Treinta años después de participar en interrogatorios ilegales, amenazar a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad como secretario del juzgado federal de Resistencia, la Justicia de Chaco libró ayer orden de detención contra Carlos Flores Leyes, fiscal federal hasta marzo pasado. La medida se concretó un año después de que la Procuración General de la Nación promoviera un jury de enjuiciamiento y separara de sus cargos a Flores Leyes y a Roberto Domingo Mazzoni, hasta entonces fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, acusado por las mismas tropelías en un cargo similar al de su colega.

La orden de detención del conjuez federal José Antonio Piñero se produjo en el marco de la causa Caballero, por secuestros y torturas en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el centro clandestino más importante del Nordeste argentino, que tiene una docena de ex policías procesados con prisión preventiva. Cuando se concrete la captura, Flores Leyes se convertirá en el segundo magistrado con mayores chances de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, detrás del ex juez santafesino Víctor Brusa.

“Vi su mano grande golpear en la mesa que estaba frente a mí cuando no respondía una pregunta o no le satisfacía mi respuesta. Preguntaba con precisión, parecía inteligente. Interrogaba con un cuestionario predeterminado, diferente a cómo interroga la policía. El contraste entre él, que era grandote, y yo, que estaba tan indefenso en esa silla, desnudo, fue lo que me hizo acordar de su voz y de su físico, que reconocí cuando lo vi más tarde en Gendarmería.”

El testimonio pertenece a José Luis Valenzuela, el interrogatorio ocurrió en la Brigada de Investigaciones y quien preguntaba no era otro que Flores Leyes. Valenzuela estaba vendado, atado a una silla de pies y manos, y acababa de ser torturado con picana eléctrica. Por debajo de la venda llegó a ver al empleado judicial, de impecable traje. “No tengan trato especial con él”, ordenó a los policías.

A partir de una denuncia del CELS e H.I.J.O.S. Chaco, el procurador Esteban Righi encomendó al fiscal federal Félix Crous realizar un sumario a Flores Leyes y Ma-zzoni. El trabajo concluyó en diciembre del año pasado. Entre las acusaciones que derivaron en el pedido de jury y la separación de su cargo consta haber encubierto actos de tortura, no haber dado auxilio médico a detenidos que declararon haber sido torturados, no haber dado protección a detenidas embarazadas ni preocuparse luego por la salud de los recién nacidos, haber obligado a presos a declarar bajo amenazas y omitir denunciar y perseguir el asesinato de Néstor Sala, víctima de la masacre de Margarita Belén. Mazzoni renunció a su cargo dos días después de que Righi lo suspendiera en sus funciones. Flores Leyes, dos meses después.

Ex detenidos que conocieron al magistrado en plena dictadura recordaron ante la Justicia su identificación con los métodos de la época. “Existía una compenetración ideológica con el poder policial militar, con el proceso, con la tortura, especialmente por parte de Flores Leyes y Mazzoni”, aseguró Aníbal Polti. “Intervenía como una especie de represor más, no como funcionario del Poder Judicial”, afirmó Eugenio Domingo Silva. Cuando María Graciela de la Rosa les reprochó a los funcionarios que tomaran declaraciones de noche, con amenazas y la clásica luz sobre la cara, la respuesta fue: “Trabajamos en equipo”. Flores Leyes se reencontrará con sus viejos compañeros de equipo en la Unidad Penal 7.