La Cancillería posee datos estadísticos que alertan sobre un incremento del 30 por ciento en la deportación de turistas argentinos desde España entre 2007 y 2008, un tema que sigue con preocupación, al punto de que además convocó al embajador de ese país, Rafael Estrella, para notificarlo del “trato injustificado y vejatorio de los derechos humanos” que recibieron dos ciudadanos argentinos cuando arribaron al aeropuerto internacional El Prat de Barcelona en noviembre pasado. Los atribulados turistas argentinos no son los únicos que vivieron circunstancias semejantes en lo que transcurrió de 2008, ya que hubo unos 800 no admitidos (como se los denomina técnicamente) que, comparados con los 600 del año anterior, marcan una suba en los rechazos a las solicitudes de ingreso. Con un dato adicional: en 2007 –aseveran en el ministerio– viajaron a España unos 197 mil compatriotas con pasaporte argentino y en éste la cantidad de viajeros disminuyó alrededor de un 15 por ciento.

Los datos estadísticos que procesa la Cancillería en base a la información que le proporcionan sus consulados en España sugieren un aumento significativo en las expulsiones de argentinos. “Estamos hablando de un 30 por ciento más distribuido a lo largo del año. De los cincuenta y pico de promedio de compatriotas no admitidos en 2007, pasamos a junio de 2008, en que se produjeron 84 casos, aunque luego la cifra bajó en julio a los promedios habituales”, explicó una fuente diplomática. De cualquier modo, el cociente mensual de 50 turistas devueltos a la Argentina en 2007 ascendió a casi un 67 por ciento en 2008 con las estadísticas que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se trata, obviamente, de viajeros con pasaporte argentino. Quienes poseen doble nacionalidad o pasaporte de la Unión Europea no deben cumplir con los cinco requisitos que se solicitan para visitar España (ver recuadro). Con todo, el aumento de las deportaciones provoca, tanto en Madrid como en Barcelona –las principales vías de acceso– una mayor demanda de atención sobre los consulados en esas ciudades. Por eso, desde la Cancillería sostienen: “Necesitamos que nuestros compatriotas se dirijan al consulado. Y les solicitamos a las autoridades españolas que nos adviertan. El seguimiento preciso permite detectar si el promedio es de 50 y otro mes llega a 84 –como fue el caso de junio–, que el cónsul se entreviste con las autoridades y nos obligue a entender qué puede estar ocurriendo”.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que le fueron entregadas dos notas detalladas al embajador español con los casos de Leandro Pazos y Mauricio Lucarelli, a quienes se detuvo en el mismo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). El vocero de la embajada española en Buenos Aires, Leonardo Marcos, recibió con sorpresa una consulta de Página/12 sobre el tema y a pesar de que aseguró que no haría comentarios sobre “filtraciones a la prensa” se explayó luego sobre la controversial situación diplomática.

A Estrella lo citó la Cancillería los días 18 y 26 de noviembre para señalarle que Pazos primero y Lucarelli después estuvieron alojados en un CIE, donde recibieron maltrato de la policía migratoria.

Estas dificultades son seguidas con mucha atención por los más altos niveles del ministerio, aunque por ahora se canalizan mediante el sistema consular y no se les quiere dar entidad política. “Nuestros consulados en España tienen la información de lo que está ocurriendo. Sus funcionarios van a los aeropuertos, tratan de contener a nuestros compatriotas, de alertarlos y de que no se vean afectados por circunstancias desagradables”, describió una fuente que tiene una de las jerarquías más altas en el servicio diplomático.

Como fuere, Pazos y Lucarelli no pudieron evitar las circunstancias incómodas de estar recluidos y luego haber sido devueltos al país. El primero, según la nota inicial que le entregaron a Estrella, “fue detenido el 10 de noviembre sin causa aparente durante cinco días en el centro de internación de extranjeros, donde sufrió vejaciones injustificables e inaceptables”. Al afectado, al que lo devolvieron a la Argentina el 15 de noviembre, no le bastó tener en su poder dinero, tarjetas de crédito, pasaje de regreso y contactos en España, ya que se le requirió una carta de invitación con la que no contaba.

