Con 2/3 de los votos en la Cámara de Diputados a favor de la recuperación de la empresa que explota Aerolíneas Argentinas y Austral, el gobierno recuperó la iniciativa política y mostró flexibilidad para cruzar el escollo del Congreso, que el mes anterior bloqueó las retenciones móviles al comercio exterior de oleaginosas. Que la causa de ese cambio haya sido el estado de necesidad en que lo dejó el prolongado conflicto con las cámaras patronales agropecuarias no opaca la constatación de que aprende de sus errores. Hay vida después de la 125.

Aquí no se trataba de una puja por ingresos milmillonarios con las clases dominantes históricas de la Argentina y base de operaciones local de las grandes transnacionales de los agronegocios, ni había una movilización social adversa. La compañía estaba técnicamente en quiebra; el mercado no ofrece ganancias fáciles. La discusión giró acerca de qué costos asumiría el Estado a cambio de la recuperación de un instrumento básico de integración nacional y la coalición social activa no se organizó en contra sino a favor del proyecto de ley gubernativo, si bien con cuestionamientos a varios puntos que se mejoraron en la discusión legislativa. Uno de los hallazgos del interventor oficial fue una nómina de periodistas de radio y televisión a los que Aerolíneas Argentinas pagaba casi medio millón de pesos mensuales. Entre ellos hay algunos denunciantes profesionales de la ineficiencia y corrupción del Estado en contraste con la perfección de la empresa privada, de la blandura judicial contra la delincuencia y del manejo de la publicidad oficial. Encabezan la lista Marcelo Longobardi, con 30.000 pesos mensuales, Chiche Gelblung, con 21.000, y González Oro, con 10.000. La primera columna del documento no dice publicidad, ni programa, sino periodistas.

Una mayoría sólida

Ni siquiera el sector oficial que postuló la solución contenida en el proyecto de ley tenía interés en dar batalla por cada artículo. Por más motivos que avalen las opiniones vertidas durante la sesión respecto del Secretario de Transporte Ricardo Jaime, hasta él expresó que nada habría que pagarle a la empresa Marsans, cuyos principales accionistas son al mismo tiempo las máximas autoridades del patronato español. Esta identidad explica parte de la cuestión. El gobierno necesitaba que Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual entregaran la llave de la compañía en términos que no dieran lugar a nuevos llamados de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Felipe González, personas muy sensibles a la portada de los diarios de España. Luego de mucho bufar, Marsans firmó un documento en el límite con la autoincriminación, sobre manejo de fondos que ya han dado lugar en Madrid a una causa penal contra los administradores de la empresa. Es improbable que líderes democráticos europeos se arriesguen a impugnar ahora una decisión del órgano de la soberanía popular, cuando esa misma prensa que los preocupa se cansó de celebrar la derrota de la presidente CFK y de encomiar la independencia del cuerpo legislativo personificada por el tierno papá de María Eugenia Cobos, quien cada día profundiza su identificación con Fernando De la Rúa, de hombre correcto, mesurado y con campera de gamuza. La necedad de la propuesta del radical Gerardo Morales, que prefería entregar los cielos argentinos a empresas internacionales, como también sugirió el diario La Nación, facilitó el trabajo del jefe de la bancada oficialista Agustín Rossi, quien negoció a derecha e izquierda hasta conformar la mayoría sólida que augura un vuelo sereno también en el Senado.

Política y estrategia

En julio, Rossi logró más de la mitad de los votos de la Cámara para las retenciones móviles. Pero las sucesivas compensaciones ofrecidas desde abril a la Federación Agraria redujeron el interés fiscal del proyecto a una cifra que no justificaba el desgaste padecido. La habilidad del instrumento para contener la expansión de la soja desapareció. La lógica binaria de ganar una votación entró en contradicción así con las razones estratégicas por las que el gobierno se comprometió a dar esa batalla. La votación en el Senado fue una derrota política y una oportunidad de repensar la cuestión. Los nombramientos que está haciendo Carlos Cheppi en Agricultura (Luciano Di Tella en la dirección nacional de Política Lechera, Pedro Cerviño en la de Diseño de Políticas Públicas para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar), también sugieren una voluntad de revisión autocrítica a partir de aquel episodio. Di Tella es un pequeño tambero y Cerviño el coordinador del Foro Nacional de Agricultura Familiar, integrado por tres centenares de organizaciones de pequeños productores, minifundistas, chacareros, colonos, medieros y comunidades de pueblos originarios, que producen alimentos en no más de veinte hectáreas por unidad. Es decir, dos representantes de las víctimas principales de la sojización. Cerviño, preso político durante la dictadura que desapareció a dos de sus hermanos, renunció durante la faz activa del conflicto a su cargo de director de Desarrollo Rural de la Federación Agraria, cuyo alineamiento con la Sociedad Rural y CRA marcó un quiebre con buena parte de sus bases. Es probable que Cerviño se sienta más representado por esta frase de Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural, que por la demagogia vocinglera de Eduardo Luciano Miguens no es Martínez de Hoz Buzzi: “La soja no es un cultivo más, la soja es esencial al sistema de la globalización y sembrarla es un crimen, aunque el productor sea obligado, porque a ello lo conducen las políticas de Estado. La soja mata, mata el suelo, mata la gente, mata los desarrollos locales, mata la cultura rural”. O con la invocación de Cristina a poner de pie a los pobres, formulada durante la visita a un pequeño criadero de cabras en Santiago del Estero. Cómo se hace eso cuando más de la mitad del superávit fiscal se debe a las retenciones sobre la soja es un desafío político e intelectual no menor.

