¿Quiénes van a poder comunicar qué y cómo? Largamente postergada y ahora recuperada, la discusión sobre el reemplazo de la Ley de Radiodifusión plantea preguntas ocluidas por el aparente consenso en torno de la libertad de expresión y el pluralismo, ideas vacías de contenido si se naturaliza el régimen de medios legado por la última dictadura y sostenido por 25 años de democracia. ¿Qué principios deberían fundar la nueva ley? ¿Quiénes tendrían que acceder a las licencias de radio y televisión? ¿Qué hacer con los derechos adquiridos por los actuales propietarios? ¿Cómo combatir la concentración y los monopolios? ¿Cómo evitar que la inminente digitalización de las señales vuelva anacrónica la ley en poco tiempo? La nueva TV digital, ¿va a ser paga o gratuita? Sobre éstos y otros temas, Página/12 consultó a tres especialistas en comunicación.

- El espíritu de la ley. “Lo primordial es que la nueva ley reconozca que las frecuencias radioeléctricas nos pertenecen a todos y que el Estado debe administrarlas asegurando la igualdad de oportunidades: es imprescindible que diferentes sectores sociales puedan acceder a la titularidad de emisoras de radio y televisión para garantizar la pluralidad de perspectivas en los modos de producción de los medios y sus contenidos”, señaló María Cristina Mata, docente e investigadora en comunicación del Centro de Estudios Avanzados de la U. N. de Córdoba. “Al legislarse no se puede ignorar la mercantilización y concentración monopólica que hoy tiene el sector. Si la nueva ley no establece restricciones y no promueve la propiedad y gestión pública y social de emisoras de radio y televisión, será muy difícil avanzar en el proceso de democratización de las comunicaciones. La igualdad que hoy no existe no podrá alcanzarse sin una normativa que asegure que los sectores relegados en la radiodifusión puedan desarrollarse competitivamente.”

- Debate y participación. ¿Cómo debería darse la discusión sobre la futura ley? Alejandro Verano, decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, recordó que “la modificación de la Ley de Radiodifusión viene siendo eje de debates en muchos ámbitos desde la recuperación de la democracia. No es una discusión que arranca ahora sino que hay muchos insumos elaborados por universidades, sindicatos, organismos de derechos humanos, asociaciones de medios comunitarios. La discusión hay que plantearla haciendo foco en la defensa y el respeto irrestricto de la libertad de expresión y de prensa, pero sin ignorar que no se trata de un derecho de las empresas ni de los periodistas, sino de todos los ciudadanos. Por eso, el debate debe darse con una convocatoria amplia a todos los actores de la comunidad, durante un plazo adecuado, abriendo espacios de consulta para permitir una intervención pública múltiple que le dé amplia legitimidad al tratamiento legislativo”.

- Ser digital. Hace pocos días, el investigador Guillermo Mastrini advirtió que la futura ley podría tornarse anacrónica si no prevé la transformación que provocará la digitalización. “La nueva ley debe hablar de radio y televisión digital –planteó Martín Becerra, doctor en comunicación, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Quilmes–. La digitalización va a multiplicar por cuatro o cinco la actual cantidad de canales de TV abierta. Si el debate se enclaustra en la cuestión técnica, en si hay que tomar la norma de TV digital europea o la norteamericana, la ley va a quedar obsoleta rápidamente. Y el riesgo es que se descuide quién se va a quedar con las licencias. Hay que trabajar sobre los criterios de concesión. ¿Van a ser canales gratuitos o de pago? Yo creo que deben ser gratuitos. El 90 por ciento del territorio de Argentina tiene uno o dos canales de TV abierta, entonces lo que falta es más televisión gratuita. Como está planteada ahora la discusión entre el Grupo Clarín y el Gobierno, parece que para uno se van a vulnerar derechos adquiridos y para el otro, se va a ampliar el derecho a la información. Y no es así. El escenario que abre la TV digital permite licuar ese problema. El Gobierno podría respetar las licencias actuales siempre que se establezcan normas democráticas y un criterio federal para otorgar las nuevas licencias. Esto se podría llevar a la práctica en la medida en que la futura autoridad de aplicación, el futuro Comfer, sea una institución pública no gubernamental”.

- Más públicos, menos gubernamentales. ¿Cómo propiciar desde la ley un sistema de medios públicos que quede a merced del poder político circunstancial? “Ojalá esté, pero también podría haber una ley específica –consideró Martín Becerra–. Creo que debería haber un Sistema de Medios Públicos con un directorio con representación del Poder Ejecutivo, del Congreso, las provincias, los trabajadores y especialistas en comunicación. La designación del directorio debería tener que superar algunos requisitos: debería hacerse público el currículum de los candidatos, con la posibilidad de impugnarlos, y la designación debería requerir la aprobación de dos tercios del Congreso, una mayoría calificada para que no sea representada sólo la primera minoría política. Los medios públicos no deberían tener casi publicidad, sino financiamiento público, con reglas no comerciales. La BBC, por ejemplo, tiene un mecanismo muy interesante: cada cinco años presenta una carta que es un plan de actividades. El Parlamento trata esa propuesta y le otorga financiamiento por otros cinco años, con lo que se evita el constante problema presupuestario y se abre una perspectiva de trabajo a mediano plazo.”

- Monopolios y publicidad. “Lo primero que debe tener la nueva ley, y esto es un posicionamiento ideológico, es un fuerte contenido antimonopólico, porque a mayor concentración menor posibilidad de que haya expresiones múltiples y plurales en los medios de comunicación –destacó Alejandro Verano–. El Estado debería tener herramientas para poder regular más activamente el acceso a la expresión. En la medida en que se abra el acceso a frecuencias de radio y televisión para las universidades, las organizaciones civiles, los sindicatos y otros actores sociales, se va a combatir en forma directa la concentración monopólica, permitiendo la expresión de intereses y opiniones que hoy no tienen posibilidades.” Otro punto clave y complejo es el de la publicidad oficial. Para Verano, “se podrían buscar criterios para limitar la discrecionalidad, pero es muy difícil de regular. El P. E. tiene el derecho y la obligación de comunicar las acciones de gobierno y de hacerlo del modo que le parezca más conveniente. Algunos piensan en un sistema por el cual las pautas de publicidad se distribuirían en función del rating. Pero eso abre la discusión sobre la credibilidad de las mediciones del rating y, si la publicidad del Estado sólo se guiara por un criterio de éxito comercial, se profundizarían las asimetrías favoreciendo a los medios ligados a los grandes anunciantes, en detrimento de medios que pueden desarrollar otra clase de proyectos”.