte de un eventual nuevo gobierno. El presidente de la República, Giorgio Napolitano, mientras tanto, insiste en que lo importante es pensar en Italia, es sacar al país de la crisis económica, mensaje que algunos han leído como una indirecta a Berlusconi y su promesa, varias veces repetida, de no hacer caer el gobierno a causa de sus asuntos personales.

La discusión sobre la suspensión como senador de Berlusconi es la consecuencia de la sentencia definitiva por evasión fiscal, emitida por la Corte Suprema el 1º de agosto y que lo condenó a cuatro años de cárcel, confirmando la condena de las dos instancias judiciales precedentes, que decían que Il Cavaliere era el “creador” del sistema de evasión fiscal montado por Mediaset, empresa de la familia Berlusconi que compraba derechos televisivos. Curiosamente, los cuatro años de prisión, por efecto de ciertos indultos precedentes, quedarían en realidad reducidos a un año. Un año de prisión que podría cumplir en arresto domiciliario dada su edad –76 años– o haciendo algún servicio social, y para eso quedaría a cargo del Departamento de Servicios Sociales. Pero claro, nadie se puede imaginar al magnate televisivo dando de comer a los pobres en un comedor de solidaridad, que podría ser una de esas tareas...

En realidad, el PdL quiere a toda costa prolongar los tiempos de debate de la comisión para que el cargo de Berlusconi como senador no quede sin efecto. Ellos sostienen, entre otras cosas, que la ley que prevé que un condenado quede inhabilitado para la política (ley Severino) no es aplicable al caso de Il Cavaliere, porque la ley fue aprobada después del momento en que se cometió el delito. Pero el PdL jugó también otra carta: presentar un recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Ayer, fuentes de la Justicia dijeron que para saber si corresponde que la Corte analice el caso Berlusconi se requerirán por lo menos tres meses. En la Junta del Senado, mientras tanto, todo hace suponer que Berlusconi podría ser inhabilitado, dado que la mayoría de los integrantes –14 contra 8 al menos hasta ahora– estaría de acuerdo. Pero el procedimiento supone varios días –siete o más, se dice– porque el relator presenta el caso y debe hablar la defensa de Berlusconi, aparte del debate en sí mismo.

Mientras Il Cavaliere dice (de vez en cuando) que él piensa en Italia y está preocupado por el país, otros de sus hombres, como el polémico diputado Renato Brunetta, insisten una y otra vez en que el líder no puede ser tocado, que el PD “se lo quiere sacar de encima sin haber ganado las elecciones, y eso es irresponsable”. En las elecciones de febrero, en efecto, el país y el Parlamento quedaron prácticamente divididos en tres partes más o menos iguales, entre el PdL, el PD y el M5S. Pero en Diputados, por la ley electoral existente, el PD y sus aliados consiguieron una amplia mayoría. No fue así en el Senado, por lo cual para poder hacer un gobierno el PD tuvo que aliarse con el PdL, ante la reiterada negativa del M5S. Ahora, si Berlusconi sale de la escena política, el PdL pagaría un precio muy elevado porque es el que acapara el consenso.