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Desde siempre los políticos argentinos de todo signo amaron mirarse en el espejo europeo, como fue el caso de Raúl Alfonsín, o en el estadounidense, preferido por Carlos Menem. Se consideran, como dijo el dictador Emilio Massera, el extremo sur de Occidente, rodeados por los bárbaros. Rara vez prestaron atención al más modesto de los vecinos, que pese a las grandes diferencias económicas, políticas y sociales funciona con rara precisión como un sensor acerca de aquello que tal vez ya está ocurriendo o está por ocurrir aquí. Ni siquiera era abundante la información disponible, con lo que se perdía la oportunidad de obtener claves que ayudaran a desentrañar la propia realidad o al menos a contextualizarla. Esto ya no es así.

Saludos

El excelente documental “Bolivia para todos”, que Emilio Cartoy Díaz terminó de compaginar la semana del referéndum revocatorio, muestra a los líderes cívicos de Santa Cruz, Branko Marincovich y Rubén Costas durante un acto en el que envían saludos a los estudiantes antichavistas de Venezuela y a los productores agropecuarios de la Argentina, con quienes dicen compartir “la lucha por la democracia”, es decir contra el presidente Evo Morales Ayma que, con todos los medios de comunicación en contra, acaba de obtener 2/3 de los votos emitidos; también opina allí el dirigente opositor Gamal Jaldin. El periodista argentino Rogelio García Lupo dice que esos bolivianos de primera generación, croatas, libaneses, exageran el patriotismo cruceño para justificar su condición de bolivianos nuevos. Y el ex líder de la CTA, Víctor De Gennaro, explica que en Bolivia se pelea también por la Argentina y por los demás países de la región, “por nuestra capacidad de recuperar una vida digna y ser felices”, lo cual lo pone a un paso de comprender que, a la recíproca, en la Argentina también se juega el destino de Bolivia. Durante uno de los actos de la agresión agromediática por el aumento de las retenciones al comercio exterior de soja, el Eduardo Costas de Santa Fe, Eduardo Buzzi, hizo la apología de la nacionalización petrolera de Evo Morales. Ese es uno de los puntos que los rebeldes de la Media Luna le enrostran. Así como las retenciones procuraban liberar recursos para la construcción de hospitales, viviendas y caminos, un Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es utilizado por el gobierno de Morales para financiar la Renta Dignidad, un bono de 30 dólares mensuales a la vejez para quienes no tienen otro ingreso. Esta renta equivale a la inclusión en el universo previsional argentino de más de un millón de personas que carecía de los aportes suficientes. Por eso, el 20 de julio la amplia mayoría de los asistentes a la convocatoria nacional de la CTA para debatir la denominada “Constituyente Social” en Córdoba no admitió la presencia de Buzzi, quien prepara un desembarco electoral junto con Claudio Lozano. Se proponen capitalizar el voto de la izquierda caviar, lectora en Internet de las columnas de Martín Caparrós, quien manda a callar a Cristina y Néstor Kirchner porque se atrevieron a apoderarse de algunos temas que el coautor de La voluntad consideraba como su elegante coto particular. Será interesante ver si el caudillo de la soja transgénica Monsanto es bien recibido en el nuevo encuentro que De Gennaro organiza en Jujuy el 24 de octubre y si alguien explica qué alternativa popular puede organizarse con semejante asociado.

