No es, todavía, hora de “balances” más o menos definitivos. Sí de detener, por un momento, la ansiedad, y de ver dónde está parado cada uno. El que esto escribe está en contra de las medidas (sobredimensionadas, extorsivas, objetivamente reaccionarias, y actuadas en muchos casos con un discurso y una ideología proto-golpista, clasista y aun racista) tomadas fundamentalmente por uno de los sectores más concentrados de la clase dominante argentina en perjuicio de la inmensa mayoría. No es algo tan fácil de explicar brevemente. Hay que empezar por señalar una vez más los gravísimos “errores” cometidos por el Gobierno. Están, por descontado, los errores “tácticos” inmediatos: la desobediencia a los más elementales manuales de política que recomiendan dividir al adversario, y no unirlo (y ni qué hablar de, además, dividir el frente propio); o la torpeza de apoyarse en personajes un tanto atrabiliarios de los cuales se sabe que –por buenas o malas razones– van a caer “gordos” a la llamada “opinión pública”. Pero más acá de estos “errores”, están los que no son “errores tácticos”, sino opciones estratégicas: no profundizar en la medida necesaria las políticas (tributarias y otras) de redistribución del ingreso, utilizar buena parte de las (inauditas) reservas fiscales para seguir saldando la maldita deuda; renovar los contratos de ciertos medios de comunicación que, debería el Gobierno saberlo, más tarde o más temprano se le pondrán en contra (y aquí, como en muchos otros casos, se ve cómo una opción estratégica se transforma rápidamente en un error táctico), y que lo hicieron de la manera más desvergonzadamente interesada de las últimas décadas. Ninguna de estas opciones estratégicas son algo para reprocharle al Gobierno. Reprochárselas –al menos, de la manera en que lo ha hecho cierta “izquierda” dislocada o cierta intelectual(idad) bienpensante y ya ni siquiera “progre” que, pasándose de la raya, cruzó definitivamente la frontera hacia la derecha– sería, paradójicamente, hacerse demasiadas ilusiones sobre un Gobierno que en ningún momento prometió otra cosa que la continuidad del capitalismo tal como lo conocemos. Vale decir: un Gobierno propiamente “reformista-burgués”, como se decía en tiempos menos eufemísticos. La situación, pues, no puede ser juzgada sino por lo que realmente es: una puja (no “distributiva” sino) interna a lo que en aquellos tiempos pre-eufemísticos se llamaba la “clase dominante”.

