Página/12 En Brasil

Otra fase del golpe prolongado. Con una mayoría holgada, la Cámara baja aprobó una reforma constitucional por la cual se congelará hasta 2037 el gasto público en salud y educación además de quedar sin efecto la política de valorización anual del salario mínimo, como ocurría desde 2007.

A partir de 2017 el Estado aumentará los fondos para escuelas, universidades y hospitales tanto como haya crecido la inflación el año anterior, sin considerar la expansión demográfica de un país con 205 millones de habitantes.

Esto implica una reversión de las políticas de expansión del gasto social aplicadas por los gobiernos del PT (hasta 2015, cuando Dilma nombró al neoliberal Joaquim Levy al frente de Hacienda) por la cual los recursos para educación avanzaban cada año algunos puntos porcentuales dentro del presupuesto.

Para cambiar la Constitución el gobierno necesitaba una mayoría especial de 308 legisladores, 3/5 del Plenario, y obtuvo 366, demostrando su fuerza política conquistada a cambio de ofrecer cargos y prebendas, negociadas hasta personalmente por Michel Temer, un profesional de los pactos reservados.

Por tratarse de una enmienda a la Carta Magna, el trámite de esta normativa aún requiere de una votación más con mayoría especial en Diputados, prevista para el 24 de octubre, y otras dos, también con número excepcional, en el Senado.

Solo 111 congresistas, en su mayoría del PT, rechazaron la Propuesta de Enmienda Constitucional 241 (PEC 241) que había sido girada por Temer cuando era mandatario interino mientras se sustanciaba el juicio político contra la entonces presidenta suspendida Dilma Rousseff, finalmente destituida el 31 de agosto.

Hay que “resistir al mayor ataque a los derechos sociales de la historia” brasileña tuiteó Rousseff al cuestionar la enmienda constitucional.

“Esta fue una victoria mayúscula (...) demostró el compromiso del Congreso con el equilibrio fiscal y el rescate de la responsabilidad fiscal” celebró Temer a través de su portavoz el lunes por la noche, minutos después de la aprobación de la PEC 241 conmemorada ruidosamente en el recinto por prácticamente los mismos parlamentarios que meses atrás aprobaron la apertura del impeachement.

Por entonces los 367 legisladores (uno más que los 366 de lunes) que festejaron el inicio del fin del gobierno de Dilma se encuadraban detrás de Eduardo Cunha, el ahora ex diputado procesado con pruebas por su participación en el “Petrolao”. Esta semana se encolumnaron detrás de Temer, un antiguo socio de Cunha.

En Washington, la directora gerente del FMI, Christiane Lagarde, saludó las iniciativas de Temer y el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, porque “refuerzan la credibilidad en las políticas macroeconómicas”.

El Palacio del Planalto y el FMI coinciden en que estas medidas son el remedio inevitable para recuperar el equilibrio fiscal, ante el déficit de casi 60 mil millones de dólares previsto para este año, cuando la recesión rondará el 3,2 por ciento.

Pero omiten, tanto Temer como Lagarde, que ese déficit sería superado sin cortar un solo programa social con la reducción de las tasas de interés del 14,25 por ciento anual fijadas por el Banco Central, cuyo titular es Ilan Goldfajn, nombrado en junio pasado. Hasta mayo, Goldfajn era el jefe de economistas, y accionista, del Banco Itaú, el mayor privado del país, y uno de los que se benefician con los intereses altos.

Puesto en números aproximados: en 2015 se pagaron más de 150 mil millones de dólares de intereses de la deuda, es decir casi dos veces y media el déficit.

Ocurre que Temer, quien ayer prometió más medidas amargas, como la reforma previsional, excluyó de su estrategia de saneamiento de las cuentas públicas la revisión de las tasas, las cuales se modulan según las leyes del mercado.

¿Es o no un golpe?

Hay una controversia casi espistemológica sobre la naturaleza del gobierno post Dilma. Unos consideran que se trata de una administración democrática por haber surgido de un impeachment, que está contemplado en la Constitución, perspectiva refutada por quienes que entienden que se trata de un golpe (de nuevo tipo, blando, parlamentario, no tan blando, o como se le llame) en primer lugar por la anomalías de un proceso en el cual el jurado, compuesto en su mayoría por senadores antipetistas, condenó sin pruebas a una presidenta electa, tal como se observó durante los tres meses de proceso.

Más allá, o más acá, del contrapunto teórico sobre la naturaleza de la administración actual, están los datos de la realidad. Datos posteriores a la deposición de Rousseff.

Entre ellos la reforma constitucional aprobada en la noche del lunes a las corridas para eludir el debate. Resulta evidente que un presidente no votado como es Temer, con el 14 por ciento de aprobación según encuestas recientes, carece de legitimidad democrática para imponer un modelo de Estado como éste, diseñado en la PEC 241, a los próximos cinco mandatarios electos a partir de 2018.

A partir de esa comprobación parece apropiado considerar que éste es un golpe al que se puede denominar como “prolongado”: iniciado con la deposición de Dilma y continuado con las (contra)reformas estructurales en curso, las cuales debieran ser realizadas por un mandatario electo o por una asamblea constituyente que revise el contrato social surgido de la Constitución de 1988, la cual no sólo establece que el Estado garantice los derechos sociales sino que también fijaba un límite a las tasas de interés.