La raza maldita

Como Kirchner y CFK, el presidente boliviano ha hecho todos los esfuerzos para abstenerse de reprimir a un movimiento que no ha escatimado violencia contra lo que sin reparos llama la “raza maldita” de los collas. El resultado que Evo obtuvo en el referendo, superior a sus propias expectativas, avala esa voluntad de restringirse a los recursos políticos para enfrentar el desafío. Pero en los últimos días éstos se han demostrado insuficientes. La violencia paramilitar se ha cobrado una decena de muertos, algo más de rehenes torturados, muchos heridos y una cantidad imprecisa de desaparecidos. Por más que usen unas enormes cruces teutónicas (y algunas gamadas) los patriotas de la Media Luna atacaron con armas de fuego la radio Juan XXIII y el canal 13 de televisión propiedad del obispado de San Ignacio de Velasco y amenazaron de muerte al obispo Carlos Stteter. El Episcopado boliviano, tan distinto al argentino, convocó para el próximo viernes a una Jornada Nacional de Oración por la Paz y advirtió a los medios de comunicación que serán cómplices y responsables si siguen faltando a su obligación de informar con responsabilidad y verdad para contribuir a la búsqueda de la paz y la serenidad. La decisión oficial de declarar persona no grata al embajador estadounidense Philip Goldberg, quien antes se desempeñó en Kosovo, tiene antecedentes, desde la exhortación del ex embajador Manuel Rocha al pueblo boliviano en 2002 a no votar por Evo, hasta la expulsión del encargado de seguridad Vincent Cooper, que intentaba reclutar a becarios estadounidenses como espías sobre las actividades de cubanos y venezolanos en Bolivia. Luego de clausurar la agencia estadounidense de cooperación internacional para el desarrollo (Usaid) Evo reclamó en Washington que se ampliaran las preferencias arancelarias para sus productos de exportación al mercado estadounidense de acuerdo con la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (Atpdea), que vence a fin de año.

La razón y la fuerza

Al señalar al embajador como el responsable último detrás de los prefectos rebeldes, Evo eligió polarizar la situación en términos claros para todos. Estados Unidos respondió como era previsible ordenando la salida del embajador boliviano pero además amenazó, por medio del afable subsecretario de asuntos subamericanos, Thomas Shannon, con congelar cerca de cien millones de dólares en ayuda para el denominado combate contra los narcóticos y en no renovar las preferencias arancelarias para los productos bolivianos. Esto tendría una consecuencia política y social compleja, ya que afectaría a la industria textil que se concentra en El Alto, la ciudad más elevada y pobre del país, donde Evo obtuvo el mayor porcentaje electoral. Morales ha recurrido a las Fuerzas Armadas para custodiar edificios públicos e instalaciones petroleras y para recuperar el ocupado aeropuerto de Pando pero se resiste a emplearlas en otras tareas pese a la confianza que tiene en la lealtad de la cúpula. Prefiere confiar en la movilización social, que le permitió recuperar el mercado de Tarija que también había ocupado la coalición cívica. Evo tiene la razón y la fuerza, política y militar, y está usando de ellas con cautela. Su invitación al Consejo Nacional Democrático a reanudar las negociaciones es una señal de ello.

“Sabotaje terrorista”

La Argentina fue el primer país en pronunciarse en incondicional respaldo del gobierno legal de Morales. La declaración es contundente. Condena el “sabotaje terrorista”, llama a los prefectos a frenar los actos de violencia, pide respeto por el orden constitucional y la integridad territorial. Además de las acciones violentas impulsadas por autoridades locales, condena “todo intento exterior de buscar la desestabilización de gobiernos populares elegidos democráticamente, en elecciones libres y sin proscripciones en Sudamérica”. CFK conversó por teléfono con otros mandatarios de la región para coordinar la respuesta. Evo comunicó que por el momento no era necesario el viaje del grupo de países amigos que la Argentina integra junto con Brasil y Colombia. En el gobierno brasileño hay inquietud por la dinámica de guerra civil que se percibe en Bolivia pero al mismo tiempo cierta confianza en que allí las cosas suelen llegar hasta el borde del abismo, momento en el que las partes se ponen de acuerdo para buscar otro abismo, según la expresión del asesor de Lula, Marco Aurelio García. Lo que en el comunicado argentino fue una alusión clara al gobierno estadounidense al que, sin embargo, no nombra, se convirtió en el caso de Venezuela en una respuesta estrepitosa.

