El poder civil ratificó su primacía en Uruguay. “No hay ninguna duda por parte del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de que el fallo de la Corte Suprema se va a respetar”, dijo ayer el subdirector de Prensa de la Presidencia uruguaya, Gustavo Antúnez, con respecto al comunicado que presentaron el miércoles militares retirados en contra de la extradición de tres efectivos a Chile por el asesinato del bioquímico y ex agente chileno Eugenio Berríos. La declaración llegó luego de que otras fuentes aseguraran que Vázquez no iba a opinar sobre el tema, lo que mostró además que dentro del propio gabinete existen “discrepancias” acerca del fallo judicial. Por su parte, el subsecretario del Ministerio del Interior, Juan Faroppa, fue un paso más allá y calificó el comunicado como un “exceso”. En tanto, un tribunal uruguayo reactivó ayer el expediente judicial contra el ex presidente Juan María Bordaberry (1972-1976) y el ex ministro de Interior Juan Carlos Blanco, sobre el asesinato en 1976 en Buenos Aires de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes tupamaros Williman Whitelaw y Rosario Barredo.

“Acceder a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia uruguaya dañaría irreversiblemente la soberanía nacional”, habían dicho en un comunicado el Centro Militar y el Círculo Militar, apelando a que el presidente obstaculice las extradiciones de los tres militares. La Corte, en un fallo histórico, autorizó el jueves de la semana pasada la extradición a Chile de Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, acusados por el asesinato del bioquímico Eugenio Berríos, en 1993, en Uruguay. Berríos fue sacado de su país en 1991 en forma clandestina, para evitar que declarara en la investigación del asesinato en Washington del ex canciller chileno Orlando Leterier. Sin embargo, el presidente uruguayo dio indicios de que no se opondrá al fallo y respetará así la decisión del Poder Judicial. Las posiciones al interior de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio (FA) y del propio gabinete están enfrentadas. Para el senador Rafael Michelini, la resolución judicial que autorizó la extradición es un fallo más que pertinente. Michelini dijo que “es una buena decisión de la Justicia” y agregó que “sería un error garrafal del gobierno progresista meternos o cambiar el curso de la Justicia”. Por el contrario, el titular de la Comisión de Defensa del Senado uruguayo, Eleuterio Fernández Huidobro, del oficialista Movimiento de Participación Popular (MPP), se manifestó ayer en contra de la extradición de los militares. “Hay un ataque a la soberanía del país en el pedido de extradición que se hizo desde Chile. Si hay culpabilidad de los militares, lo tiene que decidir la Justicia uruguaya y no la chilena”, afirmó el legislador en declaraciones a Radio El Espectador, de Montevideo.

Pero ésta no es la única causa relacionada con la dictadura que sigue su curso. Un tribunal uruguayo reactivó ayer el expediente judicial sobre el asesinato en 1976 en Buenos Aires de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes tupamaros Williman Whitelaw y Rosario Barredo. El caso había sido archivado en septiembre del año pasado por el juez Roberto Timbal, al considerar que esos asesinatos, ocurridos casi 30 años atrás, cuando Uruguay y Argentina estaban gobernados por dictaduras militares, habían prescrito. La fiscal penal Mirtha Guianze presentó entonces un recurso de apelación, que mantiene el pedido de procesamiento con prisión para el ex presidente Juan María Bordaberry y el ex ministro de Interior Juan Carlos Blanco, por coautoría de cuatro homicidios especialmente agravados, además de la desparición forzosa del opositor Manuel Liberof.