El garrafazo

Entre el final del invierno y el comienzo de la primavera el gobierno prevé concluir las negociaciones con las empresas productoras y distribuidoras de gas y generadoras de energía según una fórmula que debería permitir el recorte de unos 2.500 millones de pesos anuales de subsidios, la liberación de recursos para inversión y la venta de todas las garrafas de gas licuado que consumen los hogares pobres a no más de 15 pesos.

El 70 por ciento de los consumidores domiciliarios de gas natural de red no tendrían aumento. El 30 por ciento restante, que consume más de 650 metros cúbicos de gas natural por año recibirían incrementos similares a los que ya se autorizaron para las tarifas eléctricas de las distribuidoras Edesur, Edenor y Edelap. Esto implicaría una reducción de subsidios de unos 300 millones de pesos y la gran novedad sería el varias veces postergado garrafazo. Hasta el presente las tarifas de gas natural de red para el consumo de los hogares, incluyendo precio del gas, transporte y distribución, sin impuestos es once veces más baja que la de Montevideo y treinta veces menor que la de Santiago de Chile.

Se supone que la denominada garrafa social de propano o butano está disponible en 606 puntos de venta del país a 22 pesos. Pero aun en esos pocos sitios (menos del 1 por ciento del mercado) se cobran recargos que acercan el precio a 30 pesos y en el resto del país no se encuentra el envase de 10 kilos por menos de 38 pesos, mientras en los lugares más alejados la cotización ronda los 50 pesos. De concretarse el acuerdo, el nuevo precio establecido debería regir para todas las garrafas, en todo el país. Se estima que utilizan ese envase entre cuatro y cinco millones de personas que, con escasas excepciones, corresponden a los sectores de más bajos ingresos, residentes en barrios y villas a los que no llega la red de gas natural. La aberrante situación implica que el usuario de gas natural en un piso de Palermo paga hoy por el mismo valor calórico diez veces menos que el consumidor de garrafas de GLP en inquilinatos o villas de emergencia. Desde el declarado objetivo de la redistribución es difícil imaginar una fórmula más regresiva. La inversión del subsidio cruzado, ahora de los grandes consumidores a los de subsistencia, no es de ejecución compleja, porque las mismas empresas, como Repsol, son hegemónicas tanto en la producción como en la distribución. La única dificultad, que no alcanza a justificar la situación que recién ahora se planea corregir, está en el disperso segmento de la comercialización, que dificulta el control.

Proyecto político
e instrumentos

En setiembre se autorizarían incrementos en el costo de la generación eléctrica, sólo para los hogares cuyo consumo supera los 1.000 Kw/bimestrales. En la actualidad pagan por ese suministro 31 pesos por megawatt/hora, cuando su costo real de generación asciende a 160 pesos. Ese segmento de grandes consumidores residenciales absorbe el 10 por ciento de toda la energía producida en el país y se beneficia con el 16 por ciento del subsidio anual de 9.000 millones de pesos. Con este ajuste el Estado sustraería otros 1.300 millones de pesos anuales de subsidio al alto nivel de vida de este sector que, a todas luces, no lo precisa. En cambio no se modificaría la tarifa para el resto de los hogares ni para los otros usos sociales o productivos, como el alumbrado público, el comercio y la porción de la industria que compra a las distribuidoras. (Un 25 por ciento de la energía es adquirida por los mayores consumidores industriales directamente a las generadoras, que les cobran el precio de mercado, en lo que tampoco habrá modificaciones). Finalmente, en octubre se autorizaría un aumento en el precio que pagan por el gas quienes consumen más de mil metros cúbicos anuales. De ese modo se ahorrarían otros mil millones de pesos en subsidios y al mismo tiempo se accedería a un viejo reclamo de los productores, de cobrar el gas que extraen en la Argentina al mismo precio que se paga por el importado de Bolivia. Si fuera cierto todo lo que han protestado en estos años las empresas y sus voceros políticos como Jorge Sobisch y Juan Carlos Romero, esta decisión debería reflejarse en un incremento notable de la inversión para explorar y extraer. Estas son decisiones que tienden a conciliar los instrumentos técnicos con el proyecto político expreso y con las alianzas sociales que postula el gobierno. De este modo se generaría un círculo virtuoso de mejor distribución del ingreso y asignación de recursos, con respeto por el mercado pero sin resignar la activa intervención estatal en socorro de los más débiles. La catarata de insultos provenientes de los sectores más prósperos y sus voceros políticos y la sucesión de títulos apocalípticos de los diarios y canales de televisión preferidos por ese público han ayudado a vencer la reticencia que Néstor Kirchner observó durante su mandato, a permitir cualquier aumento. ¿Qué más podrían decirle ahora? En la versión oficial, también los niveles de inflación castigan a este núcleo hostil y cuidan de los más pobres, al privilegiar los precios de la heladera familiar y no los de la mesa del restaurant. Sin embargo, las mediciones de canasta básica que realiza desde hace más de un año un consultor afín al gobierno, como Artemio López, relativiza esa hipótesis. Las bruscas variaciones debidas a la agresión de las cámaras patronales agropecuarias hacen aconsejable aguardar un lapso más extenso de normalidad para extraer conclusiones.