Exceso de empatía

Con un apreciable exceso de empatía, el teniente coronel Hugo Chávez se colocó en el centro de la escena y como si él hubiera sido el atacado también expulsó al embajador en Caracas. Agregó una retahíla de insultos no ya al presidente George W. Bush sino al conjunto del pueblo estadounidense e introdujo una cuestión anacrónica y ajena al litigio, al repetir la consigna del Che Guevara sobre la creación de muchos Vietnam. También amenazó con una intervención armada en Bolivia, que sus Fuerzas Armadas rechazaron. Es improbable que Morales le agradezca estos exabruptos. Lo mismo hizo Chávez ante el bombardeo colombiano contra Ecuador, cuando rompió relaciones con Colombia y ordenó enviar regimientos de tanques a la frontera, y al conocerse su derrota en el plebiscito constitucional de diciembre pasado. Cuando la prensa informó que reconoció su derrota por presión militar, dijo que la oposición había obtenido “una victoria de mierda”. Sus diatribas y denuncias coincidieron en forma exacta con la difusión de las audiencias en Miami en el juicio contra el rico empresario petrolero venezolano Franklin Durán. Chávez dijo también que había detectado un complot para asesinarlo, del que hasta ahora no ha allegado más pruebas que una grabación difundida en el programa de televisión “La hojilla” por el periodista Mario Silva, candidato chavista a la gobernación de Carabobo para las decisivas elecciones del 23 de octubre. De los 24 estados, el chavismo confía en imponerse en 16, pero Carabobo no es uno de ellos. La televisión opositora reprodujo el mismo video y señaló que su fecha impresa decía 2005.

Otro tono

La audiencia judicial en Miami también concierne al gobierno argentino, pero de otra manera, que se refleja en su muy distinta respuesta. El texto de la Cancillería argentina, corregido de puño y letra por la presidente, recordó que desde agosto su gobierno viene reclamando la extradición de Guido Alejandro Antonini Wilson sin obtener respuesta y que fueron las autoridades argentinas las que descubrieron el intento de contrabando de la valija cargada de dólares. En el tramo más sustancial de la declaración, calificó de “irresponsables” las afirmaciones de la fiscalía “en base a material armado y producido por el FBI –es decir con conocimiento de autoridades políticas de Estados Unidos”–, lo cual implica “el uso indebido de una causa judicial con fines políticos subalternos”. La declaración dio por afectadas las “relaciones maduras que deben existir entre estados” por estas “operaciones con finalidades políticas” y sostuvo que se habían manipulado los dichos de Antonini, quien niega en Estados Unidos la propiedad de la valija de dinero que afirmó aquella madrugada de agosto en Buenos Aires. Concluye que se intenta presentar como culpables “a las autoridades que evitaron el ingreso ilegal de divisas e inocentes a quienes violaron las leyes”. La acusación es dura, pero está planteada en términos mesurados y responde a hechos objetivos. El fiscal general de la zona sur de Florida es Alexander Acosta, un cubano norteamericano. Sin experiencia judicial previa, su designación como fiscal general de Florida sirvió para apartarlo del escándalo de las elecciones presidenciales de 2004, cuando fue acusado de manipular el diseño de los distritos en Texas y Georgia para excluir a minorías étnicas que hubieran podido comprometer la victoria republicana. Acosta integra el “Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de las Sanciones a Cuba”, junto con otras agencias, como el FBI. “Haremos nuestra parte para llevar a cabo el mandato del presidente que persigue acelerar el proceso de transición en Cuba”, dijo. Quien lleva adelante el juicio contra Franklin Durán es su adjunto, Thomas Mulvihill, quien antes trabajó en la División de Narcóticos y en la División Criminal bajo las órdenes de Dexter Lethinen, esposo de la diputada republicana Ileana RosLethinen, del lobby parlamentario anticastrista. Su tarea más destacada fue la investigación y detención del hombre fuerte panameño Manuel Antonio Noriega, un ex colaborador de la CIA que dejó de ser confiable. El gobierno norteamericano insiste en la independencia de la justicia respecto del gobierno. Este es un valor sobreentendido de la cultura política de ese país, pero durante la presidencia actual fue puesto en entredicho. Los fiscales son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Como parte de su denominada “guerra contra el terrorismo”, Bush y sus sucesivos ministros John Ascroft y sobre todo Alberto Gonzales desplazaron a una decena de fiscales profesionales por otros próximos a la política de Bush. Legisladores y abogados habían reclamado porque la Casa Blanca “era informada en forma indebida sobre los detalles de las investigaciones penales o civiles”. Esta “purga de fiscales independientes” en protección del gobierno, como la llamó Paul Krugman, derivó en una investigación parlamentaria que le costó el cargo a Gonzales. Su reemplazante, Michael B. Mukasey, asumió el 9 de noviembre pasado y su primera decisión política importante fue restringir los contactos con funcionarios de la Casa Blanca sobre “investigaciones civiles o penales en curso” para impedir interferencias políticas en la justicia.

