Kabul enterró a los muertos del peor atentado sufrido en 15 años en un ataque que el fin de semana golpeó con furia una marcha de la minoría chiíta hazara, dejó 80 fallecidos y 305 heridos y fue reivindicado por el Estado Islámico (EI). Afganistán homenajeó ayer a las víctimas con una jornada de luto, hizo promesas de venganza y prohibió oficialmente la convocatoria y realización de manifestaciones. Las banderas afganas flamearon a media asta en los edificios públicos de todo el país asiático y en varias zonas se realizaron vigilias y lecturas públicas del Corán en honor de los civiles asesinados en el doble atentado suicida.

Dos atacantes suicidas detonaron sus chalecos explosivos el sábado y se inmolaron en medio de unas 10.000 personas que reclamaban un proyecto de obra pública. La mayoría de los manifestantes eran de la etnia minoritaria hazara, chiíta –rama del Islam que grupos sunnitas extremistas como el EI consideran herejes–, comunidad que pedía que el gobierno afgano redirigiera una red eléctrica cuya construcción se proyecta desde Kirguizistán y Tayikistán hacia Pakistán e India, para que en vez de pasar por Kabul atraviese la provincia de Bamiyán, la más atrasada económicamente del país, poblada sobre todo por la minoría chiíta, que se siente discriminada por el Estado nacional.

En la actualidad, Bamiyán no está conectada a la red central eléctrica del país. Horas después del ataque, el EI reivindicó la autoría a través de una agencia de noticias cercana a la milicia, Amaq. La comunidad hazara forma parte del 9 por ciento de chiítas en Afganistán y en los últimos dos años ha sido objeto de ataques sectarios y secuestros en grupo, reivindicados por los taliban y también por milicias islamistas, como el EI, un grupo cada vez más poderoso en este país.

A los homenajes espontáneos de los afganos –vigilias nocturnas entre velas, rezos y lecturas del Corán– se sumaron los primeros funerales y entierros de las víctimas y la promesa pública del propio presidente, Ashraf Ghani, hecha a los familiares, de que su gobierno “vengará la sangre de sus seres queridos”.

La otra reacción del gobierno afgano fue la prohibición de toda manifestación y protesta en las calles durante 10 días. Según explicó el vocero del Ministerio del Interior, Najib Danish, la prohibición de todas las reuniones públicas y protestas pretende asegurar la seguridad de los ciudadanos en general y, en particular, durante los funerales de los fallecidos en el atentado, que se sucederán a lo largo de los próximos días. El Movimiento Esclarecedor, el mismo que convocó la manifestación de hazaras en Kabul, ya anunció que no se dejará amedrentar por la milicia extremista y que convocará nuevas protestas, pese a la prohibición anunciada por el gobierno.

Numerosas personas pasaron la noche en vela, en medio de charcos de sangre, en la plaza DehMazang, rebautizada “plaza de los Mártires” por el presidente Ashraf Ghani, en homenaje a las víctimas del doble atentado suicida. Familiares de sobrevivientes se agolparon frente al hospital Istiqlal, el más cercano al lugar de la matanza, y permanecieron a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

En la mezquita Mazari, en la misma zona del ataque, las autoridades extendieron una inmensa bandera afgana llevada por los manifestantes, sobre la que colocaron pertenencias de los fallecidos: zapatos, ropas, chales ensangrentados, frente a los cuales las personas estallaron en llanto y expresaron su desesperación. En una colina cercana, en el cementerio adyacente las tumbas fueron excavadas con pala y también con retroexcavadoras para poder recibir a los cuerpos de los fallecidos, envueltos en la mortaja tradicional.

Según un comunicado difundido por Naciones Unidas, las filas de hombres y mujeres afganas que se ofrecieron a donar sangre para sus compatriotas heridos representa “un signo conmovedor de la resiliencia y la solidaridad del pueblo afgano frente a esta violencia espantosa’’. El organismo internacional calificó la matanza como un crimen de guerra, mientras que la Casa Blanca condenó el ataque como un atentado cruel, “todavía más despreciable por el hecho de que golpeó una manifestación pacífica’’.

A principios de este año, la misión de la ONU en el país advirtió en un informe que el año pasado había sido el más violento para los ciudadanos afganos, con más de 3500 civiles muertos y cerca de 7500 heridos. Al menos un cuarto de las víctimas fatales eran niños.

Tras el primer trimestre de 2016, la ONU volvió a advertir que la ola de violencia no sólo no menguaba, sino que recrudecía, especialmente contra la población civil y los niños, que pasaron a representar un tercio de los muertos en ese período.

Se trata de la peor masacre cometida en Kabul desde la intervención de Estados Unidos en 2001, que expulsó del poder a los taliban, y del atentado de mayor envergadura llevado a cabo por el EI en esta ciudad de 5 millones de habitantes.

En muchos afganos sobrevuela la sospecha de que el gobierno afgano no desplegó los medios necesarios para proteger la marcha de los hazara, comunidad de tres millones de miembros que padeció décadas de persecuciones, con miles de personas exterminadas a fines de los años 90 por la red Al Qaida y por los taliban, en su gran mayoría, pastunes sunnitas.

El EI, que se radicó a fines de 2014 en el este del país, escogió a los hazara como blanco de su primer ataque de gran envergadura en Kabul, desmintiendo así los intentos del poder por minimizar su nivel de presencia y de amenaza en la capital. “Las fuerzas del orden fueron negligentes. Exigimos una verdadera investigación y que se juzgue a quienes hayan tenido fallas’’, afirma uno de los manifestantes, Subhan Ali.