Mientras en la Argentina la desaparición de los delegados gremiales de Mercedes-Benz permanece impune, un abogado norteamericano intentará mañana convencer a un tribunal de California para que la empresa Chrysler, que posee capitales de la firma alemana, indemnice a familiares de las víctimas y a los obreros que sobrevivieron tras su cautiverio en Campo de Mayo.

Mercedes-Benz Argentina (MBA) tiene en su haber catorce delegados gremiales desaparecidos. La mayoría fueron secuestrados por el Ejército y vistos por última vez en centros clandestinos de Campo de Mayo. La historia es de vieja data. Héctor Ratto, uno de los tres sobrevivientes –fueron secuestrados dentro de la empresa, detalle que les salvó el pellejo– declaró en 1985 durante el Juicio a las Juntas. La periodista Gabriela Weber volcó su investigación en un documental, Milagros no hay. Pero conocer la verdad no es garantía de justicia.

Al margen de los verdugos militares, el relato tiene tres protagonistas centrales. Juan Rolando Tasselkraut, gerente de Producción, entregó en presencia de Ratto la dirección de un obrero que horas después desapareció para siempre. La Justicia lo investiga también por la posible apropiación de un hijo de desaparecidos. El ministro de Trabajo de Isabel Perón, Carlos Ruckauf, y el secretario general de Smata, José Rodríguez, están acusados por gestionar la “eliminación” de los “elementos subversivos”.

La causa penal en Argentina se comenzó a instruir en 2002. Seis años después, no tiene un solo procesado. “Hubo una sucesión de errores”, explica Florencia Arietto, que desde diciembre patrocina a familiares de víctimas. “La denuncia original fue por asociación ilícita cuando claramente hay partícipes necesarios de secuestros, que son quienes entregaron al Ejército las listas de delegados combativos. Sin esa entrega habrían secuestrado a cientos de obreros”, agrega.

El dato sobre la figura legal no es menor. La asociación ilícita implica la existencia de un conjunto de actores asociados para cometer delitos, todos en carácter de coautores, pero no abarca a los cómplices, que sólo pueden ser imputados como partícipes. En 2006 el fiscal Federico Delgado dictaminó que los acusados sabían de la “limpieza” en Mercedes-Benz “sólo en tanto instituciones”, pero que “aún no podemos individualizar a los partícipes materiales o mediatos del hecho”. Como no había a quien imputar la asociación ilícita y la mayor parte de las víctimas habían sido secuestradas en la zona militar 4 y vistas en Campo de Mayo, la causa pasó a la Justicia Federal de San Martín, que investiga a los jerarcas del Ejército. Pero el juzgado federal de Martín Suares Araujo “está saturado, no establece prioridades, arma y eleva paquetes de casos muchas veces sin querellantes”, lamenta la abogada.

La instrucción judicial registra perlas memorables. “Cuando se libró exhorto a la Justicia alemana para que les tomaran declaración a los directores de Mercedes-Benz, hubo una palabra mal traducida y la fiscalía de Stuttgar terminó citando a los miembros de la comisión interna, que por supuesto nada podían aportar sobre los secuestros de sus pares argentinos. La casa central de la empresa nunca tuvo que dar explicaciones”, explica Weber. “Llegaron las respuestas de los delegados pero nadie parece haberse enterado, ya que no se pidió que se vuelvan a formular a los empresarios”, agrega Arietto.

Según un informe elaborado en 2003 a pedido de la empresa, e incorporado a la causa, “existieron contactos entre Mercedes-Benz Argentina y servicios de Inteligencia del Estado”. “El desaparecido Esteban Reimer (secuestrado el 5 de enero de 1977 y visto por última vez en la Brigada de San Justo) fue sospechado por parte de Mercedes-Benz ante los servicios de Inteligencia de actuar como agitador”, escribió Christian Tomuschat, autor del informe, quien concluyó que “no se ha probado la existencia de instigación al secuestro y asesinato”. Los memos internos a los que tuvo acceso el autor para llegar a semejante conclusión no forman parte de la causa. Ni el fiscal Jorge Sica ni el juez Suares Araujo los consideraron relevantes. Tampoco se allanó aún la empresa o la sede de Smata como solicitó la querella.

El juez sí dio el visto bueno a las últimas dos pruebas solicitadas. La primera es la citación de un ex empleado del área de personal, para mostrarle las fichas de los obreros que llevaba MBA (ver facsímil) y pedirle que explique el significado de dos números que se repiten (930/5, 931/5) en fechas idénticas, posteriores a sus secuestros. “Las fechas pueden ser de cuando los mataron”, sugiere Weber. La empresa apunta que se trata de “desaparecidos” y fija “fechas de egreso” que van de 1982 a 1987.

La segunda es un exhorto a bancos de Suiza y Alemania para que informen sobre los movimientos de las cuentas secretas del mandamás de Smata, durante la dictadura y hasta estos días, en busca de cobros por servicios prestados. Las cuentas fueron detectadas por el Juzgado Criminal 10, que investiga a Rodríguez por defraudación a una obra social. “En la causa está acreditado que el 14 de enero de 1977, nueve días después de los primeros secuestros, la empresa realizó dos pagos al sindicato. Pero ambos fueron mediante una misma factura, es decir que uno fue en negro”, explica Aietto.

La opción USA

La demanda civil en representación de los 14 desaparecidos y los tres sobrevivientes se presentó en Estados Unidos en 2004. “En la Argentina y en Alemania la posibilidad de iniciar una demanda civil está prescripta, por eso se decidió hacerla en Estados Unidos, donde la ley permite demandar a personas o corporaciones que hayan violado leyes federales o tratados firmados por ese país. Mercedes-Benz es accionista de la Chrysler”, explica la abogada.

En primera instancia la Justicia de California rechazó el pedido. Sostuvo que debía presentarse en la Argentina, donde ocurrieron los hechos, o en Alemania, sede de la casa central de Mercedes-Benz, donde parece gozar de plenas garantías. “Un tribunal de Stuttgar se negó siquiera a notificarse sobre la presentación de la demanda en California, invocando que en caso de hacerlo correría peligro la seguridad nacional”, apunta Weber. El martes el abogado Terry Collingworth explicará frente a los jueces de la Corte Federal del Noveno Circuito de San Francisco que en ambos países el juicio civil es inviable y que de ellos depende la posibilidad de que la empresa indemnice a las familias de sus víctimas.