Desde Santiago

La casona de la calle Londres número 38, de estilo neoclásico, en pleno centro de Santiago, es un espacio de memoria recuperado por las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura. Fue sede del Partido Socialista hasta el golpe de Estado de septiembre de 1973, cuando el régimen la convirtió en un centro de detención y tortura por el que pasaron 2000 personas entre ese año y 1975. A la entrada se colocaron 98 placas intercaladas entre los adoquines que corresponden a detenidos de ese lugar que fueron ejecutados y desaparecidos. Esas placas de piedra recuerdan a los transeúntes y visitantes curiosos un asunto pendiente: hace falta conocer la verdad pero también es necesario que se haga justicia. Los organismos de derechos humanos esperan que si Michelle Bachelet le gana el ballottage de mañana a su rival de la derecha Evelyn Matthei, la líder socialista lleve adelante medidas significativas para avanzar con las causas vinculadas con los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.

En la historia personal de la candidata favorita quedaron las huellas de las botas. Tenía poco más de veinte años cuando su padre Alberto Bachelet, un general leal a Salvador Allende, falleció a causa de las torturas que le provocaron sus compañeros de armas. Ella y su madre, Angela Jeria, estuvieron presas en el centro de detención Villa Grimaldi, y tras ser liberadas se exiliaron. El padre de la otra candidata, Fernando Matthei, era amigo de Bachelet pero no hizo nada por salvarlo, siendo que ocupaba el cargo de director de la Academia de Guerra Aérea cuando el lugar funcionaba como un campo de concentración. Como si cuarenta años no fueran suficientes, la candidata de la derecha dijo en el último debate electoral que prefería no usar el término dictadura. “Yo lo llamo gobierno militar, mi padre estuvo ahí (...) la figura de Pinochet es súper rara.” Matthei votó por el Sí a la continuidad de Pinochet en el plebiscito de 1988 y se manifestó en contra de la detención del general en Londres, diez años después.

Durante el gobierno de Bachelet (2006-2010) se inauguró el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en esta ciudad, un espacio construido especialmente para hacer memoria de lo ocurrido entre 1973 y 1990. Sin embargo, su gestión no terminó de allanar el camino hacia la búsqueda de verdad y justicia, como tampoco lo hicieron anteriores gobiernos de centroizquierda de la Concertación –hoy la alianza incluye al Partido Comunista y lleva el nombre de Nueva Mayoría–. El decreto de Amnistía, aprobado en 1978 y nunca derogado, exime de responsabilidad penal a los responsables de violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Si bien la justicia chilena, a partir de fallos de la Justicia internacional, empezó a ignorar el decreto de indulto y encarceló a cientos de militares chilenos por crímenes cometidos durante la dictadura pinochetista, el hecho de que el decreto de indulto no haya sido derogado es incompatible con los tratados internacionales, según denunciaron organizaciones como Amnistía Internacional. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que la mencionada ley va a contramano de las obligaciones del Estado chileno, que debe asegurar que no se obstaculicen las investigaciones, los procesos y los castigos de los responsables de crímenes de lesa humanidad.

En esa línea, Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), señaló a esta enviada la pesada herencia de 17 años de dictadura. “A 40 años del golpe no podemos seguir así, con una cultura que tiende a transgredir los límites en materia de derechos humanos e integridad de las personas. Hay una herencia y una formación dictatorial incólume en las Fuerzas Armadas y policiales; una manutención del Estado extremadamente represivo.”

Como muestra de la impunidad con la que actúa, el Ejército chileno actualmente paga sueldos a ex agentes de los organismos represivos que figuran como personal “a honorarios”, según se puede comprobar en la página institucional de esa rama y reveló la agencia EFE.

En 1991, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Retting) documentó 2296 casos de asesinados políticos, de los cuales casi mil fueron casos de desaparición forzada. En 2004 y 2005 el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) señaló que 28.459 personas fueron detenidas por motivos políticos y la mayoría de ellas torturadas. El total de personas desaparecidas es de 3216.

En los últimos años varios procedimientos judiciales se transfirieron de los tribunales militares a los civiles, para garantizar mayor independencia e imparcialidad. Hasta la fecha, al menos 262 personas fueron condenadas por violaciones a los derechos humanos y hay abiertos más de 1100 procedimientos legales. Pero Mireya García no se contenta. “La Justicia empezó a operar tarde, recién hace diez o quince años. Faltan miles de procesos por abrir. Y el tiempo conspira en contra: hay menos antecedentes, represores que mueren, y así se dificulta cada vez más poder establecer la verdad y la justicia.”

Por otro lado, para la Justicia chilena los abusos sexuales infligidos a las mujeres víctimas de la represión fueron invisibilizados. “Ni siquiera en los casos en que se identificó y se dio por acreditada la violencia sexual ésta recibe alguna clase de respuesta jurídica”, señala un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Corporación Humanas y Parque por la Paz Villa Grimaldi. Según el estudio, en ningún caso los tribunales consideraron que se hubiera cometido un delito.

A todo esto, organismos defensores de los derechos humanos calificaron de “chantaje” y rechazaron la oferta de ex jefes de la policía secreta de entregar información sobre los crímenes cometidos durante la dictadura a cambio de la reducción de las penas carcelarias. El abogado de Manuel Contreras (ex jefe de la DINA), René López, propuso una mesa de diálogo entre los familiares de detenidos desaparecidos y los represores condenados. Su cliente acumuló 300 años de cárcel.

En el programa de gobierno de Bachelet figura un camino promisorio. “Estableceremos en forma expresa en la carta fundamental que los crímenes de lesa humanidad cometidos, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, son delitos imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido y no susceptibles de amnistía, ni indulto general o particular.”

García espera que esta vez se cumpla.

“La derogación del indulto estuvo en todos los programas de la Concertación; se presentaron cinco o seis proyectos y ninguno fue aprobado. Cuando se intentó modificar el Código de Procedimiento Penal la Democracia cristiana se opuso. Esperamos que el próximo gobierno tome decisiones significativas y que Bachelet nos reciba.”