El inmediato mal mayor

Pero, pero: un gobierno legítimamente electo por la mayoría no es directamente miembro de aquellas “clases dominantes”, aunque inevitablemente tienda a “actuar” sus intereses. Y, en un contexto en el que no está a la vista ni es razonable prever en lo inmediato una alternativa consistente y radicalmente diferente para la sociedad, no queda más remedio que enfrentar la desagradable responsabilidad de tomar posición, no “a favor” de tal o cual gobierno, pero sí, decididamente, en contra del avance también muy decidido de lo que sería mucho peor; y si alguien nos chicanea con que terminamos optando por el “mal menor”, no quedará más remedio que recontrachicanearlo exigiéndole que nos muestre dónde queda, aquí y ahora, el “bien” y su posible realización inmediata. Porque el peligro del mal “mayor” sí es inmediato. En estas últimas semanas se han condensado potencialidades regresivas que muchos ingenuos creían sepultadas por un cuarto de siglo de (bienvenido) funcionamiento formal de las instituciones. ¿Exageramos? Piénsese en los “síntomas”, “símbolos”, “indicadores”, y también, claro, hechos. Nunca en este cuarto de siglo la derecha (económica, social y cultural, y no solamente política) había ganado la calle con una “base de masas” tan importante –incluyendo, sí, a esos “pequeños productores” cuyas legítimas reivindicaciones fueron bastardeadas, incluso por ellos mismos, al rol de “mano de obra” de los grandes “dueños de la tierra”–, hasta el punto de transformarse en un verdadero movimiento social del cual mucho oiremos en adelante. No solamente la calle, sino también el aire: nunca antes había sido tan férreo el consenso “massmediático” para apoderarse del Verbo público –como lo dijo inspiradamente León Rozitchner– con el objeto de aturdir hasta el mínimo atisbo de un pensamiento autónomo, no digamos ya “crítico”. Nunca antes las cacerolas habían sido tan bien disfrazadas de diciembre de 2001 argentino cuando en verdad representan –en inesperado retorno a su auténtico “mito de origen”– un septiembre de 1973 chileno. Nunca antes había habido una tan oportuna coincidencia con un aniversario del 24 de marzo. Nunca antes había habido una tan puntual coincidencia con un meeting de lo más granado de la derecha internacional en Rosario. Y ya que de “internacionalismo” se trata, nunca antes había habido una coincidencia tan “contextual” con las avanzadas desestabilizadoras –obviamente fogoneadas desde mucho más al Norte– sobre las “novedades” –no importa ahora lo que se piense de cada una de ellas– sudamericanas, desde las aventuras bélicas de Uribe en la frontera ecuatoriana (y por refracción, venezolana) hasta la feroz ofensiva oligárquico-separatista contra Evo Morales. Nunca antes se había conseguido reimponer el insostenible mito de que es el “campo” lo que ha construido a la “patria” (en una nefasta época esa construcción, se decía, había estado a cargo del Ejército Argentino, que era, al igual que el “campo”, incluso anterior a la nación: una asociación inquietante), cuando, sin meternos con la historia, sabemos que hoy –lo acaba de demostrar impecablemente el economista Julio Sevares– su contribución al PBI es mínima. O el igual de anacrónico mito de que estamos ante una batalla épica entre el “campo” y la “industria”, cuando hace ya décadas que los intereses de esos dos sectores actualmente ultra-concentrados en anónimas sociedades multinacionales –que incluyen, y en lugar destacado, a la “industria cultural” y los medios– entrecruzan sus intereses de manera inextricable, bajo el comando de las grandes agroquímicas, los pools sembradores, o los trusts de exportación cerealera.

El odio de la burguesía

Y a propósito de esto último, que atañe a la estructura de clases en la Argentina actual, nunca antes –posiblemente desde el período 1946/55– se había desnudado de manera tan grosera y frontal la violencia (por ahora “discursiva”) de la ideología de odio clasista de la burguesía y también de cierto sector de la llamada “clase media”; es este odio visceral e incontrolable, y no alguna desinteresada defensa del mitificado “campo”, es ese clasismo-racismo, él sí “espontáneo”, el que constituye la verdadera motivación para participar en los “piquetes paquetes”, desentendiéndose de la “contradicción” de estar orgullosamente haciendo lo mismo contra lo cual putean cuando se les corta la huida por Figueroa Alcorta. Que nunca haya sido tan pertinente, pues, el análisis de clase para juzgar un conflicto, no significa ejercer ningún reduccionismo de clase: las “clases altas” y las “clases medias” no tienen, es obvio, los mismos intereses materiales inmediatos; pero en la Argentina hace ya muchísimo que las segundas subordinaron sus intereses materiales a largo plazo a su patética, servil, identificación con los de las primeras, y es por eso que tan a menudo han trabajado de “mano de obra” de ellas, y en las peores causas. No hace falta ser un sofisticado marxista para entenderlo: bastaría citar la diferencia elemental –que constituye el ABC de la más básica sociología “estructural-funcionalista”– entre grupo de pertenencia y grupo de referencia.