Lucarelli pasó por una situación parecida en el mismo CIE, que tiene una estructura casi carcelaria, con la diferencia sustancial de que sus guardias no poseen armas. En la península se distribuyen estos centros por Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Algeciras y Fuerteventura. Todos los mencionados ya funcionan. El último de la serie se prevé levantarlo en Zaragoza.

“No maltratamos”

“No voy a realizar ningún comentario ni oficial ni extraoficial, no comentamos filtraciones. Además, no me consta nada de lo que dice”, señaló en el primero de los dos diálogos telefónicos que mantuvo con Página/12 el vocero de la Embajada, Leonardo Marcos. El funcionario dijo cosas clave: “Nosotros no maltratamos a nadie en España” y “las relaciones son excelentes”. Lo primero puede refutarse. En el segundo punto, el vocero español coincide con el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

Más allá de las deportaciones que sufrieron los turistas Pazos y Lucarelli, en las notas que se le entregaron al embajador Estrella se explica que “estos casos, que no son los únicos registrados en los últimos meses, revelan un procedimiento que además no se corresponde en modo alguno con los compromisos asumidos entre ambos gobiernos, tanto en convenios de derechos civiles y políticos internacionales, como en acuerdos bilaterales para la defensa y promoción de los derechos humanos, y menos aún se justifica en el marco de la asociación estratégica que hemos establecido bilateralmente”.

La Cancillería también instruyó al consulado argentino en Barcelona para que remitiera una nota al gobierno autónomo de Cataluña, gestión que se concretó el 1º de este mes, y en la que se dejó constancia de la “flagrante violación de los derechos esenciales de ciudadanos argentinos” que resultaron no admitidos en el aeropuerto El Prat. Asimismo, se reclamaron las investigaciones necesarias para evitar la repetición de estos hechos.

Este diario publicó el 8 de diciembre otros casos de turistas argentinos sometidos a malos tratos en España que también concluyeron en el rechazo para ingresar a aquel país. En uno, el joven músico Leandro Steps contó ante una cámara de televisión: “Me tuvieron encerrado en un calabozo de dos por dos unas cinco horas y después tuve apenas cinco minutos para explicarle a una jueza mi situación. Me hizo cuatro preguntas y nada más. Quería explicarle que yo no tenía ningún interés en quedarme en España”.

Adela Jesús González, de 66 años, domiciliada en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, llegó al aeropuerto de Madrid con el propósito de visitar a su sobrino Guido, residente en Palma de Mallorca. La mujer, que tenía todo en regla menos la carta de invitación, que es uno de los requisitos exigidos por España para viajar (ver aparte), fue introducida en una habitación junto a otras doce personas. Allí fue obligada a bañarse, le cambiaron la ropa, le retuvieron objetos personales y 24 horas más tarde la devolvieron a la Argentina.

Los consulados argentinos, por norma, se aseguran de que los requisitos exigibles para ingresar a España sean cumplimentados. Y cuando ya nada tienen nada qué hacer y la autoridad migratoria local dispone la no admisión, se debe cerciorar de que al turista rechazado lo espere el avión en que la persona o la familia afectada puedan regresar a la Argentina. “Allí es donde nosotros nos fijamos cuáles son esas condiciones. Porque lo lógico, lo entendible, es que las personas sean conducidas a esa área amplia que hay en los aeropuertos, que es de tránsito, y no a esos lugares específicos donde ven cortada su libertad de circulación”, explicaron en la Cancillería.

El vocero de la embajada española sostuvo que pese a las denuncias de maltrato –que no le constan– “la Argentina no es un país de riesgo migratorio”. Por el contrario, dijo en el segundo diálogo con este diario, “compartimos la responsabilidad de flujos migratorios ya que nuestros países son los dos receptores de inmigrantes. No existe entonces conflicto alguno”.