“Al vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Ricardo Buryaile, lo conocemos porque tuvo a trabajadores en negro y en condiciones de esclavitud. Los mandó traer del Paraguay para hacer desmontes en su estancia; cuando se quisieron ir porque no les pagaban lo que debían ganar, no los dejaron salir. Tuvimos que ir con la Gendarmería para que pudieran irse”, cuenta Benigno López desde Formosa, del otro lado del teléfono. El referente del Movimiento Campesino de esa provincia, el Mocafor, se refiere al mismo dirigente ruralista que esta semana se fue de la banquina con un sincericidio: “Si el Congreso ratifica las retenciones debería ser disuelto”. El vicepresidente de CRA tiene su estancia en aquella provincia del norte del país, donde en estos días está haciendo juicio por desalojo a familias de la zona.

–¿Buryaile es del mismo lugar donde están ustedes?

–Sí, de la zona donde tenemos la central del Mocafor, ahí tiene su estancia. El viene de la familia de los Nicora, que son una familia ganadera. Buryaile era su papá, que ya falleció. Tienen muchas hectáreas, porque fueron beneficiados con la política de concentración de tierras que se realizó principalmente durante el proceso militar. Mientras a los pequeños productores se les quemaba el rancho y se los desalojaba, ellos acrecentaron su propiedad.

–¿Cuándo sucedió lo de los trabajadores en negro?

–Hace ocho años. Nosotros tuvimos un incidente con él por estas personas que tenía, como le digo, en negro y en estado de esclavitud. Eran ciudadanos paraguayos que fueron traídos a trabajar. Querían cobrar sus ingresos y no lo podían obtener, y por eso quisieron dejar el trabajo, pero no los dejaron salir. En aquel momento nosotros intervinimos con la Gendamería nacional para que pudieran cobrar y volver a su país.

–¿Para qué tipo de trabajos los habían contratado?

–Hacían desmonte, trabajando a mano.

–¿Cuántas personas eran?

–Creo que ocho, no sé si el número es exacto porque fue hace tiempo. Actualmente tenemos otro incidente, porque Buryaile inició un juicio contra diez familias campesinas de la Colonia Santa Rosa. Estas familias están asentadas, son dueñas de las tierras desde hace más de 45 años pero no tienen papeles de propiedad privada. Son parientes de los Nicora y pagaron esa tierra con trabajo, pero cuando los Buryaile gestionaron la propiedad de sus tierras incluyeron la de ellos como propias y hoy los quieren expulsar.

–¿Sabe cuántas hectáreas tiene Buryaile?

–Seguro más de 10 mil.

–¿Cómo se pobló Formosa para que se diera esa concentración de la tierra?

–Después de la Guerra de la Triple Alianza se inició un proceso de ocupación del espacio territorial de la provincia por el que se adjudicaron grandes extensiones de tierras a manos privadas, a través de una ley nacional. Después vinieron campesinos paraguayos e indígenas a trabajar para La Forestal en condiciones de esclavitud. Años más adelante, llegaron desde el oeste salteños y desde el este paraguayos, que terminaron de poblarla. Estas familias tenían una situación irregular porque carecían de títulos de propiedad. En los ’60 y ’70 se fueron organizando las Ligas Agrarias para reclamar la posesión legal de las tierras, pero el proceso militar nos derrotó e hizo un “ordenamiento” con la intervención de un coronel de apellido López. Así repartieron grandes extensiones a los amigos del proceso, mientras los campesinos y antiguos pobladores eran expulsados o arrinconados. Hoy la mayoría de esos pequeños productores tienen sólo un título de adjudicación en venta (una constancia de que son pobladores ancestrales), mientras que los estancieros amigos del poder pudieron obtener sus títulos de propiedad.

–Las situaciones de trabajo en negro de las que habló, ¿siguen sucediendo hoy?

–En la provincia, como en todo el país, un alto porcentaje de los trabajadores rurales está en negro. Por lo general, en las grandes estancias trabajan familias que viven en una casa precaria. Trabajan todos, pero el único que cobra es el jefe de familia. Es algo típico de los campos de la Argentina.

–¿Quedó abierta alguna causa en la Justicia contra Buryaile?

–Entiendo que todo se cerró. La gente fue apretada, aquellos trabajadores volvieron al Paraguay y ya no regresaron. En su momento nosotros hicimos la denuncia ante la Gendarmería, pero después... en Formosa no hay causas abiertas contra los dueños de grandes extensiones de tierras.

–¿Formosa está afectada también por el avance, de la soja?

–Sí, nosotros abrimos causas judiciales porque algunas comunidades campesinas del Mocafor fueron fumigadas con glifosato. Se destruyeron cultivos, murieron animales, se enfermaron compañeros nuestros. Aparte, al ampliarse la frontera agropecuaria por la soja hay desmontes y quemas.

–¿Cómo se vive el lockout en la provincia?

–Con problemas de desabastecimiento, porque acá también hubo cortes.

–¿Qué postura tiene el Mocafor?

–Estamos en contra; de entrada, tenemos una historia desgraciada con estas entidades, que en la década del ’70 fueron los que nos expulsaron de las chacras. Aparte, creemos que la medida de las retenciones móviles es acertada, porque el Estado tiene que intervenir en el comercio exterior de la producción del agro. El Estado tiene que intervenir también en el comercio interno de alimentos. En Formosa hoy hay 10 mil familias de pequeños productores y prácticamente ninguno apoya el lockout.

–En pleno conflicto por las retenciones ustedes crearon el Frente Nacional Campesino. ¿Por qué?

–Porque hay 250 mil familias campesinas en el país que no tienen una entidad nacional que las represente. Siempre lo intentamos, y ahora una vez más estamos tratando de organizarnos en todo el país para llevar nuestros reclamos ante el Estado y proponer medidas que apunten a una nueva política agropecuaria.

–Se reunieron con el Gobierno. ¿Qué resultados hubo?

–Nos reunimos con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; con la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; con (el secretario general de la Presidencia) Oscar Parrilli, con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Y esta semana vamos a volver al Congreso, para hablar sobre las retenciones y también sobre una nueva política agropecuaria, porque la actual es inviable. Nosotros cuestionamos el modelo agroexportador basado en la soja, la concentración de la tierra y la extranjerización de los recursos naturales. Lo venimos cuestionando hace mucho tiempo; ésta es la oportunidad de rever esa situación.