Se equivoca pues la primera mandataria al decir que lo que se juega en este conflicto nada tiene que ver con la lucha de clases. Una vez más, no cabe reprochárselo: ella es peronista, y por lo tanto lo cree sinceramente. El problema es que crea que basta creerlo (o desearlo) para que la cosa no exista. No advierte, tal vez, la paradoja –por otra parte perfectamente explicable por la propia historia del peronismo histórico– de que el Gobierno que ella preside, aunque en “última instancia” represente compleja y ambiguamente, y con algunos escarceos defensivos de la autonomía del Estado, los intereses estructurales de la “clase dominante”, para la ideología estrecha de esa clase dominante, que ha hecho tan buenos negocios en este último lustro, representa los intereses (¿habría que decir: “simbólicos”?) de las otras clases, y por lo tanto su gobierno es el chivo expiatorio del “odio de clase” en una época en que, por suerte, ya no pueden hacerse pogroms masivos ni aplicarse científicos planes de exterminio colectivo. La clase dominante argentina está desde siempre acostumbrada a no tolerar ni siquiera aquellos tímidos escarceos “autonomistas” por parte de ningún gobierno (por lo menos, de ninguno “civil” y legalmente elegido: porque sí toleraron la mucha “autonomía” estatal de que gozaron las dictaduras militares para aplicar sus políticas económicas tanto como represivas). Aquella famosa consigna setentista –“Y llora llora la puta oligarquía, porque se viene la tercera tiranía”– era, entre otras cosas menos defendible, una ironía sobre el sempiterno tic de la burguesía, consistente en calificar de “tiránico”, “autoritario” o “dictatorial” (aunque en estos tiempos posgramscianos se diga “hegemónico”, como si la hegemonía no fuera el objeto mismo de la política) a cualquier gobierno, sea cual fuere su política, que osara insinuar que algunas cositas menores las iba a decidir él. Aunque parezca inverosímil, los acusaron de “comunistas”, “socialistas”, “nazifascistas”, sólo porque intentaron tomar algunas decisiones que, sin ser claramente opuestas a los “intereses dominantes”, no representaban una obediencia automática y directa a los amos del Capital.

La lucha de clases

Nada muy diferente está sucediendo ahora: puesto que llevamos un cuarto de siglo de democracia institucional, es en nombre de esa misma “democracia” que se usan los mismos (des)calificativos contra este Gobierno, al que se identifica, disparatadamente, como la otra parte en la “lucha de clases”. Y tal vez la Presidenta, aunque oscuramente, intuya esto, y por ello se defiende de lo que toma como una “acusación”. Pero, lo lamentamos: la lucha de clases no existe, pero que la hay, la hay. Muchos “progres”, al igual que este Gobierno, creen que no la hay porque las masas populares no están movilizadas en una contraofensiva dirigida al avance de la derecha. Pero, primero: las clases dominantes también luchan: la aplicación sistemática, sea a punta de bayoneta o por políticas “pacíficas”, de la reconversión capitalista “neoliberal”, eso es lucha de clases, emprendida por la clase dominante contra las dominadas y sus aún magras conquistas anteriores. Como lo es claramente el mantener desabastecidos a los sectores populares, con su inevitable consecuencia inflacionaria (algo que, a decir verdad, viene ocurriendo indirectamente desde mucho antes, dadas las cuotas de exportación ayudadas por el dólar alto y el consiguiente desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado interno). Segundo: si las masas populares están desmovilizadas, también es porque este Gobierno (y sobre todo todos los anteriores, si bien éste no ha hecho nada importante para subsanarlo, limitándose en este terreno a administrar lo ya acumulado) las ha desmovilizado, aun cuando en defensa propia le hubiera convenido, incluso con los riesgos que hubiera representado para un gobierno “reformista-burgués”, tenerlas a ellas en la calle antes que, pongamos, a D’Elía o Moyano (y se entenderá, suponemos, que con esos nombres estamos simplemente haciendo una taquigrafía, y no imputaciones a personas). Como no las ha movilizado, la ofensiva de clase de las fracciones más recalcitrantes de la burguesía fue contra su “adversario” visible, el Gobierno: otra, y para nada menor, opción estratégica transformada en error táctico.

