Corrupción nao tem fim. El senador Joaquim Roriz se sumó a la lista de cientos de congresistas, empresarios y funcionarios brasileños denunciados por la policía desde comienzos de año. Correligionario de otro parlamentario acusado de corrupción, Renán Calheiros, presidente del Senado, Roriz también puede ser procesado por violación de la ética parlamentaria. Y a juzgar por los indicios disponibles, la situación de Roriz es más comprometida que la de Calheiros, quien la semana pasada no consiguió que sus pares lo absolvieran.

Calheiros está siendo investigado en el Consejo de Etica, que volverá a reunirse mañana, por haber pagado la pensión de su ex amante y la hija de ambos a través de un ejecutivo de la constructora Méndes Junior. Sin embargo, no está probado que el dinero fuera de la empresa. El senador brasileño Roriz, en cambio, fue pillado por las escuchas policiales cuando concertaba con un cómplice, el ex presidente del Banco Regional de Brasilia Tarcísio Franklin de Moura –actualmente en libertad condicional–, el reparto de 1,1 millón de dólares de origen desconocido.

Las pruebas actuales contra Roriz justificarían su prisión, la que todavía no ocurrió gracias a la inmunidad parlamentaria que, además de garantizarle la libertad, le da el privilegio de que su caso vaya al Supremo Tribunal Federal (STF). La experiencia dicta que este es el verdadero beneficio. Diez de cada diez senadores procesados en la máxima instancia judicial quedan absueltos.

El caso de Roriz es un prototipo de la promiscuidad entre los poderes que corroe a las instituciones brasileñas, según Renato Lessa. El cientista político cuestionó la instrumentación de la inmunidad parlamentaria, concebida como garantía de la libertad de pensamiento de los tribunos y no como atajo para que esquiven la Justicia por delitos comunes.

La charla entre el senador Roriz y su cómplice, grabada con autorización judicial, discurre sobre la elección del lugar de encuentro para distribuir los mazos de billetes y termina con una cita en la oficina de del empresario Nené Constantino. La hipótesis policial es que Constantino, presidente del Consejo de Administración de la empresa Gol, pagó una posible gratificación por contratos recibidos del gobierno de Brasilia. Roriz ocupó el cargo de gobernador entre 1998 y 1996. Constantino, quien reconoció haber entregado dinero al senador pero negó que fuera en tributo a los favores políticos recibidos, amasó una considerable fortuna en la capital federal, donde es propietario de la mayor flota de colectivos.

El destape del escándalo Roriz no afecta de lleno al gobierno del presidente Lula da Silva, pero esmerila la articulación oficialista en el Congreso. Roriz y Calheiros pertenecen al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la fuerza aliada con mayor participación en el segundo gobierno lulista. El PMDB es además la primera minoría dentro del Congreso nacional. Esto significa que su participación en la base aliada de Lula es esencial para llevar adelante la agenda legislativa del Palacio de Planalto. Sin embargo, no sucede lo mismo con las alianzas personales. El acuerdo entre Lula y Calheiros se explica en estrictas razones de realismo político. No hay simpatías ideológicas ni acuerdos programáticos, como sucedía con los compañeros petistas que fueron defendidos hasta las últimas instancias por Lula en el megaescándalo de los mensalaos el año pasado. Todo indica que si Calheiros y Roriz pierden su stock de poder, el gobierno no justificará su continuidad en el Senado.