Luego del accidente aéreo de San Pablo en el que murieron casi 200 personas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quiere despedir a autoridades con responsabilidad en el sector aeronáutico, según informó ayer el diario O Estado de Sao Paulo. La cúpula de Infraero, el ente que administra los aeropuertos, el brigadier José Carlos Pereira y el ministro de Defensa, Walter Pires, están ahora bajo la mira del mandatario brasileño. En medio de una reunión de gabinete para evaluar próximas medidas, un diputado del oficialista PT salió a criticar públicamente al gobierno. La oposición no se quedó atrás: responsabilizó al Poder Ejecutivo por la tragedia y exigió la renuncia de Pires, lo que profundizó las diferencias por los casos de corrupción que afectan al oficialismo.

Lula da Silva, quien desde el martes se mantiene en contacto permanente con sus ministros, encabezó ayer una reunión de gabinete en el Palacio del Planalto para discutir un plan de acción. Si bien el líder del PT descarta que las máximas autoridades del sector aéreo sean culpables por el siniestro, que se convirtió en la mayor tragedia aérea del país, el presidente se habría quejado reservadamente de Pereira, presidente de la empresa estatal Infraero, y lo habría considerado débil para la función, señaló el periódico paulista.

Es por eso que el gobierno asignó toda la tarea de investigación del reciente accidente, ocurrido en el aeropuerto de Congonhas, al comandante de la aeronáutica, brigadier Juniti Saito, dejando afuera a Pereira y a Pires, según el medio brasileño. En este sentido, Lula pretendería reforzar los poderes del Consejo Nacional de Aviación Civil (Conac), creado en 2003 para asesorar a la presidencia de la república en asuntos relativos al tráfico aéreo y restarle poder al ministro Pires hasta encontrarle una salida honrosa.

En medio de la crisis latente desde la tragedia de Gol en septiembre del año pasado, en el que dos aviones chocaron en pleno vuelo, el accidente del martes pasado de la aeronave de TAM reavivó las críticas a la gestión del gobierno en el sector aéreo. El avión de TAM patinó en la pista central de la terminal de Congonhas, que estaba mojada por la lluvia, y sin poder frenar cruzó una avenida y se estrelló contra un depósito de cargas. El diputado del gobernante PT, Marco Maia, hizo responsable de los últimos hechos a la administración de Lula. “No existen más justificativos para la inoperancia del gobierno en el sector aéreo”, dijo Maia, relator en la Cámara baja de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) conformada a partir del accidente de Gol. El legislador anunció que hoy se reunirá la CPI para decidir la convocatoria a la comisión de los presidentes de TAM, Marco Antonio Bologna; de Infraero, Pereira, y de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), Milton Zuanazzi, entre otros responsables del área, para interrogarlos sobre el accidente. “El gobierno necesita retomar el comando de la infraestructura aeroportuaria. No tiene más espacio para medidas paliativas”, dijo Maia. “El jefe del Ejecutivo es quien tiene que asumir la responsabilidad para enfrentar el problema”, señaló.

En tanto, Arthur Virgilio, senador del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el tercero en número de diputados, vinculó el accidente con los crecientes casos de corrupción que comprometen al gobierno. “La tragedia ha sido consecuencia de una mezcla de incompetencia general, corrupción e insinceridad”, fustigó el político, cuyo bloque contó entre las víctimas a uno de sus diputados. Por su parte, el senador del conservador Partido Federal Liberal (PFL), Demóstenes Torres, relator de la CPI en la Cámara alta, también responsabilizó al gobierno por el desastre aéreo y fue más lejos al exigir la renuncia del ministro Pires. La misma medida fue requerida por otro integrante de la comisión, la diputada Luciana Genro, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Cuando aún no se conocen las conclusiones de la investigación, Onyx Lorenzoni, líder de los Demócratas (DEM, antiguo Partido Frente Liberal), no sólo pidió la dimisión de Pires, sino que además sugirió que lo encarcelaran. “Reabrir una pista que no estaba todavía a punto es equivalente a un asesinato, los responsables deberían ir a la cárcel”, señaló Lorenzoni. Ayer, uno de los funcionarios que estaría en la lista negra de Lula, el director de Infraero, reconoció los problemas que tiene Congonhas. “Está sobrecargado y tiene una utilización excesiva”, se excusó Pereira.