En fin, no estamos –hay que ser claros– ante una batalla entre dos “modelos de país”; el modelo del Gobierno no es sustancialmente distinto al de la Sociedad Rural. Pero la derecha y sus adherentes ideológicos no toleran la más mínima diferencia de “estilo” con su modelo, del cual creen ser los únicos dueños, y sus primeros benefactores. ¿Tomar conciencia de ello hará que el Gobierno, aunque fuera “en defensa propia”, pergeñe un “modelo” diferente? No parece lo más probable. Tiene razón Alejandro Kaufman: todo esto no nos ha hecho pasar a la “gran política”; pero también es cierto que, bien jugada, podría ser la ocasión de al menos atisbar ese pasaje a una suerte de “gran relato” de la política. De que nuestros debates principales ya no sean (aunque por supuesto habrá que seguir haciéndolos, en otra perspectiva) las mentiras del Indec o el dinero de Santa Cruz emigrado a Suiza, sino los que atañen, efectivamente, al “modelo”, incluyendo un modelo integral y planificado a largo plazo para el “campo”. Pero si esta ofensiva de la derecha triunfa, esa ocasión se habrá perdido por décadas.

La legitimidad del Estado

En este relativamente nuevo contexto, no podemos quedar atrapados (otra vez, sin que haya dejado de ser necesario hacerlas también) en las discusiones sobre los detalles “técnicos” del conflicto. Hoy, ahora, el problema central ya no son (y tal vez nunca lo fueron en serio) las benditas “retenciones”. En un registro “puramente” económico –lo acaba de demostrar Ricardo Aronskind– ya se está discutiendo la renta a futuro del 20 por ciento de los “dueños” que controlan el 80 por ciento de la “tierra”, y no centralmente las retenciones actuales. Ya lo sabemos: ni el aumento de las retenciones móviles a las rentas extraordinarias del “campo” supone, no digamos ya una medida “confiscatoria” (¡¡!!), sino ninguna “pérdida” importante para un “campo” que nunca ha ganado tan extraordinariamente; ni, del otro lado, es estrictamente cierto que las retenciones sean una medida ampliamente “redistributiva” que vaya a mejorar decisivamente la brutal injusticia social que aún campea en la Argentina. Pero esto no significa que las retenciones (no, claro, por sí mismas, pero sí en la trama de una política nacional articulada que incluyera muchas otras medidas) no podrían y deberían contribuir a esa redistribución. Si la derecha gana, se habrá creado un peligroso antecedente de deslegitimación de la intervención del Estado en la economía, y esto impediría, o al menos obstaculizaría gravemente, que este Gobierno (si es que en algún momento reorienta sus opciones estratégicas) o cualquier otro futuro, sí utilizara las retenciones u otras medidas semejantes con fines redistributivos. Eso, en el mejor de los casos. En el peor, una parte nada despreciable de la sociedad argentina habrá completado un enorme e integral giro a la derecha del cual difícilmente habrá retorno. La situación obliga, a todo el que sienta una mínima responsabilidad ante aquella sociedad, a sentar con la mayor nitidez posible una posición. Insistamos: no necesariamente a favor del Gobierno, sino inequívocamente en contra de intentonas que a esta altura ya nadie puede dudar que son intencionalmente o no (pero más bien sí) “desestabilizadoras”, “golpistas”, “reaccionarias”. Los “golpes” ya no son hechos con tanques e infantería, pero no por eso han caducado: la especulación económica, la insidia mediática de las medias verdades y las enteras mentiras, la corrupción verbal de los epítetos clasistas y racistas, la confusión consciente de la parte con el todo –sea a favor o en contra del Gobierno o del “campo”– suelen tener un efecto más lento pero incomparablemente más profundo que los mucho más visibles uniformes con charreteras. El Gobierno deberá tomar cuidadosa nota de las “novedades” que se han producido. Y también, y sobre todo, deberemos hacerlo nosotros, los que –sin ser totalmente o siquiera en parte “pro-Gobierno”– no tenemos derecho a equivocarnos sobre dónde está el peligro mayor. Sobre dónde estará: porque esto –tregua o impasse o compás de espera, como se quiera llamarlo– recién empieza.

* Sociólogo, ensayista, profesor de Teoría Política y de Sociología del Arte (UBA).