Pero aun con las nuevas normas, el diálogo sobre las investigaciones que afecten la “seguridad nacional” estadounidense no será afectado por ninguna limitación. En este amplio rubro se encuadra la investigación de Miami. Por eso interviene el adjunto de Mukasey para Seguridad Nacional, Kenneth Wainstein. El senador demócrata por Rhode Island, Sheldon Whitehouse, reveló que durante el gobierno de Bill Clinton sólo había siete personas autorizadas en la presidencia y el ministerio de Justicia a sostener ese tipo de conversaciones sobre casos abiertos. Ese número llegó a 900 con Gonzales.

La valija

Las cintas grabadas y los interrogatorios a los arrepentidos que bajo amenaza de prisión eligieron colaborar con el FBI no incluyen ninguna prueba seria de que el dinero fuera destinado a la campaña electoral argentina. Demuestran, en cambio, que Antonini Wilson intentó extorsionar al gobierno venezolano mediante una carta que redactó el FBI, en la que reclamaba dos millones de dólares a cambio de su silencio. A un sistema judicial en el que todo está sujeto a negociación le resultará difícil demostrar si Antonini amenazó con decir la verdad o con repetir una trama redactada por la misma mano que su carta. En cualquier caso es razonable que Caracas manifestara disposición a conversar. En cambio, no se registra ningún intento de extender la extorsión a la Argentina, por lo menos dentro de esta causa. La entusiasta Coalición Cívica Libertadora, siempre agradecida a quienes realizan el trabajo que la oposición no sabe hacer, sean cámaras patronales agropecuarias o magistrados extranjeros, sostuvo que el abogado Guillermo Ledesma era un emisario del gobierno argentino. Pero la vinculación histórica de Ledesma es con la UCR. Tampoco recuerda haber dicho lo que uno de los protegidos del FBI le atribuye: que si la causa se radicaba en la Argentina, Chávez y Kirchner solucionarían el problema. Pero si fuera cierto no constituiría otra cosa que una nueva repetición de la lectura ideológica sobre el gobierno y su presunto manejo de la justicia, la que se lee a diario en La Nación y en las declaraciones de la CCL y la UCR. Pese a que proclama a los cuatro vientos que detesta a los Kirchner, el propio Ledesma dijo esta semana que en su encuentro con Antonini “en ningún momento se habló de que la valija estaba destinada a la campaña”. Una lectura atenta de la información ventilada en las audiencias muestra que Antonini se puso en manos del FBI porque su temor era ser extraditado a la Argentina. También se mencionaron allí negocios de construcción de viviendas en el Uruguay, acuerdos entre Antonini y Claudio Uberti, el funcionario cuya renuncia exigió Kirchner antes de cualquier intervención estadounidense conocida en el caso, y un viaje a Venezuela del viceministro argentino de Justicia, cargo que aquí no existe. Hay una secretaría de Justicia, a cargo de Marcela Losardo, quien nunca estuvo en Venezuela. El caso muestra dos rostros opuestos del kirchnerismo: Uberti trajo en el avión a Antonini y su valija, pero la Policía de Seguridad Aeroportuaria conducida por Marcelo Sain y la Aduana a cargo entonces del pingüino Ricardo Echegaray detectaron el dinero e impidieron su ingreso, aunque después disputaran por el mérito de cada uno. Lo mismo ocurre con los aportes de campaña de los laboratorios medicinales truchos: el Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli y el interventor en el Hospital Francés José Luis Salvatierra los protegieron pero la ministra de Salud Graciela Ocaña los dio de baja como proveedores y los denunció a la justicia. En el primer caso, Saín y Echegaray continúan en sus cargos y Uberti quedó en el camino. En el segundo, el argumento oficial de que Capaccioli permanece para no victimizar al ex ministro Alberto Fernández es insostenible.